Cristina Muñoz y Elia Baltazar
El caso Vallarta resultó un éxito de la investigación criminal porque el caso pudo embonar cada una de las partes de un modelo que, hasta ahora, es una excepción y no la regla en la operación del sistema de justicia.
En la investigación del secuestro y homicidio de los dos suboficiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hubo, además de voluntad política, coordinación, cuidado en los procedimientos, trabajo de inteligencia criminal, estrategia y dirección con la mira puesta en un buen litigio.
En el lado opuesto del caso Vallarta, en cambio, están los fallidos casos que arrastra la ahora Fiscalía General de la República y que ponen en evidencia el costo para la justicia de la falta de un modelo de investigación criminal bien aplicado.
Entre otros, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la noche de Iguala, que en su momento las autoridades calificaron como la investigación “más exhaustiva” en la historia del país, pero que en realidad dejó al descubierto todo lo que hay por resolver en el sistema de procuración de justicia para revertir la impunidad.
Para que los casos de investigación criminal no repitan errores del pasado –como la destrucción y pérdida de evidencias, las confesiones bajo tortura, la falta de análisis de pruebas, la criminalización de víctimas, entre otros– hace falta construir desde ahora un modelo institucional que garantice la efectiva investigación criminal, capaz de hacer frente a fenómenos criminales cada vez más complejos.
Un modelo nacional homologado –como propone Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– que vaya más allá de criterios políticos, empuje capacidades locales y promueva la efectiva coordinación en función de la complejidad del delito.
La ineficiencia del sistema de procuración de justicia y sus métodos de investigación arrojan como resultado un altísimo índice de impunidad reflejado en las estadísticas oficiales, pues solo el 10 por ciento de los casos llegan a juzgados federales y muchos de estos no se logran sostener.
Estos niveles de impunidad no desaparecerán “por decreto” si en esta etapa de transición que atraviesa la Fiscalía General de la República no hay el cuidado de cerrar, desde la ley y en la operación, los espacios de discrecionalidad, arbitrariedad, injerencia política y corrupción, advierten académicos y especialistas.
“La PGR no funcionó para procurar justicia”, dice Santiago Nieto, ex fiscal electoral y ahora jefe de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Por lo tanto, dice, es el momento de aprovechar la transición, aun con todas las deficiencias del diseño constitucional, para avanzar hacia mecanismos distintos que permitan al país contar con una institución capaz de enfrentar el fenómeno delictivo.
Formación y capacitación: la clave para los operadores
Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Tierra Blanca, Odebrecht y las fallidas investigaciones para comprobar corrupción –como el caso del ex gobernador veracruzano Javier Duarte– son ejemplo de investigaciones criminales deficientes que resultan en fracaso por la suma de errores y, también, de incapacidades.
El “gran Talón de Aquiles del sistema son los operadores” que no han entendido cuál es su rol, dice José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. “No hay realmente una vocación de investigación que se traduzca en éxito en las causas penales que los ministerios públicos llevan al juzgado”.
Por eso hace falta formación y un servicio profesional de carrera para la preparación constante del personal en el desempeño de sus funciones, y que a su vez “ayudaría a blindar de la partidización a los operadores de justicia”, dice Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva del centro de análisis Fundar.
Pero no sólo es falta de formación. La estructura del pasado, que hereda la FGR, dejó en desventaja al personal responsable de las investigaciones –ministerios públicos, policías investigadores y facilitadores– frente a las labores administrativas, en una relación de 2 operadores por cada 8 que realizan trabajo de escritorio.
Para revertir esta tendencia, la FGR deberá someterse a una reingeniería y evaluación de sus recursos humanos, dice Mario Patrón, director del Centro Prodh. “Es necesario establecer de forma clara cuáles son las herramientas y capacidades de los fiscales, investigadores y peritos, y los elementos objetivos de que decidirán ascenso o descenso”.
Las trampas de las competencias
La complejidad del fenómeno criminal, que en la mayoría de los casos implica la conexidad de varios delitos, obliga la coordinación. No sólo entre las áreas de la FGR, sino también entre autoridades de distintos ámbitos.
En muchos de los casos, sin embargo, la colaboración entre la Federación y los estados está impedida por las fronteras de la competencia –es decir, a quién le corresponde investigar el delito–, que derivan en la fragmentación de los casos y su fracaso en la investigación.
Ayotzinapa y Nochixtlán son ejemplos emblemáticos de fragmentación, pues las investigaciones quedaron divididas entre autoridades federales y locales por la falta de criterios claros para definir competencia y la pertinencia de atracción del caso.
Esto no quiere decir que la FGR debe imponerse en los casos, pues no hay evidencias de que la atracción desde la Federación sea realmente algo efectivo, afirma Antonio Caballero, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Pensar que un delito se va a resolver más rápido porque lo atrae la FGR es un dogmatismo”, dice. Que un caso quede en manos de la Federación o de una procuraduría local no garantiza ni mejor ni peor investigación, afirma.
En todo caso las competencias y los ámbitos de colaboración deberán delimitarse en función de la complejidad y necesidad del caso.
Hacia un modelo nacional de procuración de justicia
Como lo demostró el caso Vallarta, un factor decisivo en la investigación criminal en México es la voluntad política –aunque en realidad esta debería estar al margen de sistema de procuración de justicia.
Nieto afirma que en el modelo de procuración de justicia actual, la falta de voluntad política es una de las razones que impiden el buen final de investigaciones criminales en casos relevantes.
“Esto generó que la investigación nunca fuera autónoma, y que la PGR resolviera casos a partir de una perspectiva política, o no los persiguiera a pesar de tener los elementos suficientes para hacerlo”, dice Nieto.
Haydeé Pérez y José Mario de la Garza advierten que es necesario despejar de la contaminación política las áreas técnicas de investigación de delitos en la FGR. De lo contrario, persistirá la discrecionalidad que contraviene la procuración justicia.
Para ese propósito, es importante “contar con un diseño nacional de un modelo de procuración de justicia”, dice Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Los problemas deben mirarse y abordarse con una perspectiva integral, afirma, desde la cual pueda diseñarse y construirse un sistema nacional de investigación criminal, y de procuración e impartición de justicia.
Por eso el camino, afirma, deber ir hacia una política de Estado y no de gobiernos coyunturales.