La reparación del daño es la búsqueda de la verdad- Concluyen las familias de desaparecidos.
Durante este conversatorio se escucharon las opiniones de expertos en temas de reparación del daño y representantes de la sociedad civil.
La primera intervención fue la de Fernando Arturo López Antillón de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (@CDHDF) y él habló de dos temas relevantes. La vinculación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) y algunos aspectos de reparación del daño.
Como primer punto, las sentencias que emite la CIDH son vinculantes para el Estado mexicano y estas generan estándares internacionales respecto a temas de derechos humanos.
En materia de reparación de las victimas genera en el Estado la figura de las obligaciones positivas, esto obliga al Estado a poner fin a abusos de autoridad que se puedan dar, es decir impone al Estado una obligación de hacer.
En el Estado moderno dentro de las normas nacionales se establecen los derechos humanos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos solo se aplica cuando el nacional falla. Este Derecho establece garantías mínimas que al Estado le corresponde para hacer efectivo el cumplimiento de su deber de hacer.
Así mismo, las sentencias de la CIDH establecen diversos principios entorno a la reparación del daño. La primera es el carácter pecuniario. Este es entendido como el daño material (gastos o pérdida de bienes) e inmaterial o moral (Intentar pagar el sufrimiento). Y se traduce en las indemnizaciones que está obligado a dar el Estado a las víctimas. Sin embargo como veremos más adelante con otras ponencias esta reparación no solo debe ser pecuniaria, esta reparación necesita tener un carácter integral.
Dentro de la reparación integral es función del Estado ser diligente y garantizar medidas de no repetición y de satisfacción para las víctimas directas (la persona desaparecida) e indirectas (familiares, amigos y sociedad).
La obligación de diligencia del Estado va encaminada al derecho a la verdad que tienen las víctimas. El Estado debe investigar, juzgar y condenar a los responsables, así mismo debe garantizar la no repetición del hecho y debe establecer medidas de satisfacción que buscan devolver la dignidad a las víctimas. Dichas medidas, conforme a las sentencias de la CIDH, consisten en buscar la sepultura del cadáver, otorgar disculpas públicas, realizar nombramiento de calles, escuelas, placas e incluso videos (en determinadas violaciones), entre otras.
Casos que se llevaron en un marco internacional como el de Radilla Pacheco vs México marcaron principios básicos que obligan al Estado Mexicano. En estos casos el litigio estratégico fue fundamental porque en la sentencia se estableció el carácter generalizado y sistemático de la desaparición forzada y obligó al Estado mexicano a crear una fiscalía que conozca del caso con un equipo interdisciplinario grande y capaz para resolver el caso así como dotar de equipamiento necesario para resolverlo.
La segunda intervención fue por parte de la panelista Ximena Antillón, representante de Fundar. Centro de Análisis e Investigación (@FundarMexico) ella abordó el tema del impacto que tiene la desaparición forzada y de particulares en los familiares de las víctimas.
La desaparición genera en la familia un duelo alterado pues dicen ¿cómo es posible que alguien no esté vivo ni muerto? Este duelo no puede ser cerrado porque estas personas viven en condición de búsqueda y espera y al final eso provoca un dolor permanente.
La incertidumbre del paradero de sus seres queridos expone a los familiares a crear ideas o fantasías sobre la posible situación de los desaparecidos. En sí, la desaparición de una persona ya es de por si una tortura.
Los familiares se vuelven vulnerables hacia otras situaciones de aprovechamiento. Principalmente durante la investigación que realiza la autoridad, esta, al dar información falsa con el propósito de “cerrar el caso” y al no investigar provoca incertidumbre, re victimización y desconfianza por parte de los familiares.
Otra consecuencia es el aislamiento. Muchas veces la desaparición forzada es una forma de inmovilizar a los movimientos sociales y a las comunidades implicadas en conflictos con la autoridad.
Sin embargo existe un mecanismo llamado acompañamiento psicosocial que consiste en apoyar a las personas que están pasando por esta situación. Dentro de este se brinda asesoría legal, ayuda psicológica y en general un acompañamiento durante el proceso. Aunque esto debería ser propiciado por el Estado muchas veces este crea áreas psicológica que buscan más que ayudar realmente, la resignación de los familiares. Por parte de la autoridad hay una falta de comprensión de lo que significa la desaparición. El desafío del Estado es que su apoyo debería ser transversal y no establecer un área de atención psicológica.
A los padres de los desaparecidos, en su mayoría madres, se les pregunta ¿Realmente se puede reparar la desaparición forzada? Y ellos dicen ¿Cómo reparar si no es un objeto roto o perdido? No hablamos de una vaca o una taza, la reparación es imposible.
Existe una tremenda complejidad de los procesos para las familias victimas de desaparición forzada.
Garantías como la no repetición y el encuentro con la verdad y la justica funcionaría para intentar sanar las heridas.
Luis González Placencia fue el siguiente panelista el cual tituló su presentación como “un drama irreparable” y la mecánica consiste en analizar testimonios de los padres de las víctimas.
El aclara que lo que se sabe de la reparación del daño es por las víctimas.
Testimonio 1
“Mi hija no llegó esa tarde a comer, como siempre llegaba. Cuando se hizo noche me fui hecha un manojo de nervios al MP, les dije: oigan, mi hija no aparece. Les dije que creía que se la había llevado un tipo, un compañero suyo de la universidad, un muchacho que andaba en malos pasos y me contestaron: espérese, seguro regresa con su nieto”
La victimización es inmediata para las familias, la actitud de la autoridad es insensible, irrespetuosa de lo que significa para la familia la pérdida de un ser querido. No hay capacidad de empatía por parte de la autoridad en la mayoría de los casos. Se estereotipa a las víctimas.
Testimonio 2
“No sé qué hacer, cuando escuché a esa madre hondureña decir que llevaba once años buscando a su hija, sentí que me desmayaba, yo apenas llevo dos años buscando a la mía”
Actitud de esperanza por la familia y dolor extremo.
Testimonio 3
“Seguro esto es un castigo de Dios. No sé qué habré hecho, pero no puede ser de otra manera. Cuando veo que nadie hace nada me dan ganas de quitarme la vida, pero mire señor, tengo otra hija que tiene 15 años y no la voy a dejar sola. Entonces pienso: ¿Y si nos matamos las dos? Y créame que lo he pensado en serio, pero entonces pienso ¿y si aparece mi hija?”
La culpa al pensar que se pudo haber evitado lo sucedido o de pensar que se trata de un castigo por algo que se hizo.
Testimonio 4
“perdí mi trabajo señor. Perdí a mi marido, lo estoy perdiendo todo desde que perdí a mis hijos”
El cumulo de cosas que suceden con la desaparición se convierten en una espiral de pérdidas.
Testimonio 5
“Una vez me llamaron para ir a identificar unos cuerpos que hallaron. Yo revisé cada uno, como pude, pero ya estaban muy descompuestos. Le juro que revisé los restos de ropa, lo que se veía de las caras y sobre todo, busqué una incrustación que tenía mi hijo en un diente pero no vi nada; al final dije: no, no está aquí mi hijo. Pero luego en la noche pensé ¿y si no me fijé bien? Desde entonces no duermo pensando que tal vez mi hijo se fue entre esos muertos y que si así fue, entonces no lo encontraré jamás”
Falta de sensibilidad de las autoridades. Se hace prácticamente imposible hallar a una persona cuando el cuerpo fue inhumado o incinerado. Las periciales aquí son fundamentales y son obligación de la autoridad.
Testimonio 6
“Señor, entienda, no nos importan los culpables, queremos saber dónde están nuestros hijos”
La actitud de la autoridad al abordar el problema. La soberbia de saber lo que otro necesita sin antes escuchar.
Testimonio 7
“Me enseñaron unos papeles donde solo se veían como unas rayas; dijeron que era la prueba de que los restos que hallaron eran los de mi hijo”
Al final de su intervención Luis González recapituló respecto de las obligaciones del Estado.
Si es desaparición forzada entonces implica que hay conocimiento por parte de las autoridades, debe haber algún policía, algún ministerio publico u otro servidor público que conoce sobre la desaparición y si los que investigan no hayan esta información entonces hay encubrimiento para encontrar a los responsables.
El deber del Estado es de acompañar en los procesos que se desatan en el fenómeno de la desaparición para exigir la búsqueda y llevarla hasta sus últimas consecuencias.
No fue la victima quien se colocó en esta situación, la victima está ahí por un violador de derechos humanos, por un agente del Estado.
Luis Enrique Pelcastre llegó en representación del comisionado de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (@CEAVmex) lo cual fue altamente criticado por los familiares presentes en el foro.
Fue la única posición vertida en el presente conversatorio desde el punto de vista de un servidor público.
Luis Pelcastre no habló por la CEAV sino exclusivamente por él en su función de servidor público.
Explicó que al momento de aprender conceptos como “reparación del daño” estos son meramente teóricos y carecen de humanidad, sin embargo como servidor público trasciende dicho concepto más allá del derecho.
Es responsabilidad de los servidores públicos no ser insensibles.
En el caso de la CEAV la Ley General de Victimas garantiza que haya un servidor público dispuesto a garantizar a las víctimas asistencia legal, médica y económica. Es decir, que sirvan como facilitadores. Deben de asistir donde están las victimas y explicarles, escucharlas, estar dispuestos para ellas, “llevar el derecho al ajuste de las necesidades de las víctimas”.
La atención proporcionada debe ser inmediata, una ayuda inmediata y una reparación integral partiendo de la base de escuchar.
El servidor público debe tener la empatía de ponerse en los zapatos del otro y decir “esta persona dejó todo por buscar a un ser querido, necesita todo el apoyo para lograrlo”.
La verdad busca la certeza de las cosas y está reconocida en los derechos de las víctimas.
Sin embargo al final de su intervención muchos familiares preguntaron ¿Quién es el responsable que las cosas que dice no sucedan? Las familias de las víctimas están cansadas de retórica.
Lic. Noemí S. Sosa, integrante del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP) narró su experiencia con victimas relacionadas con la dictadura militar de los 70´s en Argentina.
El estandarte de la lucha argentina es “Los 30 mil desaparecidos, presentes” así ellos logran en primer lugar recordar lo ocurrido y en segundo tener fuerza para seguir buscando.
Dentro de la experiencia argentina hay dos casos que son emblemáticos.
El caso de Jorge Julio López, desaparecido que posteriormente fue encontrado y participó como testigo en el juicio que se llevó a cabo contra sus represores. El día que se dictaba la sentencia contra estos, Jorge volvió a desaparecer y hasta la fecha continúa en esa calidad. En la sentencia por primera vez se utilizó la figura de genocidio en Argentina.
El segundo caso es el de Luciano Arruga, el desapareció a la edad de 16 años y fue encontrado 5 años después. Su búsqueda dio pie al desarrollo de un movimiento que sacó a la luz la corrupción en la provincia de buenos Aires. Los policías someten a los jóvenes pobres a trabajar para ellos y en el caso, como el de Luciano, de que se nieguen son maltratados, retenidos en la comisaría e incluso desaparecidos. Hace poco el cuerpo de Luciano desapareció en un hospital como no identificado. Luciano fue atropellado, posiblemente cuando huía de la policía.
Luciano apareció por un registro en los hospitales, sin embargo lo había catalogado como una persona mayor de 30 años y por esa razón sus familiares no daban con su paradero.
Cuando se dio a conocer el caso de Luciano la versión de lo sucedido fue corroborada por un testigo presencial.
En Argentina actualmente hay muchos casos de jóvenes desaparecidos y en su mayoría estos son pobres.
La EATIP asiste a familiares y afectados directo de víctimas de violencia interinstitucional y han logrado cosas como impulsar la causa ESMA (delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar por la Escuela de Mecánica de la Armada) durante el proceso penal y actualmente esta se encuentra en la etapa de juicio oral.
La última participación fue de Leticia Hidalgo Rea, Madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido desde el 11 de enero de 2011 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León y representante de Ciencia Forense Ciudadana (@CfCiudadana).
“El daño es irreparable, ya está hecho. La única manera de reparar el daño sería verlos cruzar (a los desaparecidos) el umbral de las casas y tenerlos entre tus brazos. Pero si pensamos en las condiciones en las que pueden regresar tendríamos que buscar otras maneras de repararlo”- Leticia, madre de Roy.
El proceso que pasan los familiares, en especial los padres es inimaginable, la falta de sensibilización por parte de la autoridad y de los ciudadanos mismos lleva a la desidia en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.
La incertidumbre, el miedo y la esperanza son características comunes que tienen los padres de las víctimas de desapariciones.
La intención de la familia es querer aprender de los expertos, para conocer a cerca de la reparación del daño sin embargo las concepciones de “reparación del daño” se contraponen a lo que las familias piden.
La realidad es que los procesos de reparación del daño no son garantizados en México.
Durante su intervención la Sra. Leticia explica lo que causa en las familias que un ser querido desaparezca.
Existe una imposibilidad de cerrar un proceso de duelo pues existe desconocimiento del paradero, el estado de salud o prueba sobre la vida o la muerte de la persona desaparecida.
El acompañamiento es importante, pero pasando ese proceso, se deben avocar a la búsqueda. Las familias piden ayuda para buscar a su familiar, recuperar la vida de su hijo o hija e incluso su propia vida.
Como sociedad civil, los padres se han organizado para realizar búsquedas ciudadanas. La señora Leticia junto con otros padres forman parte de Ciencia Forense Ciudadana que es un proyecto humanitario, dirigido por familiares de personas desaparecidas, que trabaja por el derecho a la verdad en México. Las familias dicen “No podemos seguir pidiendo al Estado que haga las cosas cuando no quieren, no pueden o no saben”.
Ciencia Forense Ciudadana tiene un protocolo de seguimiento a casos de desaparición y cuenta con dos bancos de información: el Biobanco Nacional Ciudadano de Familiares de Personas Desaparecidas y el Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas. Sin embargo estos no han sido reconocidos de manera oficial pues “no son con fines electorales”.
“Las familias deberíamos esperar que el Estado cumpliera con la debida diligencia, responsabilidades, sanciones y reparación del daño. La realidad es otra”.
“Las capacidades de investigaciones del Estado son limitadas y precarias. En la práctica los familiares no podemos esperar que el Estado cumpla con sus obligaciones y tampoco nos vamos a resignar con una noción reparación del daño con un proceso de reparación del daño que se aleje del proceso de búsqueda. Lastimando la dignidad de las familias a aceptar reparaciones que son todo, menos justas.”
Los expertos con los que las familias han hablado dicen que la búsqueda es carga del Estado. Las familias contestan que en México ese no es el caso y “si ellos no los buscan nosotros si los buscaremos y no descansaremos hasta que la verdad y la justicia se besen”.
La Sra. Leticia recalca la importancia de la búsqueda e identificación de las víctimas como un asunto prioritario y fundamental para la reparación del daño.
Por sentencias internacionales el Estado está obligado a implementar la justicia de transición por medio de la Justicia penal, búsqueda de la verdad y reformas institucionales.
Sin embargo con el caso Radilla Pacheco, en el cual ha habido una búsqueda por más de 40 años el Estado Mexicano no ha reparado el daño. A pesar de acudir a organismos internacionales y aún dictada la sentencia contra México el Estado no ha cumplido.
“Con o sin los mecanismos de reparación, los ciudadanos debemos seguir demandando procesos de investigación y búsqueda de la verdad que reivindiquen la dignidad de las personas desaparecidas”.
Eso es lo que piden las familias. Eso es la reparación del daño para todos ellos.
