La Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancó el año estrenando dos nuevos ministros. Norma Lucía Piña Hernández (en sustitución de Olga Sánchez Cordero en la Primera Sala) y Javier Laynez Potisek (en sustitución de Juan Silva Meza en la Segunda Sala). Así, el primer periodo de sesiones del máximo tribunal del país inicia con una integración totalmente renovada.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández aseguró en su primer día oficial de trabajo que defenderá los derechos humanos y aprovechó la oportunidad para sostener que la capacidad no es cuestión de género. “ Estoy convencida que en una democracia las mujeres debemos participar en la construcción del país que queremos, elegir nuestro destino, actuar y pensar no únicamente en función del bienestar familiar sino en nosotras mismas, es decir, asumiéndolos no como medio, sino como fin”, dijo.
En su turno, Javier Layez se comprometió a no fallar a la población y asumir su responsabilidad hacia la defensa de la supremacía constitucional. “No estamos hablando solamente de derechos civiles y políticos como libertad o igualdad, sino de derechos económicos, culturales y al medio ambiente, en los que la sociedad demanda protección jurídica completa, para dejar de considerarlos como simples expectativas o anhelos”, aseguró Laynez.
Por otro lado, este 2016 la justicia en México también hará frente al reto que inició hace 7 años y medio, y es que el próximo mes de junio vence el plazo para la implementación de la Reforma Penal. Estamos a poco más de 160 días de que se venza el plazo de ocho años para que el nuevo sistema entre en vigor en las 32 entidades del país; sin embargo, es evidente que aún falta bastante por hacer para tener el sistema que establece la reforma constitucional.
Hasta ahora la Reforma opera en 15 estados a nivel federal: Durango, Yucatán, Guanajuato, Puebla, Querétaro, SLP, Zacatecas, BCS, Chihuahua, Tlaxcala, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Coahuila y Sinaloa. Mientras que a nivel local, son solo 7 las entidades que operan de forma total en todos los distritos judiciales y todos los delitos: Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Yucatán, NL y Zacatecas.
Es importante reconocer que, aunque el plazo constitucional venza, las tareas de implementación deben seguir, pues lograr un sistema de justicia más cercano, accesible, transparente y eficiente no será algo que se consolide en los días restantes.
Definitivamente será un año agitado para el poder judicial de nuestro país. Hay muchas expectativas y éste debe ser el momento para demostrar si todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora son en realidad útiles para mejorar la calidad de la justicia mexicana.
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