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Alrededor del mundo, gobiernos y actores no estatales usan técnicas sofisticadas para monitorear, amenazar y acosar a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El incremento en el uso de tecnología digital ha empoderado...

Por Diana Villiers Negroponte A México le queda mucho por lograr en su transición hacia una sociedad democrática. Se encuentra en proceso de fortalecer su estado de derecho, de crear una fuerza policiaca confiable a...

Hoy en día por medio de la reforma en materia penal o de justicia que está por entrar en vigor en México, contamos con diversos puntos importantes que tenemos que analizar con detalle, no sólo se trata de enfocar la atención al nuevo sistema de justicia penal acusatorio que contempla los juicios orales como la antesala de la modernidad, mismo que se nos anuncia mediante los diversos medios de comunicación como una solución a la problemática de la aplicación de la justicia en México. Se trata mas que nada de analizar las estadísticas reales de los delitos graves y no graves que se comenten día con día en el territorio nacional, que quiero decir con esto, que lo que se vislumbra es que a nivel local o del fuero común los delitos no graves se manejarán con una tendencia estadística a la baja, toda vez que por medio de mecanismos alternativos de justicia se evitará que muchas personas lleguen a prisión, acto previo, se resolverán los problemas de las víctimas y de los imputados por medio de un acuerdo formal entre las partes.

Todos somos usuarios potenciales del sistema penal ya sea como víctimas, testigos o acusados; en este momento, en México, residir en una entidad federativa, en un municipio o en una capital puede ser la diferencia entre enfrentar un sistema penal oscuro, ineficiente y de corte autoritario o uno trasparente, público y con contrapesos institucionales que buscan revertir la inercia inquisitoria en la justicia penal.

El gobierno abierto es un conjunto de medidas que tienen como fin optimizar las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos a partir de la asimilación de compromisos entre ambas partes y donde las tecnologías de la información asumen un papel predominante como herramientas para su cumplimiento. A partir del gobierno abierto, se establecen canales de comunicaciones más eficientes, eficaces y colaborativos que permiten fomentar la participación ciudadana para tomar decisiones públicas a partir de las necesidades y preferencias de los usuarios, pues éstos se convierten en el centro de la gestión pública. Por tanto, el gobierno abierto no sólo se refiere a la disponibilidad de información púbica sino también a la interacción entre gobierno y ciudadanía, haciendo una apertura en términos de información y de interacción.[1]