El día de ayer el Relator de la ONU sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, Michel Forst, concluyó su visita oficial a México. Esta visita tenía como principal objetivo determinar si quienes defienden los derechos humanos en México se sienten seguros y empoderados.
Después de recorrer el país, desde la Ciudad de México hasta los estados de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México, el experto independiente de la ONU observó “niveles elevados de inseguridad y de violencia que enfrentan las personas defensoras en el país” en un contexto marcado por el crimen organizado, la corrupción y la represión estatal. “La situación de las defensoras y los defensores está condicionada por la criminalización de sus actividades a través del mal uso deliberado del derecho penal y la manipulación del poder punitivo, tanto por actores estatales como no estatales, para impedir y hasta evitar las legítimas actividades de las personas defensoras para promover y proteger los derechos humanos”, indicó el Sr. Forst. “También se han usado los arrestos y detenciones arbitrarias como un instrumento para silenciar voces disidentes y frenar movimientos sociales. En muchos casos, se criminaliza a quienes defienden derechos humanos por denunciar violaciones cometidas por las autoridades y enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas”, añadió el Relator. Habiéndose reunido con más de 800 personas defensoras provenientes de 24 estados, de las cuales 60% eran mujeres, el Relator externó su preocupación que el 98% de los crímenes en México no son resueltos. El Sr. Forst enfatizó que “la tasa ínfima de investigaciones exitosas y de resolución de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos ha generado una sensación de impunidad generalizada. La falta de investigación y sanción de los agresores envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales crímenes. Esto crea un entorno propicio para la repetición de violaciones.” “La impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México. La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez alimenta el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de los derechos humanos y el Estado de Derecho”, indicó el experto independiente. “La mejor forma de protección que pueden tener las personas defensoras es cuando se hace justicia y los perpetradores son llamados a rendir cuentas” afirmó el Sr. Forst.
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