MEDIDAS ALTERNAS A LA CÁRCEL

Es viernes por la tarde y a Osvaldo le toca ir a la Unidad de Medidas Cautelares de Morelos (Umeca). Tiene que firmar para dar constancia de que está en Cuernavaca, mientras continúa su proceso penal por lesiones causadas a su hermano durante lo que describe como “una pelea de hombres”.

La visita no le toma más de 15 minutos: llega a la pequeña oficina de la Umeca, se sienta frente a alguno de los 10 escritorios, responde a las preguntas de la operadora que lo recibe ese día, firma y se va.

Osvaldo enfrenta su proceso con restricciones pero en libertad. “No puedo acercarme a mi hermano”, dice. Pero al menos “no me recluyeron porque no tengo antecedentes, no soy delincuente y es la primera vez que me pasa esto”, explica este hombre de 40 años, que tiene un brazo fracturado y presenta golpes en la cara.

Dentro del sistema de justicia penal mexicano existen fundamentalmente dos momentos en los que una persona puede ser privada legalmente de su libertad: uno es como medida cautelar previa al juicio (lo que se conoce como prisión preventiva), y el segundo es posterior a la sentencia de un juez, quien de acuerdo a su criterio establece explícitamente una sanción que implica tiempo en prisión.

Racionalizar el uso de la prisión preventiva y garantizar el principio de presunción de inocencia son dos objetivos del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, a seis años de la reforma constitucional correspondiente, sólo 16 entidades han avanzado en la implementación de medidas cautelares distintas a prisión preventiva.

En el país 41% de las personas en prisión no han recibido sentencia, es decir, son inocentes en términos legales, de acuerdo con datos del sistema penitenciario nacional.

Dos escenarios

1. Al salir de una fiesta, Jonathan Eduardo y dos primos suyos abordan un microbús. Antes de bajar, le arrebatan sus bolsas de mano a tres pasajeras. En su intento de huida, la policía los detiene, recupera las bolsas y las devuelve con todas las pertenencias.

2. Luis Margarito sube a un microbús y toma 556 pesos del conductor. Con un grito desde la ventana del vehículo, una pasajera avisa a la policía, quien rápidamente lo alcanza, recupera el dinero y se lo devuelve al conductor.

Jonathan Eduardo y Luis Margarito robaron. En lugares y momentos distintos. Uno en la ciudad de México, en 2010, y el otro en Morelos, en 2014.

Luis Margarito pasó dos semanas en los separos de Cuernavaca, enfrentó una audiencia oral en la que el juez le impuso medidas cautelares en libertad y tuvo que pagar una fianza de 200 pesos.

Jonathan no tuvo este beneficio. Desde el inicio de su proceso, y hasta hace unos meses, estuvo privado de su libertad: un total de 4 años y 2 meses en prisión. Salió con beneficios anticipados, pero él ya no es el mismo. “Se volvió muy callado, se aísla y sólo quiere estar encerrado”, dice Lourdes, su madre.

Luis Margarito tiene que ir cada semana a la Umeca, está en proceso de desintoxicación y trabaja para mantener a sus cuatro hijos mientras su juicio continúa. Es probable que no pise la cárcel.

“Cuando cumplen sus medidas cautelares, es muy raro que alguno sea sentenciado y vaya a prisión, pues en general se trata de delitos no graves”, explica Sandra Román, directora de la Umeca en Morelos.

En Morelos el sistema de justicia penal oral arrancó en 2008 y desde agosto de 2012 ofrece a las personas que cometen delitos no graves la posibilidad de esperar su juicio sin ir a prisión preventiva.

En la Ciudad de México, en cambio, donde apenas en enero de este año comenzó a operar el nuevo sistema, la cárcel ha sido la principal medida de administración de justicia.

Audiencia donde la Juez impone y explica medidas cautelares en libertad a Luis Margarito

El 40% de los internos está preso por robos menores o narcomenudeo, de acuerdo con el documento Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México, elaborado en 2010 por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

“La mayoría de personas en la cárcel en el DF está por delitos menores, por malas defensas, porque tuvieron un defensor de oficio que no hizo nada o un abogado que sólo les robó. Son gente de escasos recursos, y no porque sólo ellos violen la ley, sino porque las personas con más dinero tienen mejores defensas”, dice Roberto Cortés, de Documenta.

El 40% de los internos está preso por robos menores o narcomenudeodatos del CIDE

Seguir un proceso desde la prisión implica perder el trabajo, mermar la salud, sufrir la condena social y afectar a la familia, advierte Guillermo Zepeda Lecuona en el documento “Los mitos de la prisión preventiva”, publicado por Open Society Institute.

Jonathan y su familia lo saben. Cuando él fue a la cárcel, Lourdes, su madre, perdió el trabajo en varias de las casas donde trabajaba y en la calle llamaban a su hogar ‘la casa de los rateros’.

“Perdimos amigos, mucha gente se retiró de nosotros y hasta la propia familia ya no nos veía igual y no nos invitaba como antes. Incluso una de mis tías ya no me dio trabajo”, relata Lourdes, quien ahora prefiere guardar silencio sobre el encarcelamiento de su hijo para no perder sus empleos.

A pesar de las consecuencias de la prisión preventiva, todavía son poco comunes las medidas cautelares en libertad para las personas que enfrentan un juicio.

41% de las personas en prisión en México no han recibido sentencia, es decir, son inocentes en términos legalesdatos del Sistema Penitenciario Nacional

Juicios en libertad

Morelos, Puebla, Nuevo León, Tabasco, Baja California, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Yucatán y Durango son estados que ya cuentan con programas y unidades de medidas cautelares, cuyo objetivo es permitir a una persona seguir su proceso penal en libertad, por un delito no grave. El juez es el encargado de imponer este tipo de medidas, que buscan garantizar que el imputado no huirá mientras enfrenta su proceso. Para lograrlo, las unidades de medidas cautelares y oficinas similares vigilan de forma externa a las personas imputadas por un delito.

El Sistema de Justicia Penal prevé como medidas cautelares en libertad la presentación periódica ante el juez o la autoridad asignada, la asistencia a las audiencias del juicio, trabajar o estudiar, pagar una garantía económica, prohibir la salida del país o de la localidad, y restringir el acercamiento a una localidad o domicilio por violencia familiar.

Los jueces también pueden obligar a que el imputado se someta al cuidado y vigilancia de una institución determinada, que use localizadores o brazaletes electrónicos, imponer el arraigo en domicilio, prohibir la convivencia con personas determinadas, suspender derechos, y obligar el internamiento en centros de salud, de adicciones o psquiátricos, entre otros.

Sanciones alternativas, a marchas forzadas

En el proceso que ha seguido el SJP, la aplicación de sanciones alternativas a la prisión ha tenido un avance todavía más lento que las medidas cautelares. Este tipo de penas sustituyen a la prisión una vez que un juicio ha encontrado culpable a una persona que comete un delito no grave.

Las leyes de estados como Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán ya consideran en sus códigos penales y leyes las sanciones alternativas a la prisión, pero la aplicación más extendida es el cobro de una multa o la reparación del daño. Otras alternativas, como el trabajo a la comunidad están presentes en sus cuerpos legales pero no hay mecanismos o instancias diseñados para aplicarlas.

Cualquiera de estos caminos alternos habría significado una oportunidad para Dorian, un joven de 28 años con un padecimiento parecido al mal de Parkinson, quien lleva cinco años en el penal de Santa Martha, acusado de robar un automóvil con violencia verbal, a pesar de que no sabe manejar y no puede hablar claramente.

“Dorian puede ser mal hablado, pero no alcanza a hacer cosas más fuertes”, relata Rebeca, su madre, preocupada por la suerte que corre su hijo en la cárcel.

“Es muy inocente y ahora convive con gente que lo maltrata y le pega y me lo han quemado con cigarros. En alguna ocasión incluso lo aventaron sobre una parrilla con resistencia”, dice.

La madre de Dorian podría haber pagado una fianza para sacarlo, pero de dónde iba a sacar 150 mil pesos. “Las mismas trabajadoras sociales me han dicho ya llévese a Dorian, no puede estar aquí”.

“Las mismas trabajadoras sociales me han dicho ya llévese a Dorian, no puede estar aquí”Mamá de Dorian, quien está en el penal de Santa Martha.

Chihuahua es una de las entidades que desde el 2014 aplica un modelo piloto de trabajo comunitario como sanción alternativa. En coordinación con la alcaldía de ese estado, a mediados de 2014 se implementó un programa de trabajo comunitario como sanción alternativa a la prisión. Los 70 sentenciados que se encuentran bajo la jurisdicción de este programa piloto trabajan los fines de semana en la limpieza y mantenimiento de las plazas públicas y jardines de la capital de dicho estado en jornadas de ocho horas sábado y ocho horas el domingo, o bien en jornadas de tres horas diarias de lunes a viernes, la opción que resulte compatible con su trabajo y otras actividades.

“Sanciones como tratamiento en libertad, trabajo en favor de la comunidad o semilibertad son impuestas en muy escasas ocasiones, por no decir que están en desuso”, apunta Guillermo Zepeda en el documento “Situación y desafíos del sistema penitenciario mexicano”, elaborado para México Evalúa.

Un primer obstáculo para que se materialicen estas sanciones es que actualmente en los códigos penales son muy pocos los delitos que contemplan una pena distinta a la prisión. Así lo explica Carlos De la Rosa, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

Un segundo motivo que impide la instrumentación de sanciones alternas es que no hay la infraestructura, los recursos y la organización para darles seguimiento, advierte Zepeda. “Si un juez impusiera la sanción de trabajo en servicio de la comunidad, no podría remitirlo a una dependencia que estructure y dé seguimiento”, asegura.

Las estadísticas judiciales en materia penal del INEGI del año 2012 estiman que las sanciones alternativas a la cárcel quizá se utilizaron en un porcentaje de alrededor de 3.6% de sanciones en ese año, cifra que incluye tres tipos de sanciones: el pago de multas, la reparación del daño y la combinación de ambas.

Otras medidas intermedias de sanción para delitos no graves cometidos por primodelincuentes contempladas por los estados incluyen la salida de prisión los fines de semana, el internamiento de fin de semana, el internamiento nocturno, la condena condicional y la suspensión del proceso a prueba, en las que las personas implicadas no van a prisión, sino que realizan la reparación del daño y cumplen en libertad diversas exigencias similares a las de las medidas cautelares. En la última modalidad, el proceso se suspende y al cabo de algún tiempo se sobresee sin que queden antecedentes penales.

Los daños colaterales

Las medidas cautelares y las sanciones alternativas para quienes cometen un delito menor significan la posibilidad de evitar las consecuencias del encarcelamiento. Entre ellas la ruptura familiar, el estigma social y los costos de la prisión para el Estado y la familia.

Cada persona en prisión le cuesta al Estado 150 pesos al día en promedio, de acuerdo con el reporte “Situación y desafíos del sistema penitenciario mexicano”. Los familiares además tienen que proveer a los internos de los recursos suficientes para sobrevivir, frente a la falta de oportunidades laborales en las prisiones.

Para pagar el costo de la vida en la cárcel, los internos necesitan entre 100 y 150 pesos al día, que distribuyen de la siguiente manera: los custodios cobran 25 pesos por pasar lista y otros 25 por permitirle estar otro rato en el patio; si quieren hablar por teléfono tendrán que pagar entre 20 y 30 pesos y un bote agua para tomar o bañarse les costará 5 pesos. También tendrán que dar 10 pesos si quieren lavar su ropa, y entre 35 y 40 por una cobija para resguardarse del frío.

La familia además tendrá que suministrarles regularmente productos de aseo personal y alimentos, pagar por introducirlos al penal.

Los “Resultados de la primera encuesta realizada a población interna en centros federales de readaptación social” muestran que un mes antes de su detención, 92% de los hombres y 79% de las mujeres trabajaba y que 78.8% de ellos y 88.4% de ellas tiene hijos.

Al entrar a prisión, los gastos aumentan y las responsabilidades se trasladan al resto de la familia.

Durante los cuatro años que Jonathan estuvo en la cárcel, su madre, el marido de ésta y su tío se hicieron cargo de él, de su esposa y sus dos hijos.

“Cada visita semanal me salía en mil 300 o mil 500 pesos”, relata Lourdes, la madre de Jonathan, quien limpiaba una o dos casas al día para apoyar a su hijo, y además tomaba dinero prestado a su marido y su hermano –el primero lava parabrisas en un crucero de avenida Vallejo y el segundo coloca anuncios espectaculares.

A Rebeca, la madre de Dorian, le quedan entre 700 y 900 pesos de su quincena después de los descuentos que le hacen en su trabajo. Entre sus deudas, está el pago a los abogados privados que contrató para sacar a su hijo del penal de Santa Martha, donde se encuentra desde hace cinco años.

De su quincena, Rebeca le deja a Dorian 200, es todo lo que puede darle.

La mamá de Jonathan describe los costos que le representó el periodo que su hijo estuvo en prisión

Casos de éxito

Chihuahua y Morelos son dos de las entidades que aplican con más éxito programas para evitar el abuso de la prisión preventiva. En ambos casos, el índice de cumplimiento de estas medidas es mayor a 90%, y cuando no hay éxito generalmente ocurre debido a la imposibilidad de llevar a cabo lo que se impone, reconocen autoridades de los dos estados.

Quienes ejecutan estos programas en ambos estados han aprendido sobre la marcha qué funciona y qué no. Pero sus operadores coinciden en una cosa: es esencial “cambiar el chip” en el resto del aparato de justicia, es decir, presentar a los equipos, explicar qué hacen y cómo funcionan, involucrar a jueces, policías y ministerios públicos, y hacer una intensa labor de sensibilización institucional.

Juan Salgado, investigador del CIDE, explica que lo más importante para implementar exitosamente las medidas cautelares es la coordinación interinstitucional.

“Primero hay que adoptar debidamente el código penal a las circunstancias locales, hay que contar con una ley de ejecución de sanciones precisa, que especifique cuáles son las medidas, cómo y quién las aplica, y que no dé margen a interpretación”, dice.

Salgado además destaca que el Ejecutivo debe coordinar las funciones judiciales con las administrativas, porque el Poder Judicial dicta las medidas, pero es una autoridad administrativa la que las aplica.

“Si no hay coordinación, no va a funcionar”, advierte.

Morelos, la garantía del diagnóstico

¿En dónde vives? ¿Con quién? ¿Me das el teléfono de alguien que te conozca? ¿Hasta qué grado estudiaste? ¿Consumes alguna droga? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿En qué trabajas? ¿Tienes hijos?

A través de las rejas de los separos, los evaluadores de la Umeca de Cuernavaca sueltan esta batería de preguntas a quienes son remitidos por la posible comisión de un delito.

En las siete celdas están 15 personas detenidas, pero habrá días en que el cupo alcance más de 30. En este mañana de viernes, dos mujeres ocupan una, y en otras tres hay entre dos y cinco hombres. Tres más están desocupadas.

En cada pequeña celda hay cuatro camas de cemento empotradas a la pared. Ahí, los hombres y las mujeres esperan, mientras dos evaluadores de la Umeca les aplican el cuestionario sobre quiénes son y qué hacen en su vida cotidiana, sin importar la razón por la cual se encuentran ahí.

La Umeca forma parte de la Dirección General de Reinserción Social, que depende de la Secretaría de Gobierno de Morelos.

Con un equipo de 30 personas divididas en sus tres oficinas regionales (21 en Cuernavaca, 5 en Cuautla y 4 en Jojutla), esta unidad incorporó por primera vez en América Latina los servicios previos al juicio. Esto significa que investiga el riesgo procesal que cada imputado representa para la sociedad, a partir de sus vínculos familiares y sociales, de información sobre de su entorno y de datos no vinculados con el delito por el que se le acusa.

Con esta información, obtenida mediante un cuestionario directo cuyas respuestas son posteriormente verificadas en campo y por teléfono, se elabora una opinión técnica o evaluación de riesgos procesales. La Umeca entrega los resultados al juez, al defensor y al fiscal, a fin de que tengan más herramientas para imponer una medida cautelar en libertad o bien prisión preventiva. Cada día, la Umeca evalúa entre 1 y 30 casos.

“La opinión técnica sí se utiliza, tal vez en cinco de diez casos”, explica Ángel Corona Jiménez, coordinador de evaluación de la Umeca Morelos.

Si hay riesgo, dice, el Ministerio Público la puede usar, y si el riesgo es bajo, la utiliza el defensor. “Con esta evaluación ofrecemos información fresca y veraz a las partes para que el juez pueda imponer una medida cautelar racionada, y la prisión preventiva no sea la primera opción”.

De agosto de 2012 a septiembre de 2014, los evaluadores de la Umeca han realizado cerca de 7,200 entrevistas de servicios previos al juicio, que brindan información de contexto para tomar mejores decisiones.

La Umeca además administra y vigila el cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión que se imponen en la entidad. De agosto de 2012 a agosto de 2014, ha supervisado a 3,130 personas.

Lo importante de estas medidas es que pueden detectar que “hay gente que no representa un riesgo para nada”, señala Ana Aguilar García, del Instituto de Justicia Procesal Penal.

Siempre faltan recursos

Como todas las unidades de medidas cautelares en el país, la Umeca de Morelos enfrenta la falta de recursos económicos, humanos y materiales.

En las oficinas de Cuautla y Jojutla falta personal, y en la de Cuernavaca sólo hay tres vehículos para todas las salidas de seguimiento. El presupuesto del que disponen es únicamente para la nómina. Para utilizar los vehículos les dan vales de gasolina. Hasta ahí llegan los recursos.

Los 26 evaluadores y operadores de la Umeca Morelos perciben 5,708 pesos mensuales, aunque el número de casos aumenta progresivamente. “Empezamos con carga cero, pero ahora estamos sobresaturados. Si disminuye la prisión preventiva, aumentan las medidas cautelares en libertad y aumenta nuestra carga de trabajo”, explica Sandra Román, su directora.

En este proceso de ensayo y error, en la Umeca detectaron abusos y contradicción en la imposición de las medidas cautelares no privativas de la libertad, lo que ocasionó que algunos imputados no cumplieran. Por ejemplo, hubo casos en que los jueces impusieron el arraigo y, al mismo tiempo, trabajar y estudiar.

“Se ha ido corrigiendo, pero todavía sucede”, señala Blanca Solares, coordinadora del área de supervisión de la Umeca.

De una lista de 16 condiciones, explica, como mínimo se imponen 8 ó 9 a una persona. “A veces falla el análisis del juez para imponer una medida adecuada, y hay un abuso en las imposiciones: ir a escuela, trabajar, mantener a la familia, examinarse, tomar terapia, ir a las audiencias. Esa saturación a veces impide el cumplimiento”.

Funcionamiento de la Unidad de Medidas Cautelares en Morelos

Chihuahua: desahogo de las prisiones

Durante los años en los que los índices de violencia en Chihuahua se dispararon, esta entidad comenzó la aplicación de medidas cautelares distintas a prisión, entre otros cambios en su modelo de impartición de justicia.

De 2007 a septiembre de 2014, en Chihuahua se han impuesto 58,505 medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva a poco más de 17 mil imputados por delitos como lesiones imprudenciales, lesiones no graves, violencia familiar sin lesiones graves, robos sin armas ni agravantes.

En esta tarea colaboran 52 personas en todo el estado, cuyo salario va de los 9 a 11 mil pesos mensuales.

En la entidad también hay un programa de suspensión para personas liberadas a prueba, quienes deben cumplir las medidas que dicta el juez, e incluso hacen trabajo comunitario bajo la coordinación del ayuntamiento de Chihuahua. Al entrar a este tipo de programas, a los inculpados no les quedan antecedentes penales.

“Antes, sólo había caución, fianza y prisión preventiva. Un juicio podía tardar entre dos y seis años con la persona implicada en prisión. Hicimos un cambio paradigmático en la forma de impartir, administrar y ejecutar la justicia”, señala Raúl Ferraez Arreola, director jurídico de la Fiscalía especializada en la ejecución de penas y medidas judiciales de Chihuahua, organismo que depende de la Fiscalía general del estado.

Para cerrar la pinza, en esta entidad el programa de medidas cautelares alternas a la prisión preventiva se complementa con algunas alternativas a la prisión para sentenciados que cometieron delitos no graves.

Además del programa piloto de trabajo comunitario, aplican otras sanciones alternativas, como la multa, la suspensión condicional (mediante la cual la persona sentenciada no ingresa a prisión, repara el daño y cumple requisitos similares a las medidas cautelares), y un programa intermedio de internamiento durante el fin de semana, que permite a la persona sentenciada estar en su casa y trabajar de lunes a viernes.

Tabasco: medidas en un entorno rural

Tabasco inició la aplicación de medidas cautelares en libertad en 2012. La primera Umeca comenzó a operar en el municipio de Macuspana, el 28 de septiembre ese año. En octubre pasado abrió una oficina más y durante 2015 proyecta oficinas en otros cuatro municipios.

A diferencia de Morelos, en Tabasco las evaluaciones previas al juicio sólo se llevan a cabo cuando el ministerio público las solicita. El resultado lo reciben el abogado defensor y el fiscal, pero no el juez.

Desde su apertura, la Umeca de Macuspana ha provisto la vigilancia de las medidas cautelares y la evaluación de riesgos previa al juicio. Allí trabajan 3 evaluadores y 3 supervisores, quienes ganan aproximadamente 14 mil pesos. A la fecha, su personal suma 203 evaluaciones previas de riesgo y ha logrado medidas cautelares distintas a la prisión en aproximadamente la mitad de esos casos.

Macuspana es una región rural de ríos y lagos. Allí hay personas sujetas a proceso que no tienen teléfono, viven en zonas alejadas y no tienen recursos suficientes para cruzar el río y llegar a la Umeca, por lo que la labor de los supervisores incluye muchas visitas de campo.

La situación es todavía más difícil durante la temporada de lluvia. En 2013 un puente se cayó y tuvieron que cruzar el río en panga para vigilar el cumplimiento de medidas en las zonas más alejadas.

Para sortear estos problemas, la Umeca Macuspana ha hecho acuerdos con los delegados municipales en cada comunidad, a fin de que ellos ayuden a mantener comunicación con los vinculados.

Laura López Pérez, evaluadora de riesgos, explica que cada acusado tiene una supervisión y estrategia distinta. “Aquí la gente está de 6 a 12 en el campo o en las huleras. Hay personas que son campesinos y no cuentan con recursos. Entonces nosotros vamos a supervisarlos muy temprano o muy tarde, o a veces vamos a sus trabajos sin que sepan porque las visitas no son programadas”.

Asegura que quienes están sujetos a proceso generalmente cumplen con las medidas, “pero no está de más darse una vueltecita en su entorno social, y más cuando se trata de casos de violencia”.

Como en otras entidades, la Umeca tuvo durante los primeros meses una carga de trabajo muy baja, porque su labor era poco comprendida y no se les solicitaban apoyo. A lo largo del 2013 realizaron conversatorios con otras instituciones para explicar quiénes eran y cuál era su trabajo.

Para mejorar el cumplimiento de medidas cautelares distintas a la prisión, la Umeca tiene actualmente acuerdos con Alcohólicos Anónimos, hospitales psiquiátricos, especialistas en adicciones y están por firmar un acuerdo con la Secretaría de Salud estatal.

En 2013 un puente se cayó en la región de Macuspana, Tabasco y los evaluadores tuvieron que cruzar el río en panga para vigilar el cumplimiento de medidas en las zonas más alejadas.

Resultados alentadores

En México las cárceles son bodegas de seres humanos donde la rehabilitación es impensable, resalta el informe “Los mitos de la prisión preventiva”, publicado por Open Society Institute.

El documento advierte que, en promedio, las prisiones están a 134% de su capacidad y hay casos en los que sobrepasan 270%. Esta situación causa violencia, autogobiernos, hacinamiento e insalubridad, se apunta.

Las medidas cautelares en libertad aún no son suficientes para revertir la sobrepoblación, pero hay indicadores positivos en los estados que las aplican.

En Chihuahua las cárceles tienen capacidad para alrededor de 8 mil personas. Con las 17 mil personas que recibieron otras medidas cautelares en los pasados 8 años –en vez de ir a prisión preventiva–, las autoridades evitaron el ingreso a centros penitenciarios de poco más de 2 mil imputados por año, es decir, se evitó en poco más de 25% la saturación en los penales.

En Macuspana, Tabasco, más de 100 personas están bajo medidas cautelares no privativas de la libertad, y actualmente sólo hay 24 en prisión preventiva debido a acusaciones de delitos graves, como secuestro, violencia sexual y pederastia, de acuerdo con Adriana Patricia Méndez, directora de la Umeca municipal.

Otra ventaja de las Umeca es que los tiempos de juicio se acortan, pues mientras una persona puede permanecer hasta dos años en prisión preventiva de acuerdo con el código del estado, cuando entra a un proceso de medidas cautelares en libertad, el plazo se reduce a 9 ó 10 meses.

También hay notables diferencias en los costos. En 2012, mantener en Chihuahua a una persona en prisión costaba 160 pesos diarios. La vigilancia externa, en cambio, tenía un costo de menos de 25 pesos, de acuerdo con la Fiscalía especializada.

La Umeca de Morelos, por su parte, reporta que la vigilancia externa cuesta 11 pesos al día, frente a los 170 de un día de prisión por persona.

“Un buen uso de las medidas puede generar el cambio necesario para que el sistema responda a la víctima, al imputado y a los derechos de ambos para lograr equilibrios”, dice Ana Aguilar, del Instituto de Justicia Procesal Penal.

Con las Umeca, afirma, se está logrando un acercamiento más personalizado con quienes siguen un proceso, lo que influye en que cumplan las medidas, pues saben que hay consecuencias.

“Esto es importante porque no estamos acostumbrados a que haya consecuencias por lo que hacemos”, dice la especialista.

Las medidas cautelares y las sanciones alternativas son dos herramientas que pueden hacer la diferencia ante los rezagos del sistema de justicia penal mexicano. No sólo para lograr la “reinserción social” de la persona, sino también para mejorar las condiciones de los penales, bajar los costos para el Estado y la sociedad, y reducir el impacto sobre la vida de las familias.

Juan Salgado, del CIDE asegura que “la prisión preventiva debe cumplir con funciones específicas como evitar que el indiciado pueda huir. Pero con los mecanismos y la tecnología que tenemos, hoy no es necesario privar de la libertad a una persona”.

Esto puede ahorrar en infraestructura carcelaria y permitir más eficiencia en el uso de espacios penitenciarios, dice.

“Además sería importante para resguardar los derechos de las personas indiciadas, que deberían enfrentar su proceso en libertad en tanto un juez no las halle culpables”.

Tanto la experiencia de familiares como el análisis de especialistas coinciden: la prisión, en cualquier momento, debe ser el último recurso para la impartición de justicia y no el primero, como sucede ahora.

Mantener a una persona en prisión: 160 pesos diarios. Vigilancia externa: menos de 25 pesoscálculo de la Fiscalía especializada en ejecución de penas en Chihuahua