La desaparición forzada de personas es un delito cometido por servidores públicos[1], es decir, este delito es cometido por personas que muchas veces tienen a su cargo responsabilidades como salvaguardar la libertad de las personas y garantizar su seguridad.
El tema de desaparición es tan grave en México que a pesar de estar consientes de que cada 30 minutos desaparece una persona por razones desconocidas, como lo dijo el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín en el Foro Internacional de Personas desaparecidas en México, no hay estadísticas claras que reflejen el número de víctimas de desapariciones forzadas. Si no hay estadísticas claras entonces es difícil adoptar políticas públicas que permitan combatir el problema con efectividad[2].
Son las víctimas indirectas de este delito, es decir los familiares de los desaparecidos, quienes sin ningún tipo de ayuda institucional buscan respuestas y es tanta su insistencia que cada vez ganan más terreno. Un ejemplo de esto es el caso Radilla Pacheco el cual abrió un nuevo esquema en México a partir de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que el Estado mexicano tuvo que adoptar medidas para garantizar la reparación del daño y la no repetición, como son:
- la reforma al tipo penal de desaparición forzada a nivel federal;
- el reconocimiento a las sentencias condenatorias emitidas por la CIDH a México como de obligatoria aplicación;
- esta sentencia fue uno de los principales impulsores para la reforma constitucional sobre derechos humanos de 2011.
Desde la sociedad civil se han creado iniciativas como las de la AC Ciencia Forence Ciudadana quienes crearon el Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas y el Biobanco Nacional Ciudadano de Familiares de Personas Desaparecidas. Esto es solo por poner un ejemplo ya que existen muchas otras organizaciones que se encargan del acompañamiento de la familia, existen brigadas para acudir a fosas clandestinas, personas incansables que dedican su vida a un propósito, encontrar a su familiar o al familiar de alguien más.
Sin embargo, como diversos estudios señalan, no existen acciones contundentes de parte del Estado mexicano para prevenir y erradicar la desaparición forzada, al contrario las investigaciones siguen siendo deficientes, no hay información suficiente para un diagnóstico nacional, no hay acompañamiento a la víctima indirecta, la impunidad en estos casos es generalizada y no existe una ley general en la materia.
A nivel estatal los esfuerzos no han sido mayores, sin meternos a detalle en Estado de México, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán simplemente no está tipificado el delito de desaparición forzada de personas.
El 30 de agosto se conmemora el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas y la reflexión es ¿qué estamos haciendo diferente para erradicar esta situación?
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[1] Artículo 215- A Código Penal Federal “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
[2] Reporte del Comité contra las Desapariciones Forzadas 2015, disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/Visits.aspx
