El pasado viernes 26 de septiembre INSYDE llevó a cabo el primer evento de presentación de propuestas de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura (CNPT)
Sobre este tema escribe Ernesto López Portillo en El Universal:
En México podemos identificar a víctimas de tortura pero no a quienes torturan. Se cuentan por miles las quejas por tortura ante los organismos públicos de derechos humanos; llegan denuncias por ese delito ante el ministerio público y, sin embargo, al menos en la jurisdicción federal, apenas suman 11 sentencias entre 1999 y 2014. Por absurdo que parezca, estamos ante crímenes sin criminales. En el derecho internacional de los derechos humanos la tortura es calificada como delito de lesa humanidad. Por definición, el perpetrador es un representante de la autoridad o alguien que actúa con la aquiescencia de aquél. Este fenómeno desnuda con especial gravedad la distancia entre normas y prácticas reconocida en el Programa Nacional de Derechos Humanos del presidente Enrique Peña. México tiene la plataforma legal para castigar la tortura, no así voluntad ni competencias profesionales para sancionar responsables. Insyde puso en marcha hace dos años una campaña nacional contra la tortura policial y éste es el hallazgo más importante de todos. Las entrevistas con operadores institucionales en 12 entidades federativas no dejan lugar a duda: la tortura persiste y el castigo no llega.
A través de la CNPT, Insyde lanza una propuesta de colaboración con instituciones de seguridad pública, instituciones de procuración de justicia, cuerpos legislativos, comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil a nivel estatal y municipal para la implementación de instrumentos técnico-metodológicos para prevenir el delito de tortura.
Puedes conocer más de esta propuesta en el sitio: http://sintortura.mx/
Este es un espacio de participación de los usuarios de ProyectoJusticia.org.
Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan la opinión de este portal ni de CIDAC.
