En junio de 2008 se aprobó la reforma penal para tener un sistema de justicia más abierto, donde los juicios sean públicos y orales, donde ambas partes estén en igualdad de condiciones para confrontar las pruebas, y en el que se atiendan grandes pendientes como cárceles, capacidades de investigación, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Estos son los videos de Proyecto Justicia y CIDAC sobre el tema.

El 19 de marzo del presente año se llevó a cabo la audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia sobre el caso Tlatlaya. Esta reunión fue organizada por del Grupo de Trabajo especial de la Cámara de Diputados, el cual, en palabras de la diputada Elena Tapia, tiene la función de coadyuvar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos así como juntar la información disponible, ordenarla y analizarla con el fin de dar una opinión formal ante la Cámara.

El 18 de junio de 2008, se promulgaron una serie de reformas constitucionales con el objetivo de que se establezca en México un nuevo sistema de justicia penal (NSJP) basado en el modelo acusatorio (juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversias, el fortalecimiento de la presunción de inocencia y la reparación del daño como pilares de la procuración de justicia, entre otras cuestiones).

El pasado 21 de agosto de 2014, la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, en conferencia de prensa, dio a conocer las actividades realizadas por los organismos de procuración de justicia de todas las entidades federativas y, por supuesto, de la federal para brindar atención a uno de los aspectos que más lesiona al tejido social, me refiero a la incidencia delictiva y, en particular, a lo relativo a las personas no localizadas.

La Ley de Amnistía para las Autodefensas de Michoacán se encuentra entre todo el paquete de reformas cuya aprobación en el Congreso de la Unión fue postergada para el siguiente periodo ordinario. Dicha legislación, impulsada por el PRD, PT y una fracción del PAN, tiene como objetivo la liberación de casi 400 miembros de los grupos de autodefensas recluidos en prisión, incluido el emblemático líder preso en Sonora, José Manuel Mireles.

El pasado 11 de mayo, más de 2 mil personas salieron a las calles de Tampico para exigir al gobierno la pacificación de la entidad. Bajo la consigna “¡Queremos paz!” los ciudadanos del estado demandaron la atención del gobierno federal. La demanda se encuentra totalmente justificada; a pesar de que la situación michoacana ha acaparado la atención de los medios, en Tamaulipas los índices delictivos se han incrementado de forma considerable sin que la autoridad local muestre capacidad para hacer frente al desafío.