95 años de prohibición

La prohibición de drogas en México comenzó a partir del año de 1920, cuando se aprobaron las “Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza”. Desde ese entonces a la fecha, se estableció un régimen prohibicionista sobre sustancias como la mariguana, heroína y cocaína con el propósito de erradicar su cultivo y tráfico. Hoy, casi un siglo después, el narcotráfico en México es uno de los negocios ilegales más lucrativos, aunque ha resultado catastrófico en términos sociales y políticos.   

Hasta el siglo XX, las drogas fueron utilizadas durante miles de años en su forma natural. La cocaína y la morfina, por ejemplo, estaban disponibles sólo como hojas de coca o plantas de amapola que se masticaban, que eran disueltas en bebidas alcohólicas o eran tomadas de manera que se diluía el impacto del agente activo.[1] Sin embargo, los cambios y avances de la industria farmacéutica en el siglo XIX –como la invención de la aguja hipodérmica; el aislamiento del principio activo de la mariguana, amapola y hoja de coca; así como su producción industrial y distribución masiva; entre otros- modificaron la manera en que estas plantas se encontraban disponibles, los usos y las regulaciones.

Durante gran parte del siglo XIX, la normatividad sobre estas sustancias se manejó como un tema de salud. Básicamente se limitaba quiénes podían prescribir, vender, distribuir y qué tipo de fórmulas podían recetarse, con el fin de combatir las intoxicaciones y las adulteraciones. No obstante, durante los primeros años del siglo XX, los Estados Unidos lideraron el establecimiento de un régimen prohibicionista contra la mariguana, la hoja de coca y la amapola, que comenzó con la Comisión Internacional del Opio de 1909 y durante todo el siglo XX fue expandiéndose a través de tratados internacionales que se consolidaron gracias a organismos como la Sociedad de las Naciones y la Organización de las Naciones Unidas.

A partir de ese entonces la prohibición se dispersó a nivel mundial y en México. Aunque fomentó la criminalización del consumo de drogas; provocó que el tema dejara de manejarse como un asunto de salud para convertirse en uno de seguridad pública –y luego en uno de seguridad nacional-; promovió el rechazo del cultivo de coca, opio y mariguana –aun  cuando su uso se encontraba culturalmente ligado a diversas sociedades en el mundo-; y en general, pasó factura completa de los costos sociales, políticos y económicos de la prohibición a los países productores.

En México, por su parte, el establecimiento de este régimen tuvo efectos indeseados, pues las nuevas disposiciones tropezaron con una sociedad donde el cultivo y el uso de adormidera y mariguana era “legítimo y usual”, como señala el investigador Luis Astorga.[2] Además, la fuerte demanda de drogas en los Estados Unidos creó los incentivos necesarios para que grupos delincuenciales se involucraran en el tráfico de estas sustancias, especialmente en aquellos espacios donde su cultivo era propicio no sólo en términos climatológicos, sino también económicos, políticos y sociales. Lugares con altos niveles de corrupción e impunidad y con suficiente mano de obra, como lo han sido algunas regiones de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Guerrero, entre otros.

Así, a pesar del discurso antidroga, el obstáculo más grande para erradicar el cultivo y  tráfico de drogas ilícitas fue en ese entonces, y ahora, la corrupción. Investigadores, como Luis Astorga y Carlos Antonio Flores Pérez, han documentado que círculos de poder político importantes se han encontrado profundamente inmiscuidos en el negocio, al grado de regular y facilitar los diversos procesos que implica el tráfico de drogas desde, al menos, los años cuarenta, en la época de Miguel Alemán como presidente de la República.[3]

Carlos Antonio Flores Pérez en su libro Historias de polvo y sangre: Génesis y evolución del tráfico de drogas en el Estado de Tampico devela cómo el régimen dirigido por Alemán estableció instituciones y designó a funcionarios formalmente encargados de combatir el narcotráfico, pero que en los hechos sirvieron para regular, proteger y extorsionar a los grupos de narcotráfico. De hecho, durante su presidencia, tres instituciones medulares del aparato coercitivo apuntalaron su papel en el tema de las drogas: 1. La Procuraduría General de la República, que en 1947 comenzó a dirigir las campañas antidrogas; 2. La Dirección Federal de Seguridad, que se creó en ese mismo año, con el objetivo de vigilar, analizar e informar sobre asuntos relacionados con la seguridad de la nación; [4] y, 3. El Ejército, que en 1948 se hizo parte del programa de erradicación manual de cosechas, llamado la Gran Campaña.[5]

El papel de estas instituciones formalmente fue el de combatir el cultivo y tráfico de drogas ilícitas. Sin embargo, en los hechos, las policías y ejército no sólo no buscarían erradicar de manera real y efectiva el cultivo y tráfico de estupefacientes, sino que varios de sus miembros servirían de facilitadores en el negocio del narcotráfico. Por si fuera poco, a nombre de la lucha contra las drogas, al día de hoy estas instituciones cometen múltiples arbitrariedades contra la población.

Es necesario resaltar el papel de los militares en el tema de las drogas, ya que pareciera que el combate castrense contra estas es reciente y sin embargo data de hace décadas. El Ejército ha tenido una presencia constante y activa en localidades rurales como la zona serrana de Chihuahua, Durango y Sinaloa, particularmente en la región conocida como el Triángulo Dorado –que históricamente se ha destacado por su cultivo de mariguana y amapola-. De hecho, notas periodísticas de la década de los cuarenta y posteriores reportan, sin sobresaltos de ningún tipo, al Ejército realizando actividades fuera de su función, como persecuciones y arrestos, sustituyendo la labor policiaca municipal y estatal.[6]

Así que el modelo de combate militar contra las drogas, con las características que en la actualidad presenta, ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero no ha tenido una cobertura mediática importante puesto que se desarrolló en zonas rurales, que tienen en común ser lugares aislados y apartados de los grandes centros urbanos. Localidades como las ubicadas en el corazón de la Sierra Madre Occidental en Sinaloa, son un ejemplo de ello. Ahí este modelo de lucha frontal contra las drogas ha mostrado ser poco eficiente, pues a la fecha siguen concentrando gran parte del cultivo de estupefacientes, aun cuando la intervención militar en esos sitios fue precoz. Fracaso que puede explicarse por la corrupción y el manejo discrecional de las autoridades en esas zonas. Ahora ese modelo, a pesar de los resultados, se ha extendido a lo largo y ancho del país en las últimas décadas, específicamente desde el sexenio de Ernesto Zedillo –porque no, tampoco comenzó con Felipe Calderón-.

Aunque las condiciones políticas y sociales no han sido las idóneas para llevar a cabo una lucha efectiva contra las drogas, Estados Unidos, durante casi todo el siglo XX y a la fecha, ha desarrollado una diplomacia agresiva para obligar al gobierno mexicano a que implemente medidas policiacas y militares –cada vez más extraordinarias- con el fin de erradicar el cultivo y el tráfico de enervantes. Por su parte, el gobierno mexicano se ha supeditado a las exigencias con el propósito de consolidar otro tipo de convenios, como sucedió con el Tratado de Libre Comercio, donde el tema de las drogas no formó parte de los acuerdos, pero sí tuvo influencia en el contexto de las negociaciones. Además, al ejecutar estas obligaciones, el gobierno mexicano ha logrado acceder a recursos estadounidenses –específicamente los que este país otorga para reforzar la lucha contra las drogas en el extranjero-, los cuales ha utilizado de manera clientelar y patrimonialista, pues ese es el comportamiento que ha caracterizado al régimen político que se estableció después de la Revolución y que continúa en nuestros días.

De esta manera, el gobierno mexicano ha establecido campañas y operaciones antidrogas con presupuestos que se incrementan año con año, en consonancia con el endurecimiento del régimen antidrogas, que con el tiempo se ha ido robusteciendo. Así, en la década de los ochenta, el régimen de prohibición se militarizó formalmente, pues Estados Unidos y varios países, México incluido, declararon que el narcotráfico era un asunto de seguridad nacional. Y a pesar de ello, como consecuencia de la corrupción, en estos mismos años también creció el poder económico de las organizaciones mexicanas, e incluso comenzaron a posicionarse por encima de las organizaciones colombianas.

En los años noventa, el incremento del poder económico de los grupos delincuenciales se combinó con la fragmentación del régimen político –dominado hasta ese entonces por el Partido Revolucionario Institucional-, el cual comenzó a perder municipios, diputaciones y gubernaturas, y con ello la capacidad para mantener a raya a los grupos del crimen organizado. La consecuencia directa fue el quebrantamiento de la manera en que se había regulado el quehacer de las organizaciones delincuenciales.

Por ello, los grupos de narcotraficantes empezaron a enfocarse en la cooptación de los gobiernos locales, quienes –ya sin un mandato emanado del centro- comenzaron a apoyar a los grupos delincuenciales conforme a su interés particular, aumentando así la diversidad de organizaciones y las luchas por el manejo de plazas y control del mercado de las drogas. Aunque frente a cualquier desacuerdo, los poderes locales no tendrían el poder suficiente para imponerse sobre los grupos del narcotráfico.

En este escenario, a nivel federal se optó por aumentar el enfrentamiento directo a través de las corporaciones policiacas y militares para intentar contener a los grupos delincuenciales. Sin embargo, la corrupción en estas instituciones no terminó y mucho menos la capacidad de las organizaciones para sobreponerse a los decomisos y enfrentamientos directos, por lo que estos cambios solo se tradujeron en el incremento de la violencia, que se hizo más evidente en los gobiernos panistas.

Por ejemplo, en Chihuahua, la tasa de homicidios fue de 16.97 por cada cien mil habitantes en 2007, lo que ya era grave pues la OMS califica como “epidemia” una tasa mayor a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes; sin embargo, la cifra se elevó a 148.9 en 2010. Y aunque en 2012 la cifra presentó una disminución, Chihuahua siguió ostentando el primer lugar nacional. Pero no es un caso aislado, otras entidades como Guerrero, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas también se han caracterizado por su violencia. De hecho, se calcula que al finalizar el sexenio de Calderón tuvieron lugar entre 60 mil y 100 mil muertes como producto de la “guerra contra las drogas”. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto las cifras oficiales reconocen 48 mil asesinatos a julio del 2015.[7]

Dado este escenario, lo que más preocupa es que no se ha cambiado la estrategia y se ha mantenido la protección e impunidad de políticos, empresarios, jefes militares y policiacos acusados de tener nexos con el narcotráfico. Incluso, las investigaciones sobre la delincuencia organizada no sólo no tocan a todos los involucrados en el negocio sino que son insuficientes. Con respecto a la investigación sobre el lavado de dinero, los casos que se investigan se redujeron de 96 a 12, entre 2012 y 2014. Además, el presupuesto de la SEIDO bajó 64 por ciento, pues pasó de 220.4 millones de pesos en 2013 a 79.1 millones en 2014.[8]

Asimismo, a decir de Edgardo Buscaglia, la cooperación entre México y Estados Unidos tampoco aborda la ejecución de tareas conjuntas para el desmantelamiento patrimonial de los grupos delincuenciales.[9] De esta manera, al no arrebatar a los grupos de narcotraficantes su capacidad económica ni patrimonial, estos fácilmente pueden adquirir equipo y armamento para hacer frente a policías y militares, y reponerse a los operativos y decomisos.

Para dar un ejemplo sobre la capacidad económica del narcotráfico y lo que el gobierno no ha buscado combatir: Joaquín “El Chapo” Guzmán; ha estado en la lista de multimillonarios de la revista Forbes y entre 2007 y 2014 creó una red criminal de 95 empresas en toda la República, de acuerdo con informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De de las cuales, 14 han tenido alguna relación comercial con el gobierno federal, mediante contratos o concesiones. Además, es posible que el Cártel de Sinaloa, organización que lidera, mantenga una relación con 288 negocios en distintos países.[10] Incluso, una investigación de la periodista Anabel Hernández señala que Gabriel Quesada Suárez, primo del ex mandatario Vicente Fox, se encuentra entre los 203 empresarios y prestanombres que están al servicio de Guzmán Loera.[11]

Por si fuera poco, en nombre de la lucha contra las drogas se han cometido graves y frecuentes atropellos contra la población, pues ante los despliegues policiacos y militares se fabrican culpables, detenidos y sentenciados. Y cuando se arrestan a personas involucradas en el negocio, generalmente, son quienes han formado parte de los niveles operativos más bajos, como campesinos e indígenas. Grupos vulnerables que, se ha documentado, trabajan bajo amenaza en dichas actividades o se han sumado a ellas por la falta de otro tipo de oportunidades; o bien, ni siquiera se encontraban coludidos de forma alguna.

Lo peor es que la actuación de los miembros de seguridad también se encuentra protegida por el pacto de impunidad, el mismo que cobija a empresarios y políticos de alto nivel.  De hecho, su campo de discrecionalidad se ha ampliado desde los gobiernos panistas, pues se estableció un régimen de excepción que dio paso a una “serie de derechos restringidos y facultades policiales extraordinarias”, de acuerdo con Alejandro Madrazo Lajous. Los cuales ni siquiera se encuentran bien regulados, ya que en el año 2005, con la Ley de Seguridad Nacional se combinaron conceptos legales y funciones del Estado, como el de seguridad nacional, seguridad pública e investigación y procesamientos penales. Con lo cual se sumergió a la población en una incertidumbre jurídica, debido a que “todos pueden encargarse de cualquier cosa y nadie es responsable directo de cumplir una función”.[12]

Estas situaciones también van de la mano con el excesivo uso de la fuerza letal por parte de policías y ejército. Tan solo durante la administración de Peña Nieto, la Policía Federal ha matado a más presuntos delincuentes de los que ha detenido, pues en los 290 enfrentamientos registrados contra miembros de la delincuencia organizada, 278 delincuentes murieron y se detuvo a 269.[13] En cuanto al Ejército, en 2008 por cada soldado fallecido en un enfrentamiento armado murieron 5.1 civiles; mientras que en 2011 la relación fue de 1 soldado por cada 32.4 civiles. La cifra disminuyó a 20 civiles por cada castrense en 2013, pero no se puede determinar lo que ha sucedido en 2014 y 2015, puesto que la Sedena ha dejado de dar información al respecto. Sin embargo, cabe recordar que tan sólo en los hechos de Tanhuato de este año la relación fue de 42 civiles por cada soldado.[14]

Ante esta situación, en agosto de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México una “separación clara” entre las funciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, al tiempo que mostró su preocupación por “alegaciones de participación de la fuerza pública en graves hechos de violencia” en el país. A pesar de esto, en este 2015, el gasto en el área de seguridad y defensa contempla un aumento del 8%, de acuerdo con el Anuario Latinoamericano de Defensa 2015. Esto en contraste con el recorte que se va a llevar a cabo en otras secretarías, como la de salud.

Asimismo, el gobierno no ha llevado a cabo esfuerzos suficientes para solucionar problemas paralelos a la lucha contra las drogas, como las desapariciones y las personas desplazadas. Sobre los desplazamientos ni siquiera existe una base o estudio sobre cuántas personas han tenido que abandonar su hogar a causa de la violencia en el país. Además, a la fecha, van más de 25 mil personas desaparecidas. Aunque lo más preocupante son aquellas donde han participado órganos del Estado. Al respecto, Human Rights Watch ha documentado 140 casos de desaparición forzada,  es decir, desapariciones en las que participaron actores estatales en forma indirecta, o bien directamente mediante su colaboración o aquiescencia. En los cuales se han visto implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública: Ejército, Marina, Policía Federal, y/o las policías  estatales y municipales.[15] Ante esto, el gobierno federal no parece tener un compromiso real para solucionar la situación, pues aunque en 2013 se creó la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas –que ha registrado 120 casos de desaparición forzada-, sus resultados han sido nulos con respecto a la ubicación de personas desaparecidas.[16]

Las arbitrariedades por parte de policías y militares se agravan frente a un sistema judicial que ha contribuido a la perpetuación de la injusticia, y no solo porque sea una institución corrupta pues, aun cuando no lo fuera, estructuralmente se encuentra imposibilitado para responder con eficiencia a las demandas de justicia. Son 13 mil 104 policías ministeriales que tienen a su cargo millón y medio de averiguaciones previas por diferentes delitos del fuero común, de acuerdo con los reportes concentrados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del año pasado.[17] Solo hay 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio internacional es de 17 –aunque cabe señalar que los países con menos impunidad cuentan con 45 jueces por cada 100 mil-.[18] Y además, tenemos una policía que trabaja turnos de 24 horas, con bajo salario, sin mucha capacitación y con escasa seguridad en su carrera, como señala el documento Radiografía de las Policías en México ¿Tenemos la Policía que merecemos? presentado por Causa en Común. Ante tales condiciones, no es gratuito que el 46% de los presos en México no tengan sentencia y que nuestro país sea considerado por el Índice Global de Impunidad (IGI) como uno de los países con mayor impunidad.

En resumen, la lucha contra las drogas ha resultado ser muy costosa y con resultados poco tangibles. De hecho, ni siquiera es claro cuáles son los objetivos. Si el objetivo era alejar a la juventud de las drogas, el gobierno no ha desarrollado los instrumentos pertinentes para medir cuánta población consume drogas ilícitas, su ubicación geográfica, circunstancias sociodemográficas y cuántos de ellos puede considerarse “consumo problemático” –ya  que no todo aquel que sea consumidor necesita de algún tipo de atención médica, y mucho menos requiere de intervención policiaca o militar-. El único instrumento de medición sobre el tema es la Encuesta Nacional de Adicciones, la cual ha sido duramente criticada por sus fallas metodológicas y de diseño.

Además, sobre las drogas no se han desarrollado y ni siquiera se discute la implementación de programas amplios de prevención y tratamiento de adicciones. A pesar de que se ha demostrado que los programas preventivos que atienden a la niñez y adolescencia son más costo-efectivos que un programa remedial posterior. Incluso,  los programas de tratamientos para los adictos han manifestado ser eficientes en los Estados Unidos, pues por cada dólar invertido en este tipo de programas “retornan” entre 7 y 9 dólares. Debido a que las personas tratadas se vuelven productivas, aumentan sus ingresos, y disminuyen los gastos causados por la actividad delictiva y la atención médica.[19] Sin embargo, este tipo de programas no se toman en cuenta para generar una estrategia más integral en el tema de las drogas, y lo único que se ha logrado con esta estrategia es que el homicidio doloso sea la principal causa de muerte en los jóvenes.

Por otra parte, si el objetivo es eliminar a los grupos de narcotraficantes: los arrestos –que no llegan a sentencias ni investigaciones más profundas-, los decomisos y los presupuestos cada vez más elevados para las áreas de seguridad no han funcionado y al final han sido contraproducentes en términos políticos, económicos y sociales. Además, es importante que se reconozca que la militarización de la lucha contra las drogas no ha funcionado y que la lucha frontal contra las drogas solo será efectiva hasta que se acompañe de un desmantelamiento patrimonial e investigaciones sobre la protección política, policiaca y militar que se otorga a las organizaciones delincuenciales; así como de una reglamentación clara, rendición de cuentas y justo castigo para aquellos elementos de seguridad que violen derechos humanos bajo el pretexto de la lucha contra las drogas. De igual forma, es indispensable que se deje en claro conceptos y funciones de la seguridad nacional y pública, que los militares regresen a los cuarteles y que a los distintos organismos policiacos se les otorgue mayor capacitación.

Asimismo, es importante que se elaboren investigaciones a mandos policiacos, militares, políticos de alto nivel, pues el principal motor de la delincuencia organizada es la corrupción. Y ya sea que se incremente la militarización o se opte por la despenalización, la corrupción siempre encontrará un nicho para beneficiarse de manera privada de los recursos o problemas públicos, lo cual invariablemente estancará el sano desarrollo de las instituciones.

Sin embargo, es poco probable que los mismos órganos de gobierno, y en especial las élites políticas que se han beneficiado de la corrupción, implementen las medidas necesarias para hacerle frente. Por ello, la sociedad civil organizada es la que debe reclamar su papel en la escena política. La que debe informarse, exigir transparencia, rendición de cuentas y justicia. Y más que eso, debe organizarse para vigilar que cada servidor público cumpla con sus funciones en tiempo y forma, y demandar el justo castigo ante cualquier irregularidad, tanto de los órganos de seguridad, como del sistema de justicia, el aparato legislativo o el ejecutivo de cualquier nivel de gobierno. Únicamente una ciudadanía participativa podrá redistribuir el poder, terminar con políticas púbicas dañinas y construir instituciones que realmente sean capaces de proporcionar a la población las condiciones necesarias para que cada quien pueda desarrollarse con seguridad, plenitud y dignidad.

[1] David F. Musto, “Opium, cocaine and marijuana in American History” en Scientific American, Estados Unidos, Julio 1991, s/p.

[2] Luis Astorga, El siglo de las drogas. Usos, percepciones y personajes. Espasa, México, 1996, p. 15.

[3] Ver Luis Astorga, El siglo de las drogas. Usos, percepciones y personajes, Espasa, México, 1996, 166 pp. Mitología del narcotraficante. México, Plaza y Valdés, 1995, 150 pp. Seguridad, traficantes y militares. El poder  la sombra. Tusquets Editores, México, 2007. Y Carlos Antonio Flores Pérez, El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática. Publicaciones de la Casa Chata, México, 2009. 356 pp.  Historias de polvo y sangre: Génesis y evolución del tráfico de drogas en el Estado de Tampico. Publicaciones de la Casa Chata, CIESAS, México, 2013, 409 pp.

[4] Carlos Antonio Flores Pérez, El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática, Publicaciones de la Casa Chata, México, 2009, p. 158.

[5] Miguel Ruiz-Cabañas I, “La campaña permanente de México: costos, beneficios y consecuencias” en Peter H. Smith, El combate a las drogas en América. Fondo de Cultura Económica, México, 1992, pp. 207 y 208.

[6] Los señalamientos son parte de la investigación de tesis para obtener el grado de licenciatura que ha llevado a cabo la autora.

[7] Enrique Mendoza Hernández y Adela Navarro, “Van más de 57 mil asesinatos en lo que va del sexenio; gobierno oculta 9 mil: ‘Zeta’”, [en línea], México, Aristegui Noticias, 31 de agosto del 2015, Dirección URL: http://aristeguinoticias.com/3108/mexico/van-mas-de-57-mil-asesinatos-en-lo-que-va-del-sexenio-gobierno-oculta-9-mil-zeta/, [consulta: 10 de septiembre del 2015].

[8] Sandra Rodríguez Nieto, “Crimen organizado: el gobierno saca las manos”, [en línea], México, Sin Embargo, 15 de enero del 2015, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/15-01-2015/1215772, [consulta: 9 de septiembre del 2015].

[9] Edgardo Buscaglia, Vacíos de Poder en México. Debate, México, 2013, p. 162.

[10] Daniela Guazo, “Descubre EU red de empresas de El Chapo”, [en línea], México, El Universal,  26 de julio de 2015, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2015/07/26/descubre-eu-red-de-empresas-de-el-chapo, [consulta: 3 de septiembre del 2015].

[11] Anabel Hernández, “Deja el gobierno intacta la red criminal de “El Chapo”, [en línea], México, Proceso, 25 de julio de 2015, Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=411542, [consulta: 3 de septiembre de 2015]

[12] Alejandro Madrazo Lajous, “Los Costos Constitucionales de la “Guerra contra las Drogas”” en John Collins (ed.), Acabando con la guerra contra las drogas, LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy. Londres, 2014.

[13] Redacción, “En este gobierno, la Policía Federal ha matado a más de los que ha detenido: 278 y 269”, [en línea], México, Aristegui Noticias, 1 de agosto del 2015, Dirección URL: http://m.aristeguinoticias.com/0108/mexico/en-este-gobierno-la-policia-federal-ha-matado-a-mas-de-los-que-ha-detenido-278-y-269/, [consulta: 2 de septiembre de 2015].

[14] Centro Prodh, “Reasumir la seguridad ciudadana o perpetuar la intervención militar”, [en línea], México, Pajaro Político, 11 de agosto del 2015, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/blogueros-la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/2015/08/11/reasumir-la-seguridad-ciudadana-o-perpetuar-la-intervencion-militar/, [consulta: 2 de septiembre de 2015].

[15] Human Rights Watch; Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada, [en línea], pp 1 y 2, Estados Unidos de América, Dirección URL: http://www.hrw.org/es/reports/2013/02/20/los-desaparecidos-de-mexico, [consulta: 10 de septiembre de 2015].

[16] Paris Martínez, “Funcionarios están implicados en 120 casos de desaparición; 74 se atribuyen a federales”, [en línea], México, Pájaro Político, 16 de junio de 2015, Dirección URL:  http://www.animalpolitico.com/2015/06/funcionarios-estan-implicados-en-120-casos-de-desaparicion-74-se-atribuyen-a-federales/, [consulta: 3 de septiembre de 2015].

[17] Carlos Puig, “Duda razonable”, [en línea], México, Milenio, 13 de agosto de 2015, Dirección URL: http://m.milenio.com/firmas/carlos_puig/Angie-Tanhuato-Narvarte-sigan_18_572522774.html, [consulta: 15 de agosto de 2015].

[18] Jenaro Villamil, “México, entre los 5 países con mayor impunidad: IGI”; [en línea], México, Proceso, 21 de julio de 2015, Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/411222/2015/07/21/mexico-entre-los-5-paises-con-mayor-impunidad-igi, [consulta: 10 de septiembre de 2015].

[19] John Collins (ed.), Acabando con la guerra contra las drogas, LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy, Londres, 2014.

Diana1917