La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realizó a finales de la semana pasada sirvió para que los titulares de las Procuradurías y Fiscalías de las 32 entidades federativas hicieran explicita su voluntad para restablecer la paz en todo el territorio nacional desde su importante ámbito de competencia.
Lo anterior como una muestra de solidaridad y apoyo a Jesús Murillo Karam en medio de la actual crisis que crudamente ha expuesto las debilidades estructurales del sistema de procuración de justicia en el país.
En este contexto, la disposición de los funcionarios es bien recibida, pues sin duda se va a requerir de voluntad política para impulsar los cambios estructurales necesarios para mejorar el desempeño de las instituciones encargadas de procuración de justicia, pero en ningún momento es suficiente. Si existe un compromiso real de los procuradores y fiscales, no sólo con el Procurador General de la República, sino con su encargo y con los ciudadanos, pueden comenzar de forma inmediata con los siguientes puntos:
- Evitar el uso discrecional de la procuración de justicia. Juzgar y castigar los delitos es la función más violenta que ejerce cualquier autoridad sobre sus ciudadanos, pues sólo como consecuencia de esta potestad se pueden limitar de forma legítima la libertad y los derechos individuales. En México, hemos permitido que esta tarea se ejerza en favor de intereses particulares y, en muchos casos, políticos. Por diseño, los titulares de las instituciones encargadas de procurar justicia en el país dependen de sus respectivos ejecutivos y por eso es común propuestas que apuestan a su autonomía. Sin embargo, el problema va más allá de la adscripción de la institución, ya que es indispensable que se blinde esta función de cualquier otro poder formal o fáctico. Y todavía más importante es que cuando se abuse de esta facultad se finquen responsabilidades y se generen consecuencias.
- Hacer bien su trabajo para tener un desempeño que sea a la vez correcto y eficiente. Erróneamente se ha planteado como un dilema el respeto al debido proceso y las garantías individuales con la eficiencia al momento de procurar justicia. Al amparo de este argumento se ha justificado e incluso incentivado la utilización de métodos como la tortura y las confesiones para proceder penalmente contra alguien, sustituyendo así la investigación profesional. Las instituciones, como cualquier otro organismo, al perpetuar la utilización de malas prácticas terminan atrofiando y disminuyendo sus propias capacidades. Por lo tanto, no es sorprendente que incluso cuando pudiera existir cierto interés en realizar un proceso no tan cuestionable, instituciones con personal y recursos amplios como la Procuraduría General de la República (PGR), procedan penalmente por delitos que alcanzan penas de entre 13 y 60 años de prisión con pruebas tan absurdas como “se decían compas”.
Tanto el uso discrecional de los aparatos de justicia como su ineficiencia han restado paulatinamente viabilidad a las instituciones como una opción para dirimir conflictos. Ejercicios como la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) muestran que en México la impunidad comienza por el 93% de delitos que no se denuncian, ello como consecuencia de la desconfianza ciudadana. Al respecto, es importante señalar que el Estado de Derecho no se promulga sino que se construye a partir de una relación de confianza entre instituciones y ciudadanos basada en resultados. Si de verdad existe voluntad de los procuradores y fiscales en abonar a la reconstrucción del estado de derecho, deben comprometerse con el ejercicio profesional de sus funciones y poner al usuario en el centro de toda la política pública como lo mandata la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia promulgada hace ya más de seis años.
Este artículo también fue publicado en el blog Del Dicho al Hecho en El Universal.
