POLICÍAS

PARTE 1.
Renovación policiaca: una historia de fracasos

El 29 diciembre de 1982, entre noticias de crisis económica, desempleo y relevo sexenal, la prensa informó sobre el hallazgo, en la carretera México-Morelia, de un niño asesinado por tres tiros en el pecho. Su nombre era Miguel Ángel Arizmendi Flores, tenía 11 años y había sido secuestrado 10 días antes.

Sus secuestradores lo mataron luego de que su padre pagó el rescate, y a ellos los mataron después agentes de la entonces Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), durante una persecución en la carretera México-Cuernavaca.

Los supuestos delincuentes abatidos eran Carmen Salcido y Aureliano Rivera Yarahuán, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Judicial de Sinaloa, quien tenía un permiso con goce de sueldo para atender problemas de salud. Su nombre fue uno más en la bitácora delictiva de jefes policiacos durante una época de corrupción de la que fue emblema Arturo Durazo Moreno, el creador de la temible DIPD.

“Moralizaremos y modernizaremos a las policías federales y del Distrito Federal. Es este un reclamo popular en todo el país. Tenemos que actuar pronto. Las policías deben ser garantía de seguridad y tranquilidad ciudadana y no causa de su quebrantamiento. Buscaremos la celebración de convenios con los Estados para apoyarlos en tareas similares. El pueblo tiene derecho a la seguridad personal y familiar. Vigilaremos que así sea”, dijo Miguel de la Madrid en su toma de protesta, el primero de diciembre de 1982.

Por primera vez un presidente asumió como prioridad la reforma de la policía. Desde entonces han pasado 32 años, seis sexenios y al menos una decena de programas de renovación, y el país todavía espera por cuerpos policiacos honestos y profesionales. Por ahora , estos siguen siendo los servidores públicos que más desconfianza generan entre los ciudadanos.

A la fecha sólo 3 de cada 10 mexicanos confía en la efectividad de los policías., de acuerdo con los resultados que en septiembre de 2014 arrojó la Encuesta de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La percepción ciudadana halla respaldo en las cifras oficiales. Al cabo de cinco años de la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), que instruyó la aplicación de exámenes de control de confianza para todas las corporaciones de seguridad del país, 10% de sus efectivos no pudo superar las pruebas.

Son 42,214 elementos –entre policías preventivos, policías investigadores, custodios, peritos, ministerios públicos y personal administrativo con acceso a información sensible– que no cumplieron con el requisito, en el plazo extendido que concedió el Senado en 2013 y que venció el 29 de octubre de 2014.

De esa cifra, 20,521 pertenecen a corporaciones estatales, 18,177 a municipales, y 3,516 a las federales, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todos deberán ser dados de baja, como instruye el artículo tercero transitorio de la LGSNSP: “Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del servicio”.

La legislación también establece que bajo ninguna circunstancia puede operar un policía sin su certificado de control de confianza. Los funcionarios que los mantengan incluso pueden recibir penas de entre dos y ocho años de prisión, de acuerdo con el artículo 139.

La organización civil Causa en Común identificó que en 19 entidades no todo el personal reprobado por estos controles ha causado baja. Estas son Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El despido de policías despierta un temor colectivo: que pasen a formar parte de la delincuencia, dados los casos que evidencian la infiltración del crimen en las corporaciones y que sirvieron de justificación para la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que propone desaparecer las policías municipales.

“Moralizaremos y modernizaremos a las policías federales y del Distrito Federal. Es este un reclamo popular en todo el país.”Miguel de la Madrid, durante su toma de protesta como presidente en 1982

“El nuevo sistema de justicia penal no va cambiar la impunidad, porque las instituciones están infiltradas por el crimen”, dice con seguridad José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

En el 2014, el peor caso que involucró a policías ocurrió el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde elementos municipales presuntamente asesinaron a seis normalistas de Ayotzinapa y participaron en el secuestro de otros 43.

Por estos hechos, al menos 36 policías municipales están detenidos, así como el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa.

En informes elaborados en 2013 por la secretaría de seguridad pública del municipio se reporta que en ese año 241 elementos fueron sometidos a exámenes por parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza del gobierno de Guerrero. El 75% de los policías en ese grupo aprobaron.
De acuerdo con declaraciones de Jorge Carlos Hurtado, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los detenidos por el caso Ayotzinapa sí había elementos que habían acreditado la evaluación.

El plazo legal para la depuración mediante estos instrumentos venció y las corporaciones policiacas, sobre todo estatales y municipales, no alcanzaron la meta. Ahora, además, las entidades tienen encima la fecha límite del 18 de junio de 2016 para lograr la transformación de sus policías, en el marco del sistema de justicia penal acusatorio.

Con base en las reformas de 2008, el artículo 21 de la Constitución estableció que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”.

Las policías adquirieron así autonomía técnica para coadyuvar en el inicio de una carpeta de investigación (o averiguación previa, como se le conocía en el sistema de justicia tradicional) mediante una denuncia, la detención en flagrancia o el cumplimiento de algún mandato judicial, como un orden de aprehensión..

Hasta entonces, la denuncia, la investigación y la persecución del delito estaba sólo reservada al Ministerio Público, que se auxiliaba de la Policía Judicial. Por su parte, las policías de Seguridad Pública –federal, estatal y municipal– tenían sólo la responsabilidad de prevenir y responder a la delincuencia y preservar el orden público.

Ahora, en cambio, todas las policías –ministeriales y preventivas- pueden iniciar la investigación, proteger la escena del crimen, así como recabar y resguardar pruebas desde el momento en que llegan a la escena del crimen, explica Rubén Guzmán, investigador del Instituto Para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

Esto no significa que desaparece la división de funciones, sino que habrá policías ministeriales convertidas en investigadoras y policías preventivas –estatales y municipales– con facultades de investigación que antes no tenían.

La policía investigadora o ministerial incluso podrá recibir denuncias de probables delitos, lo que antes sólo correspondía al MP.

Este último, sin embargo, “seguirá llevando el mando y la conducción de la investigación”, aclara María de los Angeles Fromow, directora de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

El sistema de justicia penal acusatorio convirtió a los policías en “actores sustantivos”, asegura Juan Salgado, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Además de la Constitución, sus funciones están reguladas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

La primera obliga a los policías a registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones; remitir a la instancia que corresponda la información recopilada; apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos; ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial, y participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales.

A su vez el código federal, que deberá aplicar en todo el país antes del 18 de junio de 2016, a la par del sistema de justicia penal acusatorio, establece 12 funciones para las policías investigadoras.

Estas son: recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, cuando no puedan ser formuladas al MP; practicar detenciones en los casos de flagrancia; participar, en auxilio del MP, en la investigación y persecución de los delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También los instruye para preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios; entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación, y proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito.

Todo esto es muy importante, asegura Salgado, “porque transforma al policía en un actor proactivo, a diferencia de aquel que sólo respondía a situaciones de persecución del delito”.

Sin embargo, el peso de sus atribuciones van más allá, explica Salgado. “La evidencia es el motor del sistema de justicia penal acusatorio y, gran parte de la responsabilidad de los policías, junto con los peritos, es preservar la escena del delito, evitar la contaminación de los indicios y cumplir con la cadena de custodia para garantizar que la evidencia llegue de la mejor manera ante los jueces”.

“De repente, mi compañero vio que tres de los cuatro alumnos del grupo no escribían nada. No tardó en darse cuenta que eran policías analfabetos”Martín Barrón, INACIPE

A los policías les ha costado mucho adaptarse a sus nuevas tareas y seguir los protocolos diseñados para que las cumplan.

“No lo podemos seguir en determinados momentos, ya se los hicimos notar a nuestros superiores y ninguno lo negó”, dice Pedro Rodríguez, policía municipal de Metepec, Estado de México, quien concedió la entrevista bajo la condición de no revelar su verdadero nombre.

Para que las policías preventiva y ministerial cumplan con sus nuevas responsabilidades, las autoridades deberán entrenar y capacitar a 427,354 elementos en tareas de investigación, de los cuales sólo los 26,928 adscritos a las procuradurías estatales (6.3%) tenían formación en el tema. El resto (361,510) son policías estatales y municipales que cumplieron con funciones preventivas hasta la operación de la reforma.

El avance en la capacitación es incierto. La Setec reporta que entre 2013 y 2014 fueron capacitados 22,260 elementos de los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal-, con un presupuesto de 36 millones 934 mil 900 pesos que provino de tres fuentes de financiamiento: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), y el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).

No ofreció cifras de años anteriores. Pero aun si hubiera capacitado en promedio a 22 mil policías por año, entre 2008 y 2012, el número apenas rebasaría los 132 mil, ya sumados los elementos capacitados en los últimos dos años.

Esto significa la cuarta parte de la fuerza policiaca del país.

La duración de los programas de capacitación a policías varía por institución. Los cursos que ofrece la Setec para los policías del país son de 120 horas, de las cuales las últimas 20 son prácticas, explica Fromow, su directora.
Esto representaría 15 días de capacitación – en jornadas de 8 horas – o un mes en 4 horas al día.

Incluso los policías ministeriales acreditables, que están considerados como elementos de élite, se forman desde el 2010 en breves periodos de cuatro meses.

En cambio, en el Distrito Federal la formación de los aspirantes a policías de investigación dura un año para los licenciados, y 2 años 8 meses para quienes sólo han cursado la preparatoria.
Durante los cuatrimestres de estudio, los policías del DF toman cursos sobre el sistema adversarial acusatorio, que comenzó a operar en enero de 2015 en la capital.

Por su parte, a los institutos de formación profesional de las procuradurías de justicia, les bastan seis meses para preparar a los próximos policías de investigación, pero desde 2009 para su ingreso se exige que tengan licenciatura terminada, o por lo menos los créditos cumplidos aunque no se hayan graduado.

De acuerdo con Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), esta medida ha beneficiado el adiestramiento de los aspirantes.

El instituto tiene actualmente 650 alumnos, de los cuales 146 serán peritos, 300 agentes del ministerio público y 140 policías de investigación.

“Cada año graduamos alrededor de 100 o más, no hay un número exacto porque depende de las vacantes en la procuraduría, es decir, todos tienen un puesto asegurado”, dice el coordinador del INACIPE, Juan José Olea.

Para el gobierno federal, el mayor reto es la capacitación de los policías que ingresaron a las corporaciones antes de 2009, porque algunos de ellos ni siquiera tienen instrucción escolar.

“Fuimos a Durango a dar clase al triángulo Torreón- Gómez Palacio-Lerdo. De repente, mi compañero vio que tres de los cuatro alumnos del grupo no escribían nada. No tardó en darse cuenta que eran policías analfabetos”, dice Martín Barrón.

Fuente: INACIPE

PARTE 2.
Capacitación y controles de confianza, a prueba

Con excepción de Guerrero, que no ha reformado sus normas, y Oaxaca, que ya modificó la ley orgánica de la procuraduría pero no la ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, todos los estados ya reformaron sus leyes de seguridad pública y de las procuradurías para hacer efectivas las responsabilidades que el sistema de justicia penal acusatorio otorga a las policías.

Sus desempeños, sin embargo, son desiguales en función de los exámenes de control de confianza.

En tres de las cuatro entidades que ya operan el nuevo sistema de justicia en todo su territorio, los resultados de los exámenes de control de confianza son mejores que aquellos donde el sistema presenta rezagos.

En Morelos reprobó 18% de sus policías municipales y 11% de los estatales (incluidos los ministeriales). En Yucatán fueron 11.2% y 7.9%. En Chihuahua, 6.1% y 2.7%, y en el Estado de México, 3.4% y 4.6%.

El Estado de México, donde opera el nuevo sistema de justicia penal desde el primero de octubre de 2009, tiene la más alta incidencia delictiva del país, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De enero a octubre hubo 205,327 denuncias por posibles hechos delictivos. El promedio anual, sin embargo, ronda las 310 mil denuncias, de acuerdo con las estadísticas de la entidad. Son 862 casos al día, a los que la procuraduría del estado hace frente con mil 933 policías ministerial y 583 peritos.

“Sí, hace falta mucho personal”, dice Humberto Gallardo, comandante de la Policía Ministerial adscrito al área de delitos patrimoniales, quien no tiene personal bajo su mando.

El jueves 23 de octubre arribaron al Senado familiares de las 60 mujeres desaparecidas desde 2012 en Ecatepec, Estado de México, para denunciar la incapacidad de las autoridades estatales en la investigación de sus casos.

“La procuraduría tiene que esperar 72 horas para iniciar una investigación y lo primero que dicen es que se fue con el novio”, dice Nalleli Flores, representante de las familias.

En contra de la policía ministerial mexiquense, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM) ha recibido este año 356 quejas y ha emitido cuatro recomendaciones a la institución.

“Quizá cuatro es un margen muy pobre para el tamaño de la población y lo que pasa en el Estado de México. Pero a partir de un caso concreto pedimos acciones que beneficien a todos”, asegura Luis Antonio Hernández, jefe de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la CDHEM.

“No son preguntas sino tortura psicológica.”testimonio de un policía de Metepec, con respecto a las pruebas para el control de confianza.

Para cortar los vínculos de las policías con la delincuencia y renovar a sus elementos, el gobierno de Felipe Calderón dispuso en 2010 la aplicación de pruebas para el control de confianza.

Desde entonces estos exámenes que aplican los 39 Centros de Control de Confianza –tres federales y 36 estatales– son parte del sistema de profesionalización de la policía y se toman como requisito de ingreso en los institutos de formación policial.

Las pruebas además serán obligatorias cada tres años para todos los policías si quieren permanecer en sus corporaciones: deberán someterse a una evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y socioeconómica.

“No son preguntas sino tortura psicológica. Preguntas en cuanto a mi preferencia sexual, si has agarrado dinero, pero yo pude contestar las preguntas que me hacían”, dice Pedro Rodríguez, policía de Metepec, quien pidió cambiar su nombre real para resguardar su identidad.

Obligado a declarar su patrimonio en la prueba socioeconómica, Rodríguez relata que la instrucción del nuevo director de Seguridad Pública de Metepec, Manuel Cabrera Fernández, fue que todos los policías también declararan los bienes de su familia.

“Tuve que entregar la escritura de la casa de mi papá y de mi mamá. Tenemos que llenar esos formatos las veces que nos digan, y si cuando llegan a mi casa no hay lo que declaré o tengo un horno nuevo, de eso se agarran para despedirme”.

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, advierte que la prueba de confianza violenta en muchos casos el derecho laboral de los policías. “Se evalúa un momento único, y tendría que haber un mecanismo de evaluación continua y que también evaluara el desempeño”, dice .

Salgado, del CIDE, destaca los policías aplican el examen en condiciones desfavorables. “Hay casos en los que tienen jornadas de 24 horas, luego deben ir al centro de control y confianza, y a veces esperar 12 horas para hacer las pruebas”.

Luz del Carmen Díaz, directora de Control de Confianza de la Secretaría de Gobernación, admite que este proceso debería convertirse en estímulo de recompensas para los policías.

“En la medida en que el control de confianza esté aislado y sea sólo un insumo más, no vamos a lograr el alcance que queremos”, dice.

Para los policías, reprobar el control de confianza significa no volver a trabajar en una corporación, afirma el policía Rodríguez.

Entran a Plataforma México, que es la principal base de datos policial, y estarán “estigmatizados y boletinados”, advierte José Francisco Coronato, diputado del partido Movimiento Ciudadano.

El elemento más controversial del proceso de certificación y control de confianza es el polígrafo, que prevalece sobre el resto de las pruebas.

Coronato, quien presentó en 2012 una iniciativa de ley para reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y dejar fuera el polígrafo de los exámenes, desconfía de su utilidad.

“Te dicen que tienes tendencia a violentar la ley o a la violencia, pero el resultado no lo especifica de manera concreta. La forma de evaluar tiene que cambiar para que el policía tenga oportunidad de explicarse”, asegura Coronato, quien fue procurador de Morelos entre 2006 y 2009.

Su iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero se mantiene en la “congeladora” de el Senado.

“El polígrafo sería equiparable a la tortura, porque se hace en un cuarto de dos por dos, después de muchas horas de trabajo, con preguntas insidiosas”, dice el policía Rodríguez, quien acusa presión psicológica de las personas que aplican la prueba.

“Son diez preguntas muy pesadas sobre narcotráfico, droga, toda esa clase de cosas. Nos dejan descansar y se salen, pero ahí está la cámara y se ve que nos están observando”, dice Rodríguez.

Salgado, del CIDE, afirma que los exámenes no han sido suficientes para evitar los casos de abuso policial.

En casos como la insubordinación de policías en Ciudad Juárez en 2010, el tiroteo en el aeropuerto de la ciudad México entre policías federales en 2012 y el ataque a un vehículo diplomático de la embajada de Estados Unidos el mismo año participaron policías que pasaron el control de confianza.

Por eso augura que el sistema de justicia penal no podrá cambiar esa situación si las autoridades no buscan otros mecanismos de evaluación.

PARTE 3.
El sistema cambia, las violaciones prevalecen

La impunidad evidencia la debilidad del sistema de justicia en México. Sólo 3 de cada 100 delitos que ocurrieron en 2013 tuvieron una resolución judicial, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014.

Elaborada por el INEGI, la encuesta reveló también que ese año en el país se cometieron 33.1 millones de delitos, pero sólo hubo denuncia para 2.05 millones (6.2%) y en la mitad de estos casos “no pasó nada” o “no se resolvió la denuncia”.

De allí que las víctimas consideran como razones principales para no presentar una denuncia la “pérdida de tiempo” (31.4%) y la “desconfianza en la autoridad” (21%).

Edna Jaimes, directora de la organización civil México Evalúa, matiza la percepción ciudadana. “Ciertamente en el fondo de la no denuncia hay un problema de desconfianza, pero no podemos pedirle a la autoridad que se haga responsable de algo que no conoció”.

Hay delitos que no recibieron sanción, dice, pero también los hay que no conocieron las autoridades.

“El aparato de justicia tiene que saber discriminar, y es un problema de nuestro sistema actual que trata por igual el robo de una bicicleta que un homicidio doloso”, dice.

La directora de México Evalúa destaca que el nuevo sistema acusatorio reserva el proceso penal para “lo meritorio y grave”, al tener procedimientos reparatorios y justicia alternativa.

“No obstante, la experiencia práctica en los estados en los cuales se ha implementado un
sistema de justicia de corte acusatorio adversarial advierte como el punto crítico de mayor injerencia en la consolidación de este nuevo proceso, la construcción de metodologías eficientes de investigación y la capacidad del ministerio público para lograr sustentar la misma en un juicio oral y público, dotado de inmediación y contradicción”, escribe Jorge Emilio Iruegas Alvarez, director ejecutivo del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Adversarial (CAFSA).

En el artículo “La investigación en la reforma procesal penal: un tema pendiente”, el especialista advierte que en los estados que han operado de forma parcial o total la reforma, no ha habido un mejoramiento significativo en la Investigación Criminal.

Esto, escribe, “porque se sigue ocupando a la policía de investigación para labores de prevención, sin que se genere una metodología de investigación y de operación, sin que se destinen los recurso necesarios o se plantee la profesionalización obligada del Ministerio Público, Policía y Perito”.

No obstante, admite, la capacidad de respuesta del sistema en los estados que han implementado la reforma, salvo Morelos y Estado de México, es superior a las entidades que aún no lo tienen.

Mariana Benítez, ex subprocuradora jurídica de la Procuraduría General de la República, coincide en que muchos policías no cumplen las funciones de investigación. Explica que un diagnóstico sobre las policías ministeriales evidenció que éstas “eran demasiado operativas” y no cumplían a plenitud la función que debían tener con respecto al Ministerio Público.

“La gran mayoría –asegura– se dedicaba a ser escoltas, a hacer mandamientos judiciales, tareas que no tenían que ver propiamente con investigación”.

Una de las medidas del nuevo sistema penal para no desviar las tareas de los investigadores es la creación de la policía procesal, que se encargará del traslado y la custodia de detenidos o imputados, vigilará a los presuntos responsables en las salas de audiencia oral y hará el traslado físico de las evidencias y pruebas.

“Esto ayudará a tener una definición mucho más clara de funciones”, dice Benítez.

Fuente: ENVIPE 2014

El nuevo sistema de justicia penal también exige a los policías mejores prácticas de detención y por eso desapareció, por ejemplo, la flagrancia equiparada, que permitía documentar y acreditar esta figura hasta 72 horas después de cometido el delito.

Al eliminar la flagrancia equiparada, dice Juan Salgado, las policías tendrán que hacer mejor su trabajo. “Documentar mejor las detenciones: tener testigos, fotografías, evidencias de la comisión del delito, porque tienen que justificar ante los jueces que la persona detenida en efecto fue sorprendida en flagrancia”.

Los policías además también podrán ser testigos calificados del acto delictivo, explica Salgado. “Por tratarse de un sistema adversarial, los policías pueden ser citados a declarar y comparecer en relación con lo que vieron y la manera como procedieron”.

Esta posibilidad, advierte el investigador, requiere también de nuevas habilidades de los policías, como saber cuál es la función del fiscal, del abogado defensor y en qué calidad comparecerá.

“Hasta ahora habían estado ausentes en el proceso mixto que, si acaso, requiere de algún informe por escrito o por inmediación del MP”, dice.

Con estos cambios, el sistema acusatorio busca mejorar el control sobre la manera que los policías realizan una detención, “porque si los detenidos presentan cualquier signo relacionado con tortura, que se acredite través de un protocolo (como el Protocolo de Estambul), saldrían libres desde la etapa del juicio de control”, explica Salgado.

Fuente: “FUERA DE CONTROL: Tortura y otros malos tratos en México” Amnistia Internacional 2014

Si describiéramos el espíritu del nuevo sistema de justicia penal, hay que decir que no intenta castigar, sino reforzar los derechos humanos, dice Edna Jaime, de México Evalúa.

No obstante, a pesar de todos los cambios para elevar la calidad del trabajo de investigación policial, todavía prevalecen prácticas que violan los derechos humanos. Entre ellas la tortura, como documentó la organización Amnistía Internacional, en su informe “Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México”, presentado el pasado 4 de septiembre.

“La tortura siempre es infligida por la autoridad, y casi siempre la quieren hacer pasar por otros delitos”, dice Javier Enríquez, del Colectivo Contra la Tortura.

Uno de los casos que integran el informe de AI ocurrió en Chihuahua, que junto con Oaxaca fue el primer estado que comenzó a operar nuevo sistema de justicia penal, en 2007.

El 11 de agosto de 2010 la Policía Federal detuvo a Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, como probables responsables de la explosión de un coche bomba.

Más tarde, mediante el Protocolo de Estambul, se comprobó que los policías recurrieron a la tortura para intentar obtener de los detenidos declaraciones que los vincularan con ese hecho.

Luego de constantes denuncias y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República, se comprometió a liberarlos si la PGR corroboraba la tortura en cualquiera de los detenidos.

Así ocurrió. En marzo del 2014, después de tres años de permanecer en prisión de manera arbitraria, la PGR reconoció el delito de tortura en Víctor Manuel Martínez, y dejó en libertad a los cinco acusados.

Este caso no es aislado. Entre 2003 y 2013 la PGR realizó 472 peritajes y concluyó que había indicios de tortura sólo en 57. Además abrió 1,219 averiguaciones por tortura entre 2002 y 2012 y al cierre de 2013 sólo habían presentado cargos en 12 casos, de acuerdo con el informe de AI.

La CNDH, por su parte, recibió 7,164 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y 2013. En ese periodo emitió 44 recomendaciones, de acuerdo con declaraciones del ex ombudsman, Raúl Plascencia,

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advierte en su informe sobre la Policía en México, presentado en mayo de 2014, que la expansión de las capacidades de investigación e inteligencia para la policías, particularmente la Policía Federal, “resaltan la necesidad de garantizar una sólida supervisión de las acciones policiales de modo que éstas sean realizadas con respeto al debido proceso y los derechos de los acusados”.

“Más allá de la tortura, las detenciones ilegales pueden arruinar casos donde sí había una persona responsable, y eso va directamente relacionado con la formación”, dice Ernesto Cárdenas, investigador del Insyde.

Gabriel Regino, consultor y ex secretario de Seguridad Pública del DF, advierte que el policía es el eslabón más frágil del sistema. “Si él realiza una detención ilegal, se cae todo el proceso”.

Por eso, dice, ya no puede haber detenciones arbitrarias, malas investigaciones, tortura ni golpes. Con ese objetivo se continúan instrumentando cambios en las instituciones de justicia, buscando fortalecer capacidades y transitar hacia un modelo más garantista.

Hoy, como hace más de tres décadas, México sigue buscando que sus policías sean garantía de seguridad y tranquilidad, y no causa de su quebrantamiento.