El pasado 24 de noviembre de 2014, durante el mensaje a la Nación “Por un México en paz con justicia y desarrollo” y como parte de diez medidas impulsadas por el Ejecutivo Federal en respuesta a lo ocurrido en Ayotzinapa Guerrero, el Presidente Peña Nieto encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que organizara foros de consulta para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones en materia de justicia cotidiana.

Al respecto, el Presidente justificó la relevancia de la medida explicando que la justicia no se agota con el ámbito penal, y que la justicia cotidiana (aquella que hace referencia a solucionar los problemas de “día a día” como divorcios, pago de salarios, cobro de deudas etc.) actualmente se encuentra olvidada y es “lenta, compleja y costosa”, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a la justicia con facilidad.

En este sentido, este 27 de abril, en un acto celebrado en el Museo Nacional de Antropología y al que asistieron autoridades, académicos, representantes de la sociedad civil, periodistas y personas interesadas, el CIDE entregó al Presidente el informe final producto de 15 foros en los que participaron hasta 425 expertos y se recabaron 485 testimonios así como 600 propuestas del tema. El documento identifica las problemáticas clave en la impartición de justicia cotidiana y propone 20 puntos en los que debe actuar tanto el Ejecutivo Federal como otros poderes o entidades:

Problemáticas clave:

  1. Asimetrías de información. En muchas ocasiones los actores (ciudadanos/autoridades) ni siquiera son capaces de identificarse como titulares de un “derecho” que les permitiría reclamar una situación específica en el conflicto.
  2. Capacidad de los agentes para resolver conflictos. No existe ningún mecanismo que regule el ejercicio de la práctica profesional, asegure la capacidad de los agentes, y mucho menos que permita determinar consecuencias por una práctica indebida o deficiente.
  3. Versatilidad y eficacia de los procedimientos. El diseño de los procedimientos resulta demasiado rígido y formalizado, por lo que son poco adaptables a las circunstancias específicas de ciertos conflictos.
  4. Capacidades institucionales. Las instituciones de justicia no cuentan con las capacidades institucionales para adaptarse a las nuevas reformas y diseños normativos.
  5. Diseño institucional. El diseño actual no garantiza imparcialidad, eficacia ni profesionalización.
  6. Mejora regulatoria. Mala calidad de la regulación nacional que genera innecesariamente altos costos de cumplimiento o simplemente normas de cumplimiento imposible que abren amplios espacios a la discrecionalidad, la impunidad y la corrupción.
  7. Atención a grupos vulnerables. La justicia actualmente no considera las circunstancias especiales que tienen los diferentes grupos vulnerables para evitar condiciones discriminatorias.

Soluciones propuestas:

  1. Estrategia para crear una cultura de derechos entre las y los mexicanos
  2. Desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria
  3. Para los ciudadanos: facilitar la solución de conflictos con las administraciones
  4. Para los ciudadanos: priorizar el sistema nacional de protección al consumidor en el que se amplíe el uso de tecnologías de información
  5. Para los emprendedores: acelerar la implementación de la oralidad en materia mercantil
  6. Para los emprendedores: crear el defensor de los emprendedores (Mipymes)
  7. Grupos vulnerables: medidas para trabajadoras domésticas
  8. Grupos vulnerables: medidas para migrantes
  9. Para los tribunales: crear un mecanismo de coordinación para impartidores de justicia y mejorar las condiciones de operación de la justicia local
  10. Medidas para reducir la marginación jurídica
  11. Ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias
  12. Para las escuelas: crear protocolos de actuación para las autoridades escolares
  13. Para las comunidades: crear mecanismos de “justicia de barandilla” y “justicia itinerante”
  14. Para las comunidades: modelo de policía de proximidad
  15. Instancia de diálogo
  16. Crear los “Centros de asistencia jurídica temprana”
  17. Responsabilidad profesional por prestación de servicios jurídicos
  18. Para los trabajadores: revisar la operación de las juntas de conciliación y arbitraje
  19. Para las familias: revisar el modelo de justicia familiar
  20. Dependencia o entidad encargada de coordinar los temas de justicia al interior de la Administración Pública Federal y en las entidades federativas

Descarga aquí el documento final con las conclusiones sobre #JusticiaCotidiana

A través del buen aprovechamiento de los datos y las historias, Proyecto Justicia es un proyecto editorial y de investigación que tiene como objetivo sentar las bases de la justicia abierta en México, así como contribuir al fortalecimiento de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.