Justicia Penal: fantasías y realidades

En 2016 termina el plazo para la implementación de la Reforma Penal aprobada en 2008 y en junio deberían estar completamente realizados los cambios al sistema. Desde el principio, en el aspecto que más se ha insistido sobre la reforma es en la oralidad de los juicios, lo cual posiblemente se explica por el atractivo cinematográfico que ello conlleva: nos gusta imaginar que podremos observar en vivo y en directo el juicio de los grandes villanos que amenazan a nuestra sociedad. Es una fantasía provocada seguramente por nuestra cercanía con los Estados Unidos, una considerable dosis de películas donde los juicios son parte fundamental de la trama (Kramer vs. Kramer y Mentiroso, mentiroso pueden citarse como ejemplos) y otra buena cantidad de juicios reales en los que ha estado inmiscuido algún ciudadano de dicha nación (quizá el juicio a O.J. Simpson sea uno de los más memorables de los últimos tiempos). Pero nuestra fantasía tiene una justificación más seria que el gusto por las películas de Hollywood: la expectativa de que por fin comenzaremos a entender qué es lo que sucede en los juicios y que finalmente se entablará un diálogo cercano entre la ciudadanía y la justicia. Una expectativa que se torna urgente realizar en un país en el que los operadores jurídicos suelen verse con la más profunda desconfianza.

En la clásica novela gráfica V de Venganza de Alan Moore y David Lloyd podemos observar como el protagonista “V” entabla un diálogo con la justicia en el que la acusa de haberse prostituido y haberse vendido al mejor postor. El diálogo concluye con la destrucción de los tribunales con una gigantesca explosión que simboliza la necesidad de un nuevo orden. Definitivamente, mexicanas y mexicanos esperamos un desenlace muy distinto, pero es imposible negar que en alguna medida compartimos con “V” el sentimiento de de que la justicia nos ha dado la espalda. Para muestra un botón: según datos de World Justice Project, México se coloca en el lugar 93 de 102 en el ranking global de justicia penal y en el 82 de 102 en el de justicia civil. Datos nada alentadores.

La Reforma Penal, combinada con el modelo de protección de derechos humanos expresado en el artículo 1º constitucional, se ha promovido como un medio idóneo para comenzar a recuperar la confianza en la justicia y evitar un desenlace como el de V de Venganza. Se trata pues de consolidar la institucionalidad del país frente a la amenaza de la justicia por propia mano. Así, se ha insistido en que el nuevo sistema está construido con la firme intención de transparentar la justicia, mejorar la rendición de cuentas al respecto, garantizar la seguridad de la ciudadanía y comenzar a erradicar todos los vicios del sistema que atentan contra los derechos humanos. Objetivos nada desdeñables. Ahora bien, desde mi perspectiva, para lograrlos se requiere entender que la problemática de justicia no se va a resolver con la sola implementación, sino que requiere transformar nuestra visión aristocrática y cerrada del derecho por una visión democrática de #JusticiaAbierta. Esto supondría lo siguiente:

1. Transparencia o apertura no pueden entenderse como la mera publicación de datos. Si estos datos no son comprensibles para la ciudadanía y no pueden transformarse en herramientas de diagnóstico serio, lo que tenemos es archivo muerto digitalizado.
2. Rendición de cuentas no puede traducirse en discursos y reportes anuales en los que funcionarios públicos se hablan a sí mismos. Por el contrario, se debe entender como un compromiso republicano donde el servicio público vea de frente a su sociedad y le hable claro, sin paternalismo y sin tecnicismos obscuros. La sociedad debe tener perfectamente claro cuáles son los logros y los desafíos en materia de justicia.
3. Sin la garantía de seguridad de la ciudadanía, se reduce considerablemente la legitimidad de un Estado. Garantizar seguridad requiere mucho más que un Estado justiciero que castigue a los villanos: se necesita un derecho que no sea ajeno a la sociedad y que resulte vinculante no solo por la amenaza de castigo, sino porque la ciudadanía perciba que el derecho es una institución que la defiende de la arbitrariedad.
4. Los derechos humanos deben dejar de ser un discurso político de moda y entenderse como un ideal civilizatorio, cuyos objetivos son la protección jurídica de lo que hace posible una vida humana plena (salud, educación, seguridad, libertad, equidad, etc.) y la construcción de sociedades plurales donde esté garantizada la convivencia de l@s diferentes.
5. El derecho y la justicia deben entenderse como bienes públicos que nos permiten a todas y a todos ejercer nuestra libertad y poder pensar en una vida a largo plazo.

Para terminar y evitar confusiones, #JusticiaAbierta no es un concepto cerrado y definitivo que se deba seguir como una receta. Es una propuesta que se encuentra en construcción y un reto que apunta a la generación de herramientas que mejoren de forma sustantiva la relación entre la ciudadanía y la justicia.

Este artículo fue elaborado  por  Octavio Martínez Michel / @Octavio_MMichel