A partir de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014 la procuración y administración de justicia en México cuenta finalmente con un marco normativo único que regirá a todas las entidades y la Federación. En este contexto, Proyecto Justicia busca esquematizar, de forma amigable y sencilla, el proceso penal como lo establece el Código Nacional, con la intención de que el conocimiento de las etapas y flujos del proceso no sea solo una cuestión de abogados.

La Escuela Libre de Derecho y la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso convocan a operadores del sistema de justicia penal, miembros de la sociedad civil, académicos, Diputados, Senadores, funcionarios de las diversas Procuradurías o Fiscalías de Justicia del país, de las Defensorías Públicas y de los Poderes Judiciales de la Federación y de los Estados a las “Mesas de Discusión sobre las propuestas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Ministerio Público”, que están en proceso de aprobación en el Congreso.

El 18 de junio de 2008, se promulgaron una serie de reformas constitucionales con el objetivo de que se establezca en México un nuevo sistema de justicia penal (NSJP) basado en el modelo acusatorio (juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversias, el fortalecimiento de la presunción de inocencia y la reparación del daño como pilares de la procuración de justicia, entre otras cuestiones).

La Ley de Amnistía para las Autodefensas de Michoacán se encuentra entre todo el paquete de reformas cuya aprobación en el Congreso de la Unión fue postergada para el siguiente periodo ordinario. Dicha legislación, impulsada por el PRD, PT y una fracción del PAN, tiene como objetivo la liberación de casi 400 miembros de los grupos de autodefensas recluidos en prisión, incluido el emblemático líder preso en Sonora, José Manuel Mireles.

El pasado 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un paquete de modificaciones de carácter constitucional en materia política electoral que estableció, entre otras relevantes modificaciones, un nuevo arreglo institucional en el ámbito de la procuración de la justicia y lo concerniente a la representación jurídica de la Federación.