INVESTIGACIÓN DEL DELITO

A mitad de una calle sin pavimentar, en un terreno descampado, yace el cuerpo de una mujer debajo de una cobija gris cubierta de polvo suelto. Al lugar llegan los peritos criminalistas que resguardan la escena, fotografían el cuerpo y comienzan a levantar y embalar las primeras evidencias. Advierten que la víctima está descalza, pero sus pies están limpios, no hay heridas ni grava adherida a la piel. “La abandonaron aquí”, presumen los peritos mientras toman fotos de unas huellas de neumático. Al revisar el cuerpo, encuentran entre el doblez del pantalón de mezclilla una cáscara de cacahuate. Unas manos ágiles, enfundadas en guantes de látex, toman las pinzas para levantarlas y guardarlas en sobres amarillos.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, los peritos de la Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género no desestiman una sola evidencia. Es la experiencia acumulada de dos décadas de feminicidios y homicidios de mujeres, que suman 1,441 víctimas entre 1993 y 2013, de acuerdo con una investigación de El Colegio de la Frontera Norte, que elaboraron Julia Monárrez y Luis Cervera.

En el asesinato de Yeira Elizabeth Fernández Chavira, ocurrido el 3 octubre de 2011 en la zona Parque Industrial Independencia, la cáscara de cacahuate será prueba científica en el juicio contra José Luis Mares Betancourt, detenido dos semanas después de asfixiar a su pareja. Esa cáscara ejemplifica lo meticuloso de la investigación y del proceso con el que se acumuló el resto de la evidencia.

Karen Rodríguez, perito criminalista de la Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Ciudad Juárez, Chihuahua

“Fue una suerte que encontráramos después, en la casa del inculpado, la parte de la cáscara que coincidía con la hallada entre la ropa de la mujer. Era sólo una. Una. Y resultó que coincidía”, dice Karen, una joven de 25 años que desde 2012 trabaja como perito criminalista de campo.

Sus palabras despiertan incredulidad. Karen la advierte. Enciende su computadora y abre la carpeta de fotos del caso. Allí están las imágenes del cateo en la casa del asesino, una construcción de tabique gris desnudo, de dos habitaciones, que él había limpiado antes de que llegaran las autoridades, según el testimonio de su esposa. En el patio hay un cubeta de pintura utilizada como basurero, donde Karen recabó la evidencia.

Para lograrlo, tuvieron que comprar un microscopio que ayudó a cotejar la piel de la cáscara y sus bordes. Es una pieza blanca, de plástico, que parece un juguete. Los peritos se ríen de su ingenio para procesar la evidencia, por la falta de recursos. Sin embargo, necesitan validarla científicamente y piden prestado al laboratorio de balística su esteroscopio para comprobar la coincidencia.

Al final del juicio, José Luis Mares Betancourt recibió sentencia de 42 años de cárcel por el asesinato de Yeira. El abogado defensor apeló, pero la sentencia se confirmó en segunda instancia, gracias a la solidez de la evidencia.

En su contra estaban los testimonios de los hijos de la víctima, la huellas de las llantas de su camioneta en el lugar en que encontraron el cuerpo y tres mordidas en la espalda de la mujer que coincidieron con el ADN y las arcadas dentarias del inculpado, y que lo ubicaron con ella una hora antes de su muerte.

“No había sangre, la autopsia no revelaba más que el modo en que había muerto la mujer, pero el cacahuate demostró que el inculpado había tenido contacto con el cuerpo y lo había manipulado”. Así de contundente es la prueba científica, dice el jefe de Karen, Héctor Hawley.

Karen describe cómo encontraron y presentaron en juicio la evidencia

Hace 14 años, Héctor Hawley era el dueño de un comercio de hamburguesas. Pero la crisis mundial, que tuvo como epicentro Estados Unidos, sacudió la economía local y en Ciudad Juárez casi 60,000 trabajadores perdieron su empleo en las maquiladoras entre 2000 y 2001, de acuerdo con datos de INEGI y del IMSS. Hawley perdió su negocio.“Por necesidad”, dice, atendió una convocatoria para formarse como perito criminalista en la Academia de Policía de Juárez.

Yo iba saliendo de mi turno y me dijeron: hay 3 mujeres quemadas. ¿Vamos? Y fui. De allí no salí durante las siguientes dos semanasHéctor Hawley

No necesitaba más que la preparatoria, porque entonces sólo los aspirantes a ministerio público tenían que acreditar la licenciatura. “Al criminalista no le pedían más porque lo veían como el que va y recoge las cosas de la escena. Todavía hoy es como un término peyorativo”, dice Hawley, un hombre alto y robusto, que tiene a su cargo el área de Servicios Periciales de la Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Juárez. Una paradoja en su vida: esa fiscalía nació a partir de la sentencia contra el Estado mexicano, que en 2009 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso conocido como Campo Algodonero, un predio del Valle de Juárez donde en 2001 fueron encontrados los restos de 3 jóvenes secuestradas (que posteriormente sumaron ocho).

Este fue el primer caso de Hawley, recién egresado de la academia. “Yo iba saliendo de mi turno y me dijeron: hay 3 mujeres quemadas. ¿Vamos? Y fui. De allí no salí durante las siguientes dos semanas”. Ahora es licenciado en procuración de justicia y maestro en ciencias forenses, pero entonces era sólo un fotógrafo forense. Su nombre, sin embargo, quedó inscrito en los expedientes de Campo Algodonero: Hawley fue señalado por negligencia junto con los otros tres peritos que procesaron la escena.

Ahora, como responsable pericial de los crímenes contra mujeres en Juárez, está a cargo de las evidencias del caso. Las resguarda en cajas blancas alineadas en las repisas de un mueble empotrado en un costado de su pequeña oficina.

“Las tengo aquí porque me piden y me piden cosas”, dice. Sobre todo desde que llegaron a Juárez, en enero de 2013, los cuatro peritos internacionales que contrató el Estado mexicano para revisar de nuevo las evidencias, en cumplimiento de la sentencia de la CIDH.

Para Hawley, este caso cambió para siempre su perspectiva de la labor pericial: “Lo que hagas en campo puede tener repercusiones”, dice.

Héctor Hawley, jefe de servicios periciales de la Fiscalía Especializada

La experiencia, sin embargo, también lo enganchó a la investigación de crímenes contra mujeres. “La ejecución, las armas de fuego, son muy interesantes, pero el homicidio de mujeres es una temática que exige mucha minuciosidad en la investigación forense”, explica.
En 2001, Ciudad Juárez tenía una lista de 31 mujeres asesinadas y el número ascendió a 306 en 2010, de acuerdo con los datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

El secuestro y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, las jóvenes halladas en Campo Algodonero, evidenció las debilidades y omisiones en el trabajo pericial en Ciudad Juárez, y su impacto negativo en la investigación de los feminicidios.

“Nos daban una cajita con cuatro rollos de fotografía, unas telitas que cortábamos para las muestras de radisonato y para el levantamiento de sangre, y ya”

Hubo presiones y un mal procesamiento de la escena, admite Hawley. Pero tampoco había equipo ni tecnología suficientes. “Nos daban una cajita con cuatro rollos de fotografía, unas telitas que cortábamos para las muestras de radisonato y para el levantamiento de sangre, y ya”. Si necesitaban algo más, los peritos tenían que comprarlo con su dinero.

No había protocolos para el procesamiento y preservación de la escena. Alrededor de la víctima los peritos encontraban colillas, o policías comiendo papitas, recuerda Hawley. “Llegábamos con el judicial a preguntarle: oye, qué pasó (lo hacíamos porque en la academia nos enseñaron que así debía ser). Nos miraban y respondían: no sé. Y se iban…”.

Ahora, en cambio, en esta área pericial de la fiscalía son ejemplo en la experiencia del manejo de escenas. “Hemos cerrado calles toda la noche para poder trabajar y levantar toda la evidencia disponible”.

Parte de esta labor involucra lo que se conoce como la cadena de custodia: el procedimiento de registro y control de todos los elementos materiales que pueden ser aportados como prueba en un proceso penal. Así lo describe  el “Mecanismo de protección y preservación de la evidencia”, elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Setec).

“La cadena de custodia es el parteaguas de la investigación forense”, advierte Hawley. Y Juárez fue la primera ciudad que la puso en marcha, incluso antes de que el estado de Chihuahua la incorporara de manera oficial en 2008, con la llegada del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Fuimos el primer departamento de criminalística en el país que la adoptó de los gringos, allá por 2003 o 2004”, dice Hawley.

Todavía hoy, que es obligatoria, hay quienes son reacios a adoptarla por la responsabilidad que conlleva, asegura. “Ni los federales ni los policías ministeriales han podido aplicarla adecuadamente”, dice.

No es tarea sencilla. La correcta aplicación de la cadena custodia  explica el manual de la Setec, garantiza la “integridad, conservación, inalterabilidad, naturalidad, originalidad y autenticidad” de las evidencias e indicios físicos.

Con este mecanismo se hace responsable a todos los que tienen acceso a esos indicios y evidencias de impedir su pérdida, destrucción, alteración o cualquier maniobra irregular, mientras estén en su poder. 

“La cadena de custodia es el parteaguas de la investigación forense”, advierte Hawley.

Los casos que acumula el área de criminalística de Juárez son un catálogo de experiencia pericial que transita de los feminicidios a los asesinatos en serie. Entre 2007 y 2010 la ciudad pasó de 300 homicidios a 3,000 y se convirtió en la más peligrosa del mundo, según los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC.

En 2014 la cifra se desplomó a 109 homicidios. Pero durante aquel periodo de violencia escalada, nadie se dio abasto. Ni siquiera los productores de bolsas de cadáveres. “Pedíamos como mil al mes y nos decían: no tenemos tantas porque no sólo eres tú. También está Monterrey, Durango, y no tenemos la capacidad”, recuerda Hawley.

Fue una etapa desbordada, recuerda Hawley.

En el Servicio Médico Forense (Semefo), describe, todo el día apilaban cadáveres, y bajaban y subían cuerpos de las camillas, conforme el médico acababa las autopsias. “En un solo momento tuvimos hasta 300 cuerpos”, recuerda, por lo que hubo que ampliar el Semefo y construir un edificio para balística y criminalística.

En 2007 Hawley fue transferido a la unidad especializada en escena del crimen de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, y seis meses después, nombrado jefe de Servicios Periciales.

“Entre 2007 y 2010 llegamos al punto de no poder procesar una escena, porque nos encontrábamos con 400 casquillos que, de acuerdo con el protocolo, había que procesar de manera individual, con su propia cadena de custodia”.

A la fecha, en el laboratorio de balística de la Unidad Especializada del Esclarecimiento del Crimen, hay 150,000 “elementos balísticos”, entre casquillos y proyectiles recolectados de 2008 a la fecha. Todos pasan por el sistema Ibis, una sofisticada base datos que procesa las balas y la base del casquillo para encontrar coincidencias con armas.

Este aparato, que opera el perito Christian Nassri, fue un regalo de Estados Unidos para la ciudad, que lo recibió en 2009. Ese año Juárez reportó 2,153 homicidios y ocurrieron masacres como la del penal, donde integrantes de la pandilla Los Aztecas mataron a 21 miembros de las bandas Los Mexicles y Los Artistas Asesinos.

En 2010 Hawley dejó su cargo al frente de Servicios Periciales de la fiscalía general. “Me sacaron de allí y como terapia me mandaron a dar cursos sobre escena del crimen en el nuevo sistema de justicia penal”.

No aguantó mucho y ese mismo año se incorporó de nuevo a la fiscalía de mujeres, junto con su compañero Juan Luis Vázquez Pérez, quien al mes fue acribillado afuera de su casa, el 10 mayo 2010. En su lugar llegó Karen, la única candidata que Hawley aceptó para ocupar la vacante.

Ahora comparte la oficina también con Cristina Covarrubias, una joven psicóloga de 30 años, encargada de los perfiles criminales.

Hawley explica que muy poco equipos de criminalística cuentan con un o una especialista en este rubro, una perfiladora, a pesar del interés que despierta y lo que puede aportar a la investigación.

También presume que son el único grupo con un médico adscrito que va con ellos a todas las escenas. “Nos ha dado buenos resultados porque en los juzgados nos han preguntado: cómo le hicieron porque está declarando lo mismo que ustedes probaron”.

De eso se trata, insiste: que sin conocer nada el perito sepa qué pasó allí. “Es lo que dicen los protocolos: tienes que interpretar sin saber ningún aspecto que pueda influir en tu decisión”.

La oficina de Hawley es un pequeño espacio caótico, lleno de equipo, papeles, cajas, hojas, carpetas. Todo lo que un especialista de la recolección científica puede guardar, está allí. A espaldas de su silla de escritorio, sobresale una pequeña fotografía colocada al filo de una repisa. Es Airis Estrella Enriquez Pando, secuestrada, violada y asesinada en mayo de 2005 en Ciudad Juárez.

Si Campo Algodonero le había enseñado las consecuencias de la mala práctica pericial, el caso de Airis le demostró la importancia de su trabajo en el esclarecimiento de un crimen. “Me marcó mucho. No sólo porque la víctima era una niña, sino porque tomaron en cuenta nuestro trabajo en la investigación y para la condena del asesino”, dice Hawley.

Para hablar del caso llama a Rodrigo Caballero, agente del Ministerio Público de la fiscalía de género, que estuvo a cargo de la investigación del asesinato de Airis. “Este fue un caso emblemático en el proceso de investigación, porque se apoyó en una buena práctica pericial, a pesar de algunas pifias”, dice Caballero.

Ocurrió así. El 2 de mayo de 2005, Airis, de 7 años, fue secuestrada a dos calles de su casa, cuando se dirigía a una tienda de abarrotes. Dos semanas después, una familia halló el cuerpo. Estaba dentro de un tambo de 200 litros, lleno de cemento, abandonado en una pequeña choza ubicada en un terreno de la zona conocida como Cerro del Caballo.

La investigación comenzó mal. Al lugar llegaron agentes dedicados a la investigación de ejecuciones –porque en Juárez los casos más atroces siempre se atribuían al crimen organizado, dice Hawley–, que no procesaron la escena ni la acordonaron, y tampoco llamaron a los peritos. Por el contrario, comenzaron a golpear el tambo para tratar de sacar el cuerpo y alteraron la evidencia.

El equipo de Hawley intervino hasta que llegó el tambo al Semefo, al día siguiente del descubrimiento. Allí, a las 5:50 de la mañana del 16 de mayo, comenzó su trabajo.

Primero procesaron el tambo para rescatar cualquier información: huellas, número de serie, material. Después comenzó la peor parte: sacar el cuerpo de la niña sin daños para conseguir el mayor número de evidencias. Para eso tuvieron que comprar mazos y cinceles, y durante seis horas quebrar poco a poco el bloque de cemento.

Entre las capas encontraron lilas, una flor que no había en la zona donde encontraron el cuerpo, lo que indicaba que la habían trasladado. Quién sabe si viva o muerta.

Ya libre el cuerpo, el médico forense detectó la marca de una lesión y la dictaminó como posible causa de muerte. La herida tenía una particularidad: parecía una ranura de alcancía, lo que descartaba el uso de un chuchillo o un martillo.

“Parece poco, pero esos datos nos permitieron no comenzar de cero la búsqueda de la posible arma homicida”, explica Hawley.

A las 12 del día, cuando habían terminado de sacar el cuerpo de la necrocirugía, Hawley y su equipo tuvieron que abandonar el lugar. “Un jefe de Periciales llegó y nos corrió”, recuerda. Les dijo que no eran gente de confianza, les retiró los celulares y los mandó a cateos en lugares donde no había nada qué buscar.

Airis Estrella Enriquez Pando, secuestrada, violada y asesinada en mayo de 2005 en Ciudad Juárez

A partir de ese momento, hubo una secuencia de errores que afectó la recolección de evidencia. El más grave: lavaron el cuerpo antes de tomar muestras de ADN. “No aplicaron el protocolo que obliga a revisar el cuerpo y sus cavidades, con y sin ropa, después lavarlo y volverlo a revisar”, explica Hawley.

Cabellero advierte que fue un gran error porque la niña había sufrido abuso sexual y no hubo la precaución de preservar la posible evidencia de ADN que ayudara a identificar al agresor.

En adelante, la resolución del homicidio dependió prácticamente de la labor de investigación que encabezó Caballero.

Hay casos que la suerte inclina hacia la justicia y el de Airis fue uno de ellos.

La investigación tomó rumbo cuando dos hombres, padre e hijo, vieron a la niña con vida en poder de su secuestrador, a bordo de una camioneta que ellos le habían vendido.

“Les debía dinero y lo buscaron para cobrarle”, recuerda Caballero. Lo localizaron mientras circulaba y lo interceptaron. Cuando los hombres se acercaron al camión, vieron a la niña salir de la parte trasera. El hijo la reconoció y el padre se convenció cuando vio en un auto el cartel con la foto de Airis.

Habían acordado encontrarse con él por la tarde para que les pagara la deuda de 15,000 pesos y a la cita llegaron acompañados de la policía.  “Los agentes revisaron el camión, pero no encontraron nada y –otro error– tampoco avisaron a la fiscalía. Nadie sabe por qué”, dice Caballero.

Los dos hombres viajaron después a la ciudad de Chihuahua, donde el padre le relató a su hermana y su esposo, un ingeniero, lo que había sucedido. Su cuñado le recomendó hacer una carta anónima y entregarla a la autoridad. “Dio santo y seña del secuestrador: su domicilio, el vehículo que conducía y dónde ubicarlo”.

Por esos días el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, tenía previsto un acto en una secundaria. Allí el ingeniero le entregó la carta. Al leerla, Baeza llamó a la entonces procuradora Patricia González, localizaron al ingeniero y Caballero lo interrogó.

Luego de más de 60 días de investigación, la policía ministerial detuvo a Luis García Villalbazo, de 60 años, el 24 de junio de 2005. Una pequeña que jugaba cerca del lugar donde secuestraron a Airis lo identificó como el hombre que se llevó a su amiga.

Durante la investigación, los agentes relacionaron a García Villalbazo con otras tres violaciones de niñas que habían sido secuestradas de la misma manera y en sectores aledaños al lugar donde había desaparecido Airis.

El hombre aceptó la violaciones pero no el asesinato de Airis. “Todo el tiempo sostuvo que él no la había matado”, recuerda Caballero.

Después de la detención, volvió al caso el equipo de Hawley.

¿Cómo es la experiencia de trabajar en la escena del crimen?

A la detención de García Villalbazo, siguieron las de sus cómplices: Eustacio Alemán, Juan Manuel Alvarado y Rogelio Sandoval.

Uno de ellos aseguró que Airis llegó muerta al predio donde la abandonaron en el tambo lleno de cemento. “Mentía”, dice Hawley. “Pudimos encontrar su ADN sobre un cartón en el que habían salpicado cemento. “La niña había llegado viva a la choza y allí la mataron”.

Las confesiones de los implicados se sucedieron, “y sin un solo golpe”, dice Caballero, orgulloso de que su equipo de investigación no tiene activado el Protocolo de Estambul (que procede para casos de tortura) desde 2005 “No tenemos un solo agente bajo sospecha de tortura, precisamente porque aquí se privilegia la investigación”.

En adelante, el equipo de peritos criminalistas de campo se volcó en los cateos para buscar pruebas en contra de García Villalbazo y su cómplices. “Necesitábamos establecer el principio de correspondencia. Que el delito relacionara al agresor y la víctima. Conjugarlo todo”, explica Hawley.

Al cateo en la casa de García, dice, “íbamos a buscar a Airis”. Es decir, buscarían pruebas que comprobaran que había estado allí. Lo primero que vieron al llegar fue un árbol de lilas, como la flor que habían hallado al rescatar su cuerpo del bloque de cemento.

En las siguientes 11 horas desnudaron la casa, aplicaron químicos, levantaron evidencia de los pisos, se llevaron los filtros de la lavadora y la aspiradora. Revisaron cada habitación y recolectaron todo.

“Yo iba por evidencia biológica y también por evidencia de comportamiento, como pornografía infantil”, dice Hawley.

No encontraron nada. Sin embargo, al revisar el dormitorio del inculpado y voltear el colchón, encontraron manchas cafés. Utilizaron agua oxigenada para comprobar que se trataba de un elemento biológico. Después rociaron Emident, un químico que les habían facilitado agentes del FBI, quienes acompañaron la diligencia junto con policías de El Paso. “Nos dio positivo en sangre, pero no sabíamos si era humana”, dice Hawley.

Al final aplicaron luminol y sobre la tela del colchón comenzaron a dibujarse unos dedos pequeños: eran las huellas de una de las niñas violadas, comprobaron después los peritos.

El abogado del inculpado, que durante todo el cateo había acusado a gritos la siembra de pruebas, renunció a la defensa y se hizo coadyuvante en la investigación. “Desgraciado, hay que meterlo a la cárcel”, les dijo a los peritos y los ministeriales que estaban en el lugar. Para evitar cualquier sospecha, Hawlye le pidió que iniciara con ellos la cadena de custodia. “Todos firmamos: la fiscal, los químicos, los peritos, la dueña de la casa y el abogado”.

No encontraron rastros de sangre de Airis, pero en el patio de la casa estaba el cincel con el que la había matado.

Con esa evidencia pudieron acreditar la responsabilidad del García Villalbazo, quien recibió una sentencia de 92 años de cárcel, luego de un proceso que duró año y medio. Sus cómplices recibieron, cada uno, condenas de 44 años de prisión.

Sólo uno de ellos, Estacio Alemán Zendejas, fue liberado en 2008 por falta de pruebas en su contra. Dos años después, apareció muerto en su domicilio.

Desde su paso por la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, entre 2003 y 2007, Hawley se dedicó a elaborar protocolos periciales para los crímenes de mujeres, con el apoyo de la entonces fiscal, Ángela Talavera.

Necesitábamos que los policías resguardaran la escena, que no la contaminaran”, dice el perito criminalista. Así, organizó todas las evidencias de los delitos contra mujeres acumuladas en el Semefo, que entonces tenía como sede la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Un día de pronto dieron la orden de quemar toda la evidencia. Hawley no lo podía creer. Allí podía haber evidencia útil, le dijo a la fiscal. Le respondió con la instrucción de fotografiar para elaborar un archivo. Pero en la fiscalía no había cajas ni presupuesto para comprarlas, de modo que fue a los supermercados y las tiendas de conveniencia a pedir que se las regalaran.

“Rescatamos evidencias genéticas que datan de 1993, pero sólo de mujeres. No pude rescatar más porque no me dejaron”. Por fortuna, dice, muchas de esas evidencias se incorporaron entre 2004 y 2005 a los laboratorios de genética forense.

En cambio, todo lo que correspondía a los hombres y otros eventos fue desechado y dejado en una fosa en el panteón.

Al frente de servicios perciales hizo lo mismo: diseñar protocolos para la preservación de pruebas. “No fue nada nuevo, jalamos lo que ya estaba hecho, sobre todo de los gringos, y elegimos lo que más nos servía”.

Tan buenos resultaron, dice, que el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la PGR lo copiaron y ahora lo presentan como suyo, pero “es el que formamos aquí”.

Los peritos Héctor y Karen respoden: ¿Cuántas fotografías toman de la escena del crimen? ¿Qué protocolos deben cumplir?

A Hawley parece que lo obsesionan los protocolos porque está convencido de que la falta de estos pueden afectar toda la investigación.

Los protocolos son bien claros, explica. “Allí dice que no se deben meter, que se debe preservar la escena, que la evidencia debe ir resguardada con etiquetas de tal dimensión. Ya tenemos todo y aun así…”.

Para Hawley, la correcta aplicación de los protocolos depende mucho del Ministerio Público. Él es el jefe de la investigación, dice, y tiene como auxiliares al investigador criminal, que es el policía propiamente dicho, y al policía científico, que es el perito.

Si el MP no diferencia la labor de uno y otro, es probable que eche a perder mucho en la escena, y eso sucede en la mayoría de los casos, por una razón: prevalece la idea de que el MP o el policía ministerial son los primeros que deben entrar a la escena, y luego dejar el espacio a los peritos.

“Para cuando nosotros llegamos, ya movieron algo o encontramos decenas de pisadas que nos afectan la escena”, dice Hawley al insistir que los policías en general no saben todos los aspectos de la evidencia que los peritos pueden revelar. “No pueden hacerlo porque no tienen formación forense y no son especialistas en escena”.

Hawley lamenta que incluso el nuevo Código Nacional de Procedimiento Penales, que deberán adoptar todos los estados antes de junio de 2016, haya soslayado el peso de la figura del perito y entregado el control de la escena al agente investigador.

“No sé a quién consideraron para hacerlo, pero la implementación de ese código sí nos va a dar mucho al traste en nuestra labor como peritos”, dice.

Sin embargo, el tema de fondo podría ir más allá de quien tiene control o acceso preferente – cabe  señalar que también las tareas periciales son susceptibles de equivocaciones, malas prácticas y falta de completa comprensión por público no especializado. En ese sentido, no se trata de una confrontación. De hecho, la comunicación entre el investigador y el perito es fundamental y debe apegarse a un equilibrio cuidadoso. Como señalan la experiencia internacional, y organizaciones como el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), lo más apremiante es que se respeten a cabalidad los protocolos de resguardo y recopilación de evidencia y que tanto ministerios públicos como policías investigadores tengan capacidades y sensibilidad para conservar la mayor evidencia posible sin poner en riesgo su calidad.

Lo que de momentos asemeja una obsesión en Hawley y su equipo por el cumplimiento estricto podría ser la respuesta para garantizar verdadera confiabilidad de la evidencia. Incluso si esta se encuentra en algo tan inverosímil como una cáscara de cacahuate.