La investigación basada en inteligencia favorece el acceso a la justicia, pero hasta ahora no es la realidad de la mayoría de los casos.
Cristina Muñoz y Elia Baltazar
Puerto Vallarta, Jalisco. A un estacionamiento cercano al malecón entra un auto Chevrolet Aveo gris. Del vehículo bajan dos hombres jóvenes que visten casual: pantalón de mezclilla y playera. Nada que a primera vista los distinga del resto de los turistas que disfrutan de la playa en un día de asueto.
Es el lunes 5 de febrero de 2018 y alrededor del mediodía los dos caminan hacia el malecón del puerto. Desde allí, uno hace una llamada telefónica desde su celular. Esta fue la última noticia que hubo de Alfonso Hernández Villavicencio y Octavio Martínez Quiroz, suboficiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de 28 y 26 años, secuestrados ese día por presuntos policías municipales de Puerto Vallarta que los reconocieron como policías federales por un código numérico bordado en la gorra que llevaba uno de ellos.
A los 10 días, Alfonso y Octavio aparecieron muertos. Sus cuerpos estaban en un auto abandonado en el municipio de Xalisco, Nayarit a 158 kilómetros de Puerto Vallarta.
“Ya los estaban cazando”, asegura Fernando Neira Espinoza, director general de Investigación en apoyo a mandamientos ministeriales de la AIC, quien fungió como jefe de unidad de investigación de este caso que se ha convertido en ejemplo de éxito del método de investigación criminal en México.
El llamado caso Vallarta comprobó que sí hay remedio contra la impunidad cuando a la voluntad política se suma una buena metodología de investigación, apegada a los procedimientos legales, que tiene resultados gracias al trabajo eficaz y coordinado de un Ministerio Público y una Unidad de Investigación Criminal, apoyados por equipos interdisciplinarios y especializados que combinan capacidad técnica, recursos y, particularmente, inteligencia policiaca.
La investigación criminal, que le permite al Ministerio Público contar con toda la información de un crimen para proceder, si es el caso, con el ejercicio de la acción penal, es el eje de la procuración de justicia porque garantiza que habrá pruebas suficientes y legales para la judicialización y litigio de los casos. Y, lo más importante, para la impartición de justicia, consideran especialistas.
A diferencia de sonados casos de fracaso en la investigación criminal, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “Vallarta es una prueba de que las cosas se pueden hacer”, dice Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
La eficacia de la coordinación
Pese a la complejidad del caso Vallarta, a la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) le bastaron 39 días para llevar a cabo esta investigación que tuvo como resultado la detención de 18 personas como posibles responsables del secuestro y asesinato de dos agentes. Inédito si se considera que una investigación criminal tarda en promedio 1,283 días para su resolución, de acuerdo con el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pero en este caso, a diferencia de otros, hubo un trabajo bien coordinado de la trilogía de investigación que integran el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos especializados de distintas áreas.
La parte de la investigación estuvo a cargo de Omar García Harfuch, director en jefe de la AIC, y de Fernando Neira Espinoza, quienes se coordinaron con Gualberto Ramírez, titular de la Unidad de Secuestro de la SEIDO, quien fungió como Ministerio Público, es decir, como conductor jurídico de la investigación o “jurista investigador”, dice él.
Ramírez destaca que desde el principio de la investigación hubo “comunión” entre las dos partes. “Establecimos comunicación de manera directa para informarnos de cada hallazgo que requeríamos”.
Entre Ramírez y García Harfuch hay una larga relación, que se remonta a sus años como policías de investigación y deriva en una confianza mutua porque los dos conocen “el abc” de la investigación.
“Ni a él ni a mí tienen que decirnos qué se puede o no hacer”, dice Ramírez. De modo que a la hora de “sentarnos en un plano de operadores pudimos establecer muy bien la situación”.
Ramírez explica que si bien corresponde al Ministerio Público la conducción legal de la investigación y la carga de la prueba, el desempeño de la Policía de Investigación es fundamental para el éxito de un caso.
“Una fiscalía necesita obligadamente de una policía de investigación proactiva, que no está esperando el oficio”, dice. “De lo contrario, tenemos una fiscalía sin dientes”.
En esta ocasión, en cambio, por la urgencia y complejidad del caso, hubo un perfecto acoplamiento entre el MP y la Unidad de Investigación, y entre el trabajo de inteligencia y campo.
Todo apoyado por un equipo multidisciplinario y especializado de investigación y análisis táctico, integrado por policías, peritos, criminalistas, psicólogos, expertos en tecnología, analistas e investigadores con alto grado de especialización.
Esta coordinación entre áreas que confluyeron en una sola unidad de investigación y la conducción única del caso a cargo del MP impidió además la fragmentación de la investigación. Un problema histórico que se deriva de la organización interna de la FGR, de acuerdo con Santiago Nieto, ex fiscal de delitos electorales y ahora jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Ese modelo de fragmentación orgánica, en el que cada área tiene su propia metodología de seguimiento y de análisis de los casos, resultó en un sistema poco eficaz que significó, por un lado, fracturar las investigaciones y, por otro, que la información no se sistematizara, dice Nieto. “Eso hizo imposible que se hiciera una adecuada política criminal en la historia de la PGR”, afirma el ex fiscal.
Pero el caso Vallarta comprobó que la maquinaria de la institución puede adecuar sus capacidades para llevar a cabo una investigación no fragmentada. Aunque esta excepción no hace la regla.
El giro de la investigación
Los suboficiales Alfonso y Octavio habían viajado el 2 de febrero a Bahía de Banderas para llevar a cabo tareas de inteligencia junto con otros dos compañeros. Al cabo de su asignación, asistieron el domingo a una fiesta familiar, invitados por otro agente federal, en Bucerías. Al día siguiente, antes de tomar ruta hacia la Ciudad de México, decidieron parar en Puerto Vallarta sólo “para tomarse la foto del recuerdo” en el malecón.
La investigación de su secuestro, que en principio estuvo a cargo de la Unidad de Desaparecidos, tomó otra ruta cinco días después, el 10 de febrero, cuando comenzó a circular en YouTube un video de 2:20 minutos en el que aparecían los dos agentes federales rodeados de hombres vestidos de negro, encapuchados, que portaban armas largas.
Los dos jóvenes policías estaban hincados, amarradas sus manos a la espalda, vestidos con playeras que tenían inscritas las iniciales de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada). Dos de los hombres armados les apuntaban, mientras los agentes tenían clavada la mirada en un punto en el que seguramente estaba escrito el mensaje que los obligaron a leer.
“Hemos estado haciendo en conjunto con la Marina, acciones como tortura, robo, secuestro de nuestros objetivos, y hasta desaparecerlos sin respetar mujeres, niños y personas mayores, siendo ellos las principales víctimas”, leyó Alfonso.
A partir de ese momento, la SEIDO atrajo el caso y abrió de oficio una carpeta de investigación, pues el caso ya involucraba a un grupo de la delincuencia organizada. A partir de un análisis de contexto con base en trabajo de inteligencia, las autoridades atribuyeron el secuestro de los dos agentes federales y la grabación del video al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en la zona.
“Si se trata de un tema de delincuencia organizada, no tengo que esperar, tenemos que entrarle”, dice Ramírez, un hombre delgado y ojeroso, que a lo largo de 10 años de carrera en el área de secuestros de la SEIDO, ha convertido su memoria en un archivo de casos y delincuentes a quienes recuerda con nombre, apellido y alias.
Hasta ese momento, las autoridades no sabían si el secuestro de sus agentes era “un ataque frontal” del cártel contra la AIC o mera casualidad, dice Rolando Rosas, director del área Cibernética de la AIC.
En cualquier caso considera que esa organización criminal –actualmente una de las más peligrosas y poderosas en México– había “vulnerando la institución” y el Estado mexicano no podía permitir una amenaza de esa naturaleza, como confió una fuente de alto nivel de la AIC. “Si lo hubiéramos dejado impune, habríamos enviado una muy mala señal”, dice Gualberto Ramírez.
Los frutos de la labor interdisciplinaria
La investigación de la SEIDO partió precisamente del análisis del video que presumía la presunta responsabilidad del CJNG en el secuestro –hasta ese momento– de los dos agentes federales. Había que actuar con celeridad y precisión porque el tiempo y las circunstancias jugaban en contra.
El área de Análisis de la AIC comenzó a reunir las primeras pistas. Sabían que de aquel estacionamiento cercano al malecón de Puerto Vallarta sí había salido el auto de los agentes, porque el boleto estaba pagado.
Además, mediante un análisis digital forense del video tomado por las cámaras de vigilancia, las autoridades federales pudieron identificar al subdirector operativo de la Policía Municipal de Puerto Vallarta y un agente local. Fueron ellos quienes presuntamente secuestraron y dejaron a Alfonso y Octavio en manos del CJNG. Por eso, las autoridades federales sabían que no podían confiar en los cuerpos de seguridad locales –municipales o estatales– por sus posibles vínculos con el grupo criminal.
El CJNG “tiene la zona llena de halcones y son auxiliados por la policía municipal”, afirma un agente que desde el lugar de los hechos contribuyó en la investigación con la confirmación de cada dato que desde la Ciudad de México proporcionaba el equipo de Análisis.
Por eso la decisión de blindar la investigación y llevarla a cabo en completo sigilo, con policías “encubiertos” que se hicieron pasar por turistas para pasar inadvertidos. De hecho, la conducción de las operaciones se llevó a cabo desde la Ciudad de México, a partir de lo que llaman “trabajo de gabinete”. Una labor que en este caso combinó recursos de alta tecnología, análisis y procesamiento de datos, y en la que participaron el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y la Coordinación General de Servicios Periciales.
Especialmente útiles resultaron las áreas de Análisis y Cibernética, que la AIC había creado un año antes para hacer frente a las capacidades cada vez más sofisticados del crimen organizado en medios digitales.
Cibernética recibió la primera instrucción del MP: analizar el video de YouTube para descubrir pistas sobre el paradero de los agentes. De ese análisis obtuvieron una dirección IP, esto es, el número que identifica de manera jerárquica la conexión y comunicación de un dispositivo.
Para ello, el MP debió resolver la autorización de un juez, pues en ocasiones los juzgadores consideran que la IP es un dato reservado. En este caso, sin embargo, Ramírez obtuvo la autorización que permitió identificar una dirección de correo electrónico creada desde un Starbucks en Puerto Vallarta, y un número de teléfono celular asociada a esta.
Al día siguiente, esa cuenta de email volvió a utilizarse desde un domicilio particular, y luego desde un café internet ubicado a 500 metros. Desde allí subieron el video de los agentes a YouTube.
Tanto Rosas como Ramírez consideran que este fue un error técnico de los presuntos delincuentes, que les dio una pequeña ventaja al permitirles contar con una ubicación desde la cual partir para hallar a los presuntos responsables del secuestro.
A partir de ese momento, el caso se convirtió en “una bola de nieve”, en la que cada pista llevó a otra, dice Rosas.
El MP y la garantía de legalidad de la pruebas
Cada una de las acciones que instruyó el Ministerio Público para la investigación estuvo siempre acompañada de un mandato judicial que garantizaba la legalidad de las pruebas y, por lo tanto, robustecería la estrategia de litigio.
“El tema de que todo fuera con autorización judicial se cuidó mucho”, dice Ramírez, en relación con la responsabilidad del MP en la carga de la prueba.
A la autorización para identificar la IP, se sumó después la orden judicial que permitió la intervención de 22 llamadas telefónicas. Todas pasaron por análisis para identificar a las personas que habían llamado o recibido llamadas desde esos números.
Para cada una hubo un informe, análisis forense de voz, y un trabajo de investigación de gabinete y campo que confirmaba, prácticamente en tiempo real, cada dato que revelaban: nombres, domicilios, tipos de autos, placas.
El papel del MP también fue fundamental al respaldar con explicación técnica pruebas como las sábanas de las llamadas telefónicas intervenidas, que no coincidían en las horas por la diferencia horaria de una hora entre Nayarit y la Ciudad de México.
Ramírez tuvo que recurrir a Telcel, como proveedor de los servicios, para que emitiera una explicación técnica de esa diferencia y “le quede claro al juez”, dice.
Las intervenciones telefónicas eran fundamentales en la investigación y debían estar bien fundamentadas legalmente por las pruebas que aportaron. La primera, por ejemplo, permitió identificar al portador del número de celular que había creado la cuenta de correo electrónico desde la cual difundió el video de los agentes federales.
Se trataba de Luis Manuel “N” identificado como el supuesto responsable del soporte técnico y las comunicaciones del CJNG. Los analistas identificaron que desde ese celular se hicieron llamadas a teléfonos ubicados en el estacionamiento de Puerto Vallarta, donde habían sido secuestrados Alfonso y Octavio, explicó un agente analista que reservó su identidad.
Al identificar otros números telefónicos a los que había llamado el supuesto responsable técnico del cártel, las autoridades también pudieron elaborar un mapa de ubicaciones de los posibles criminales, y mediante las escuchas conocer su estructura y modus operandi.
La labor forense
Aunque la investigación avanzó con celeridad desde su primera etapa, la SEIDO no pudo evitar el trágico final de los agentes de la AIC. La noche del 15 de febrero, en la colonia San José del Valle, del municipio de Xalisco, Nayarit, apareció un automóvil abandonado. Los vecinos reportaron a la policía el hallazgo, al advertir que de su interior provenía un olor fétido. En la cajuela estaban los cuerpos los dos agentes envueltos en bolsas de plástico.
A la escena llegaron primero los agentes federales con un equipo de peritos de todas las especialidades que resguardaron el área antes de que llegaran los policías municipales. Esto permitió preservar la escena, garantizar la cadena de custodia para las evidencias levantadas en el lugar y comenzar con pulcritud las tareas forenses.
Por las condiciones en que se encontraban los cuerpos, su identificación fue muy difícil de realizar, explica el médico de los Servicios Forenses que tuvo bajo su responsabilidad la autopsia y el análisis de los cuerpos.
La clave fue la información que había de los agentes, antes y después de morir. Para confirmar su identidad intervinieron las áreas de medicina, odontología, antropología, genética, lofoscopia, dactiloscopia, química y criminalística.
Especialistas de cada una de estas disciplinas se trasladaron a Nayarit y documentaron con fotografías, audio y video cada uno de los pasos que siguieron para la identificación de los cuerpos. Los agentes estaban irreconocibles y la pieza clave para comprobar su identidad fueron sus dientes.
El 17 de febrero los restos de Alfonso y Octavio fueron trasladados en avión de Nayarit al Centro Médico Forense Federal de la Ciudad de México. En una mesa anatómica los especialistas llevaron a cabo una minuciosa y metódica identificación para individualizar cada cadáver y les tomaron radiografías para obtener el resultado final de una necropsia que duró casi 10 horas.
“Lo que hicimos fue darle dignidad humana al cadáver para entregarlos a sus familias como individuos”, dice el médico forense.
Alfonso y Octavio ahora forman parte de una base de datos interna del Centro Médico Forense Federal, en la que ingresan los dictámenes de todos los cadáveres, ordenados por un número de control interno separado por año, fecha de ingreso y localización.
Este centro cuenta también con una base de datos de la Cruz Roja, que actualmente utilizan 12 estados más. La intención es homologarla con el resto de las entidades para tener interconectividad con las procuradurías “y lograr el objetivo principal de identificar a las personas y entregarlas a sus familiares”.
Las familias de Alfonso y Octavio recibieron sus cuerpos el 19 de febrero y un mes después los presuntos responsables de su asesinato ya estaban en la cárcel.
La consignación del caso
La coordinación entre Ministerio Público y Policía de Investigación fue estratégica en proceso de investigación y para la detención de los presuntos responsables del secuestro y asesinato de los suboficiales de la AIC.
Fue un trabajo de ida y vuelta apuntalado por una labor de inteligencia que analizaba, evaluaba y corroboraba en campo cada dato de la investigación, lo que permitió identificar y ubicar a los miembros de la célula del CJNG.
Para ello los policías de investigación, respaldados por el MP, recurrieron a dispositivos GPS que les permitieron seguir los movimientos de los presuntos criminales y elaborar bitácoras de horarios.
También utilizaron drones y tomaron fotografías de los presuntos delincuentes.
Los policías de investigación llegaron a saberlo todo de sus objetivos: dónde vivían, qué hacían y hasta a qué hora dormían.
Los del cártel ya sabían que les seguían los pasos, dice el comandante Neira. “Incluso en una de las escuchas los (presuntos) criminales regañan a los policías municipales y les reclaman que los federales se hubieran metido en la zona sin que nadie se hubiera dado cuenta”.
Al hilar cada una de las pistas, las autoridades pudieron identificar y ubicar al supuesto líder de la célula criminal en la región: un colombiano de nombre Mauricio “N”, un hombre desconfiado, que cambiaba de auto cada dos días, se trasladaba sin escoltas y daba órdenes por teléfono. Para seguir su rastro, los agentes federales rentaron una casa frente a su domicilio.
El rompecabezas estaba completo. Con Neira a la cabeza, los agentes de campo y de gabinete planearon la estrategia: sorprender a los delincuentes en sus domicilios para fortalecer el litigio del caso con evidencias de otros posibles de delitos, de los que ya tenían indicios a partir de las intervenciones.
MP y Policía de Investigación decidieron un operativo de cateo simultáneo en 10 domicilios, para lo cual obtuvieron dos órdenes emitidas por un juez. Además integraron equipos con policías federales, peritos y agentes de la Marina, acompañados de fiscales que respaldaron cada acción con el mandamiento judicial.
La noche del 15 de marzo las autoridades desplegaron la operación en Bahía de Banderas y llevaron a cabo los cateos. En la casa del colombiano las autoridades enfrentaron el ataque del presunto delincuente, quien disparó su arma larga contra los agentes, relata Gualberto Ramírez. El grupo de operaciones especiales respondió a la agresión y lo hirió en tres ocasiones, pero no murió.
Durante los cateos, peritos de criminalística y fotografía documentaron en mancuerna cada rincón de las casas. “Nada podía descartarse afuera o dentro de los domicilios”, dice una perito criminalista. Cualquier indicio podría convertirse en una prueba para nuevos cargos contra los presuntos criminales.
Así sucedió. En algunos de los domicilios encontraron armas de distintos calibres, sustancias prohibidas y en uno incluso manchas de sangre latente, que se revelaron a partir de la aplicación del reactivo bluestar, explica una perito química. Los peritos también hallaron equipo de telefonía, pasaportes, computadoras, discos duros.
La acción tuvo como resultado la detención de 18 presuntos integrantes del CJNG, quienes fueron consignados. A la carpeta de investigación por el secuestro y homicidio de los agentes federales, el MP abrió otras por tráfico de drogas y portación de armas, a las que sigue integrando elementos de prueba, dado que el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria.
De esta manera, la investigación ha fortalecido capacidad de litigio del MP con pruebas “para tener todo el concepto criminal”, dice Ramírez.
Aunque el caso Vallarta no ha concluido, pues está pendiente el juicio que decidirá la responsabilidad de los inculpados, su método de investigación criminal no sólo arrojó resultados favorables al lograr la consignación del caso en tiempo récord. También demuestra que la capacidad investigadora se fortalece en función de una buena conducción y coordinación, con los recursos humanos y técnicos adecuados.
Todavía falta, sin embargo, que este ejemplo pueda permear en todos los casos a cargo de la Fiscalía General de la República y en el resto de las instituciones de procuración de justicia.
NOTA DEL EDITOR: México Evalúa habló con el 95% de los funcionarios que intervinieron en el caso Vallarta con el objetivo de conocer cómo se realiza una investigación criminal efectiva en México. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados prefirieron permanecer en el anonimato por trabajar en investigaciones de alta complejidad.