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Opinión

Opinión en Proyecto Justicia.

La corrupción es un problema endémico en el país. La inconformidad ciudadana, avivada por las protestas recientes, tiene entre sus principales motores la exigencia de poner fin a la impunidad vinculada con los delitos de esta índole cometidos por funcionarios públicos.
Este 20 de noviembre, se espera una serie de movilizaciones sociales en diversas partes del país y del mundo, en las cuales la principal arenga es la exigencia de justicia en el marco de la crisis política emanada del caso Ayotzinapa.
Ya me cansé. La desafortunada frase del procurador Murillo Karam al finalizar su conferencia de prensa del pasado viernes 7 de noviembre, generó una tormenta en redes sociales y en algunos medios que fustigó al funcionario por varios días.
El resurgimiento de la inseguridad como tema fundamental en la agenda mediática nacional, el inicio de la temporada electoral rumbo a los comicios de junio de 2015, la paralítica situación económica, las movilizaciones sociales por el caso Ayotzinapa, la prevalencia del conflicto en Guerrero, han enrarecido el ambiente social y político en México.
El derecho a la información es un derecho humano reconocido en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y el derecho de acceso a la información un derecho fundamental regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [...]
Hoy en día por medio de la reforma en materia penal o de justicia que está por entrar en vigor en México, contamos con diversos puntos importantes que tenemos que analizar con detalle, no sólo se trata de enfocar la atención al nuevo sistema de justicia penal acusatorio que contempla los juicios orales como la antesala de la modernidad, mismo que se nos anuncia mediante los diversos medios de comunicación como una solución a la problemática de la aplicación de la justicia en México. Se trata mas que nada de analizar las estadísticas reales de los delitos graves y no graves que se comenten día con día en el territorio nacional, que quiero decir con esto, que lo que se vislumbra es que a nivel local o del fuero común los delitos no graves se manejarán con una tendencia estadística a la baja, toda vez que por medio de mecanismos alternativos de justicia se evitará que muchas personas lleguen a prisión, acto previo, se resolverán los problemas de las víctimas y de los imputados por medio de un acuerdo formal entre las partes.
Todos somos usuarios potenciales del sistema penal ya sea como víctimas, testigos o acusados; en este momento, en México, residir en una entidad federativa, en un municipio o en una capital puede ser la diferencia entre enfrentar un sistema penal oscuro, ineficiente y de corte autoritario o uno trasparente, público y con contrapesos institucionales que buscan revertir la inercia inquisitoria en la justicia penal.
El gobierno abierto es un conjunto de medidas que tienen como fin optimizar las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos a partir de la asimilación de compromisos entre ambas partes y donde las tecnologías de la información asumen un papel predominante como herramientas para su cumplimiento. A partir del gobierno abierto, se establecen canales de comunicaciones más eficientes, eficaces y colaborativos que permiten fomentar la participación ciudadana para tomar decisiones públicas a partir de las necesidades y preferencias de los usuarios, pues éstos se convierten en el centro de la gestión pública. Por tanto, el gobierno abierto no sólo se refiere a la disponibilidad de información púbica sino también a la interacción entre gobierno y ciudadanía, haciendo una apertura en términos de información y de interacción.[1]