La localización de al menos 60 fosas clandestinas y 129 cadáveres sólo en el municipio de Iguala, Guerrero evidencia, de nueva cuenta, las flaquezas de las acciones del gobierno mexicano en materia de seguridad y justicia. Si bien este gobierno ha destinado un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en el país –en específico para implementar el nuevo sistema de justicia penal- es claro que persisten graves deficiencias que atender. A un año de Tlatlaya y diez meses de Ayotzinapa las instituciones de justicia han sido incapaces de dar resultados convincentes y la reciente fuga del “El Chapo” ha puesto en jaque la credibilidad del sistema de justicia mexicano.
En particular preocupan los rezagos institucionales en dos ámbitos: 1) en materia de investigación criminal y 2) en la operación del sistema penitenciario. Por una parte, de acuerdo con datos de Secretaría de Gobernación sólo 8% de los policías investigadores y el 1% de los peritos adscritos a las instituciones de justicia en el país han recibido capacitación para operar de acuerdo con los estándares requeridos por el nuevo sistema penal acusatorio. En este sentido, se está aún muy lejos de contar con las capacidades necesarias para conducir investigaciones científicas en el país. Como ejemplo, a pesar de los intentos del ex Procurador Murillo Karam por “cerrar” el caso Ayotzinapa, el reciente informe de la CNDH revela fallas y omisiones en las diligencias ministeriales y advierte sobre la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación. En relación con el sistema carcelario, solo el 4% del personal penitenciario ha recibido capacitación y a pesar de estas deficiencias se encuentran obligados a lidiar con un sistema rebasado por un hacinamiento del 27%. A lo anterior, habrá que sumar la perenne sombra de la corrupción, la cual parece ser la única explicación a la fuga de “El Chapo”.
Sobre todo en materia de seguridad existe la sensación de que el país avanza de forma inercial. A pesar de que constituyó una de sus promesas de campaña, la administración del Presidente Peña no realizó cambios significativos a la estrategia de su antecesor. Por ello, quizá el mayor pendiente del gobierno mexicano sea una evaluación seria de la vigente política criminal con el fin de redefinir sus objetivos y adoptar las medidas más eficientes para su consecución; la ausencia de una redefinición del rumbo implica la posibilidad de seguir lastimando la legitimidad institucional y generar condiciones más propicias para la violación de derechos humanos. En vista de que los resultados del combate al crimen organizado están lejos de los deseados, es momento de responder preguntas que pueden parecer obvias pero el gobierno no ha atendido: ¿cuál es el fin del combate al crimen organizado? ¿disminuir los índices de homicidios dolosos? ¿evitar el flujo de narcóticos? ¿fragmentar a las organizaciones criminales? De no dar respuesta a estas interrogantes se corre el riesgo de confundir los fines con los medios y terminar haciendo lo mismo para obtener los mismos magros resultados.
