“Al final de este año la meta es que el nuevo sistema de justicia penal esté operando ya de manera total o parcial en 28 estados de la República”, fueron las palabras del Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en el discurso de inauguración del Sexto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia.
La meta planteada aparenta ser ilusoria si consideramos que desde que comenzó el proceso de implementación del nuevo sistema en 2008, sólo se ha conseguido que 16 entidades comiencen a operarlo. Lograr que el sistema operara en todo el país para junio de 2016 (como obliga la Constitución) parecía ser ya una meta bastante difícil de alcanzar. Ahora el secretario se comprometió a lograr en menos de un año lo que no se ha podido en seis.
El desafío es aún mayor si consideramos que hasta el momento el proceso de implementación del nuevo sistema penal se ha caracterizado por ser accidentado y lento; lo que fue un arranque con planificaciones deficientes y ejecución poco articulada, derivó en acentuar la asimetría institucional que ya existía entre los distintos operadores del sistema de justicia. La gravedad de dicha situación no puede ser subestimada ya que la adecuada operación del sistema sólo es posible si todos los actores se encuentran en igualdad de condiciones. Seis años no han sido suficientes para construir infraestructura y hacerse del equipamiento necesario para garantizar una investigación de calidad, por ende se ve mucho más difícil que en menos de uno se logre modificar el modelo de trabajo al interior de las instituciones y los aspectos actitudinales de los operadores, quizá el quid de toda la transición hacia el nuevo sistema.
El Sexto Foro Nacional fue muy útil como un espacio de diálogo entre autoridades, académicos y sociedad civil interesada en el tema; durante dos días fue posible escuchar un poco más sobre el estado actual del proceso de implementación de voz de los directamente involucrados. Tras el foro quedó claro que, aunque continúa la incredulidad respecto de la posibilidad de cambio del sistema de justicia, por primera vez no se escuchan voces que aboguen por una contrarreforma. Aparentemente tanto el gobierno como la sociedad están caminando hacia la misma dirección. La pregunta entonces es ¿qué tan lejos están pensando llegar? Ahí se encuentra el meollo del asunto.
Si bien es cierto que existen buenas prácticas en el proceso de implementación, éstas continúan focalizadas y se tratan más del resultado de contextos y condiciones específicas que de una estrategia y planeación general. En este sentido, preocupa que se sobredimensionen los efectos benéficos del Código Nacional de Procedimientos Penales y se le vea como una especie de deus ex machina que viene a resolver el problema de la implementación. Recordemos que el código no se refiere a muchos de los aspectos internos de la gestión institucional, aquellos que determinan la calidad de los procesos y, en última instancia, del servicio que se proporciona a los usuarios. En este ámbito es mucho más relevante lo que se logre por medio de nuevos protocolos y manuales de operación, cambios que no se logran por decreto.
Por eso llama tanto la atención que el Secretario de Gobernación haya planteado un compromiso tan contundente. Probablemente, detrás de sus palabras se encuentra la confianza de haber destinado al sector más de siete mil millones de pesos durante el periodo 2013-2014. En este sentido, la apuesta del gobierno federal parece consistir en sacar la billetera. Al final es más fácil proporcionar “evidencia” sobre el cambio en las instituciones si la foto oficial se acompaña de la inauguración de un nuevo edificio. Sin embargo, ¿será suficiente? De acuerdo con el Jefe de Gobierno, sólo el Distrito Federal requiere de una inversión de ocho mil millones de pesos. En este sentido, a dos años de que venza el plazo constitucional para operar el nuevo sistema quizá sea tiempo de pensar menos en cumplir el plazo como sea y más en asegurar que –por lo menos- se establezcan las bases de lo que deberá ser una transformación continua que trascienda junio de 2016.
A estas alturas del proceso la sociedad civil debería haber aprendido que el anuncio oficial del inicio de la operación del nuevo sistema no es suficiente. La simple declaratoria no implica que algo haya cambiado. Veamos el caso del Estado de México: en el discurso se encuentra funcionando a la totalidad el nuevo sistema, pero ¿realmente ha ocurrido una transformación profunda al interior de sus instituciones? ¿Ha aumentado la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia? Por ello es necesario que en aquellos lugares en los cuales, durante el transcurso del presente año se anuncie con bombo y platillo el comienzo de operación del nuevo sistema, empiece también una tarea paralela de evaluación de la calidad en la operación. Ya no basta saber que X número de entidades operan el nuevo sistema, sino cuál es la calidad de ese sistema, cuánto se han transformado las instituciones y ello cómo ha impactado al usuario.
Es preciso insistir en la importancia del compromiso adquirido por el Secretario de Gobernación, un compromiso que –de forma implícita- involucra a gobernadores, poderes judiciales y legislativos de las entidades. Si bien en apariencia tanto gobierno como sociedad queremos avanzar en un mismo camino, es responsabilidad de la sociedad exigir que se avance lo más lejos posible, y de ser necesario, obligar por medio de la presión social a lograr un cambio más profundo. Es importantísimo que los académicos y sociedad interesada se aseguren de que esta vez las palabras se convierten en acciones, pero sobre todo que seamos capaces de ver más allá de las formas y los anuncios oficiales, básicamente no dejarnos apantallar con espejitos. Al final, el mayor riesgo es que todo cambie formalmente sin que ocurra una transformación real al interior de las instituciones.
Artículo originalmente publicado en Animal Político
