El pasado 2 de diciembre el Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores la propuesta de iniciativa de reforma constitucional a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la constitución general de nuestro país con el propósito de modificar el arreglo institucional en materia de seguridad pública que hasta este momento, es una función compartida entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
En este sentido y con el propósito de documentar adecuadamente la propuesta del Ejecutivo, y con ello impulsar un debate en torno a la materia pero con conocimiento de causa, debo destacar los elementos más importantes plasmados en la misma. Por principio de cuentas la iniciativa establece que en el período 2006 – 2012 las denuncias por el delito de homicidio doloso se incrementaron en un 84%; las relativas a los secuestros en un 92%; mientras que las relacionadas con la extorsión crecieron en un 130%. De igual forma se debe destacar que en el período comprendido de 2012 a 2014 el homicidio doloso ha disminuido, mientras que el secuestro y la extorsión han mantenido su tendencia. En este sentido, es de destacar que no se maneja cifra alguna que respalde dicha afirmación para ese período.
Se considera que las policías municipales han sido objeto de la infiltración del crimen organizado por lo que carecen de la credibilidad y de la confianza de los ciudadanos. Al respecto, continúo con la iniciativa, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2013 realizada por el INEGI, el índice de confianza de la ciudadanía se compone de la siguiente manera: policías municipales (39.2%), policía federal (55%), ejército (80.1%) y la marina (83.1%).
Se considera de igual forma que el actual modelo de concurrencia entre los niveles de gobierno ha traído como consecuencia la pulverización de los mandos policiacos, la ausencia de protocolos de actuación y, en los casos en los que sí hay, se registra una heterogeneidad de dichos instrumentos dada las 1,800 policías municipales, las cuales representan el 32% de todas las fuerzas policiales del país. Asimismo, como ya la habíamos descrito en una pasada colaboración, existen alrededor de 600 municipios que por razones presupuestales o políticas, no cuenta con su servicio de seguridad pública. Otro dato relevante es que el 86% de las fuerzas municipales cuentan con menos de 100 elementos.
Además, debemos tomar en cuenta que la distribución de los elementos policiacos no se da de manera homogénea en los municipios y en los estados. Por lo que se registran cifras como el que las 20 corporaciones más grandes concentren el 25% del total de los elementos municipales. En contra sentido, el 10% de los policías municipales se encuentran distribuidos en 1,100 municipios en los que el promedio es de 12 elementos en cada uno. Esto es una dispersión notable de la capacidad de fuerza, de la capacidad de investigación y de la capacidad de capacitación de sus elementos.
Por lo que respecta al nivel educativo de la fuerza policial municipal, nos encontramos con que el 0.6% son analfabetas, el 3% no cuenta con la educación básica, el 11.9% tiene ese nivel educativo y el 52.0% cuenta con educación media. Estos datos son reveladores sobre la posibilidad de contar con elementos preparados y capacitados para afrontar esta tarea.
Finalmente y en lo relativo a la remuneración que perciben los elementos policiacos encontramos que cerca del 40% percibe un sueldo mensual inferior a $4,600.00 pesos y menos del 4% recibe un sueldo superior a los $12,000.00 pesos, lo que deja más que claro y evidente que es muy difícil contar con un grupo policial entregado y comprometido con la ciudadanía y con su empleo con estas percepciones.
A pesar de que la iniciativa propone 32 mandos únicos encabezados por los gobernadores que no son garantía de honestidad, efectividad y eficiencia en la materia, y que incluso suena más a un premio por el incremento que observarán en sus presupuestos, es mucho mejor que lo que actualmente contamos.
Insisto, ojalá que podamos llegar a una policía nacional como la colombiana, la francesa, la chilena, entre otras. Sobre todo, para evitar empoderar a los gobernadores que están dedicados a maximizar los beneficios de su puesto y a minimizar las obligaciones del mismo. Además, deberán quedar sujetos al escrutinio público para que el proceso de homologación en 32 cuerpos se lleve a cabo con la prontitud que amerita la situación de emergencia por el alza en los índices delictivos.
Todos los datos citados están contenidos en la propuesta de iniciativa de reforma constitucional a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la constitución general que presentó el ejecutivo al Senado el 2 de diciembre.
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Víctor Manuel Vallejo Cruz
