Arriago, un fracaso insostenibleCarlos de la Rosa de CIDAC analiza el arraigo como una figura ineficiente que propicia abusos y violaciones a los derechos humanos, así como la existencia de un “régimen de excepción” en México que reduce los derechos de los imputados, encontrando su justificación en la necesidad de combatir el crimen organizado.

El 26 de marzo de 2015, en el Cine Tonalá, CIDAC presentó el proyecto periodístico “#ODISEA2016 – Historias de la transformación del sistema de justicia penal” realizado en siete entidades del país sobre temas fundamentales en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México. Los reportajes trataron sobre los problemas en la justicia alternativa, justicia para adolescentes, medidas alternas a la cárcel, defensores públicos, policías e investigación del delito.

Cualquiera de los más de trescientos episodios de la serie CSI concluye cuando la investigación de un crimen deriva en la aprehensión de los autores. Tras cuarenta y dos minutos, las evidencias científicas recabadas por un grupo de forenses y criminólogos convencen al espectador de que el expediente que se ha construido es confiable y que el detenido es el verdadero culpable. En este contexto, el espectador puede apagar el televisor y descansar con la certeza de que se ha hecho justicia. Los tiempos limitados de la televisión no permiten ver más, pero tampoco es necesario; el televidente sabe que la sanción inevitablemente llegará porque la investigación ha articulado una verdad irrefutable que coincide plenamente con la “realidad” imaginada por el guionista.

El 19 de marzo del presente año se llevó a cabo la audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia sobre el caso Tlatlaya. Esta reunión fue organizada por del Grupo de Trabajo especial de la Cámara de Diputados, el cual, en palabras de la diputada Elena Tapia, tiene la función de coadyuvar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos así como juntar la información disponible, ordenarla y analizarla con el fin de dar una opinión formal ante la Cámara.

El pleno del Senado de la República aprobó la designación de Arely Gómez González como nueva titular de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que el presidente Enrique Peña Nieto enviara la propuesta para sustituir a Jesús Murillo Karam al frente de dicha dependencia. Gómez está perfilada así como candidata a ser la primera titular de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que va a sustituir a la PGR de acuerdo con la reforma política electoral de febrero de 2014. ¿Qué significará este cambio, tanto en términos de diseño institucional, como en operación política?

En el marco de la conmemoración del centésimo segundo aniversario de la Marcha de la Lealtad (cuando, en los albores de la Decena Trágica de 1913, el presidente Francisco I. Madero fue escoltado por el ejército en una muestra de fidelidad ante el golpe de Estado que se estaba gestando en su contra), el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos salió al paso de diversas críticas a las fuerzas armadas por supuestas violaciones a derechos humanos en su participación en el combate a la delincuencia organizada.