El próximo 2 de enero de 2015 el Ministro Juan N. Silva concluye su periodo como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Cinco de los diez ministros han manifestado su interés por sucederlo en el cargo para el trienio 2015-2018: Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco y Arturo Zaldívar. El Ministro José Ramón Cossío, quien también era elegible, decidió no participar alegando que la Presidencia implica en su mayoría actos administrativos y protocolarios. Si bien el argumento del Ministro Cossío es válido, también es cierto que el Presidente de la Corte y del Consejo asumirá una posición que implicará la toma de decisiones que definirán el rumbo de temas de gran relevancia para la vida nacional.
En este contexto, los retos sustantivos más importantes para quien sea electo Presidente consistirán en 1) consolidar el cambio de paradigma introducido por la reforma de derechos humanos de 2011 y 2) asegurar la adecuada implementación de la reforma penal de 2008. No es casualidad que estos dos temas sean los más recurrentes en los proyectos de trabajo presentados por los candidatos. Ambas reformas plantean desafíos mayúsculos para el Poder Judicial y ambas se encuentran en pleno proceso de implementación. Por una parte, la reforma de derechos humanos obliga a redefinir los alcances y la visión de la tarea jurisdiccional. La importancia de esta reforma ha sido tal que a partir de su promulgación fue necesario iniciar una Décima Época jurisprudencial. Por otra parte, el proceso de la reforma penal constituye la transformación más ambiciosa del sistema de justicia desde la promulgación de la Constitución. En el ámbito federal esta reforma se encuentra en una fase incipiente y será responsabilidad del Presidente, en especial desde el CJF, garantizar la implementación exitosa del sistema acusatorio en junio de 2016.
Si bien el Presidente seguirá ejerciendo la función jurisdiccional, de forma compartida con el resto de los miembros del Pleno, su responsabilidad principal será respecto de las decisiones administrativas que posibiliten que los dos grandes objetivos mencionados se alcancen de forma idónea. Se trata de los temas de reorganización institucional, capacitación y transparencia del Poder Judicial. Estas áreas resultan estratégicas, ya que si no reciben una atención adecuada la viabilidad de la reforma de derechos humanos y del sistema de justicia se puede ver seriamente comprometida. Al respecto, no es menor que el Presidente sea el encargado de elaborar los anteproyectos de egresos del Poder Judicial. El uso eficiente de los recursos –que por ahora se ubican por arriba de los 56 mil millones de pesos- puede facilitar la transición y evitar que los siguientes años sean un camino cuesta arriba para la institución federal.
La Suprema Corte ha experimentado una transformación sustantiva en las últimas dos décadas. El proceso iniciado a partir de la reforma constitucional de 1994 le ha permitido dejar de ser un actor secundario de la vida pública nacional para constituirse cada vez más como un mayor contrapeso para el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy la apuesta es consolidar a la Corte como un tribunal constitucional y dejar atrás la idea de una instancia formalista y encargada de mera legalidad (esto debería ser un criterio determinante a considerar en la elección del Presidente). Sumidos en una crisis de legitimidad de las instituciones públicas hoy resulta más importante que nunca que la Corte envíe señales contundentes que evidencien que se trata de un Poder independiente. Las tendencias centralistas del gobierno federal no son menores y, en este contexto, el Presidente de la Corte deberá ser capaz de ejercer un liderazgo firme que abone a construir la credibilidad en las instituciones que tanta falta hace.
Este artículo fue originalmente publicado el 11 de diciembre en el periódico El Universal.
