Por Alejandra Ramos (@aleRale) y Carlos Roque ( @carlosroqueavi1)
Cada vez es más frecuente leer, escuchar y ver noticias relacionada con adolescentes que han cometido delitos graves. No es raro escuchar historias como la de “El ponchis: el niño sicario”[1], o como la de los adolescentes que “jugando” a los narcotraficantes mataron a otro niño[2], y otros casos sobre adolescentes de Ciudad Juárez, Chalco o diversas colonias de la Ciudad de México que tienen en común el haber cometido delitos graves.
A pesar de tratarse de personas que cometen delitos “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal[3]”.
Debemos recordar que una de las obligaciones del Estado, es velar por el desarrollo óptimo de niñas, niños y adolescentes. Y específicamente en el caso de personas adolescentes imputadas o responsables de la comisión de un delito las medidas aplicadas deben atender a la protección integral y al interés superior del adolescente por lo que la privación de la libertad se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve posible.
Según datos del el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) en 2014, “16, 885 adolescentes en todo el país fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales[4]“. De estos el 27% del total fueron privados de su libertad por delitos graves es decir, 4,558 adolescentes. Ante este panorama debemos cuestionar cuáles son los factores que influyen en que las y los adolescentes comentan actos delictivos.
Factores sociodemográficos
El ambiente social donde las y los adolescentes desempeñan sus actividades es fundamental para entender este fenómeno. Un estudio realizado por UNICEF[5] nos muestra un panorama donde el adolescente que se encuentra internado por cometer un delito se encontraba en un ambiente social hostil.
Por ejemplo, el 47% mencionaron haber abandonado su casa por varios días o meses, mencionando que los principales motivos fueron la separación o violencia por parte de uno de los padres.
Por otra parte, referente a su comunidad el 59% consideran su colonia segura, sin embargo el 40% aludió que se podía conseguir con facilidad drogas. Referente al rubro de consumo de Alcohol, un 44% refirió que había consumido. Además un 57% dijo que había consumido drogas.
En un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.[6] en 2015 señala que el 63% de los jóvenes entrevistados no asistían con regularidad a la escuela, la mayoría porque no les gustaba o porque los habían expulsado.
La condición de vulnerabilidad social[7] que viven las y los adolescentes que hemos referido con anterioridad es un gran reto para el Estado mexicano.
No obstante, a pesar de que nuestro marco normativo se encuentra estipulado un sistema de justicia especializado para adolescentes, son escasos los lugares de procuración de justicia, aproximadamente de las 3,821 agencias del fuero local sólo el 3.8% se especializan en adolescentes[8]. En el ámbito de impartición de justicia solo el 2% de los 4861 órganos jurisdiccionales se encuentran especializados en la materia[9].
Con todo esto en mente, debemos cuestionarnos si son suficientes estos mecanismos para atender a los adolescentes imputados o responsables de haber cometido un delito, sobre todo aquellos que viven en entornos hostiles.
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[1] El caso que conmocionó a nivel nacional fue el “Ponchis”, para mayor información véase en: Milenio, “Una historia trágica detrás de Edgar ‘El Ponchis’”, Milenio, http://www.milenio.com/policia/historia-tragica-detras-Edgar-Ponchis_0_197380698.html, consultado el 9 de agosto de 2016.
[2] “El crimen de un niño a mano de otros menores sacude México”, El País, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/19/actualidad/1432066173_984088.html, consultado el 10 de agosto de 2016.
[3] Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF, 1989. Aplicable a adolescentes conforme al artículo 3 fracción VI de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
[4] Azaola, Elena, “Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México”, UNICEF, http://www.unicef.org/mexico/spanish/Diagnostico_adolescentes_web.pdf, consultado el 9 de agosto de 2016.
[5] Ibíd.
[6] CIDAC. “Justicia para adolescentes en México: ¿Se garantizan los derechos de los jóvenes?”, CIDAC, http://cidac.org/wp-content/uploads/2016/02/adolescentes-web.pdf, consultado el 10 de agosto de 2016.
[7] Para mayor referencia de este concepto véase en Jiménez Ornelas René Alejandro, “La delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual”, Papeles de Población, vol. 11, núm. 43, enero-marzo, 2005, pp. 215-261.
[8] CIDAC, op.cit, pág. 25
[9] CIDAC, op.cit, pág. 31
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