El estancamiento y la impunidad amenazan al nuevo sistema de justicia

El estancamiento y la impunidad amenazan al nuevo sistema de justicia

El sistema penal acusatorio cumplió dos años de operación obligatoria en todo el país, bajo la promesa de cambiar significativamente el modelo de justicia mexicano. Sin embargo, sus procedimientos, son tan controvertidos como hace 10 años cuando se aprobó la reforma penal, con datos y opiniones contrastantes que llevan a la misma conclusión: la operación  adecuada está estancada.

La efectividad del sistema ha sido cuestionada por organizaciones civiles e incluso por algunos políticos. En 2017 la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) -entonces presidida por Miguel Ángel Mancera- planteó la posibilidad de realizar una contra reforma para perfeccionar el sistema penal acusatorio, conocido en mayor parte por transformar los juicios escritos a un sistema público y oral,  pero para los especialistas esto implicaría graves retrocesos.  

El proceso de transformación está inconcluso y su consolidación plantea desafíos que implica corregir los rezagos, dijo María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, durante una rueda de prensa realizada este lunes junto con otras organizaciones civiles.

“No es un problema de las normas sino de criterios de operación, de supervisión y evaluación que se están dando dentro de las instituciones, principalmente a nivel de las procuradurías o fiscalías y al nivel de las policías como primer respondiente”, explicó Novoa.

Estas declaraciones se sustentan con los resultados de un análisis hecho por la organización World Justice Project, el cual advierte que en el nuevo sistema no se refleja ninguna mejora sustancial en cuanto al trabajo de policías y fiscalías.

El estudio señala que a nivel nacional se registran pocos avances en la reducción del maltrato físico a detenidos durante el momento del arresto, según los resultados de la Encuesta Nacional de Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad practicada por INEGI y retomada por el World Justice Project.

Las agresiones físicas al momento de la detención solo se han reducido cuatro por ciento, desde el inicio del nuevo sistema.

Bajo el anterior sistema, el 63 por ciento de las personas encuestadas por INEGI reportaron que fueron agredidos físicamente en este momento, mientras que en el nuevo sistema el 59 por ciento dijo ser objeto de maltrato durante su detención.

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Foto y edición digital: Alina Macías.

Las policías y los Ministerios Públicos son eslabones claves en el sistema de justicia, como ha documentado México Evalúa, pero las instituciones no se han transformado en sus estructuras, procesos y formas de trabajo y de esta manera se sigue operando bajo los antiguos vicios.

Tenemos instituciones rezagadas, y que tenemos que ir a un cambio estructural en las instituciones para que empiecen a operar bajo la perspectiva del sistema penal, dijo María Novoa. Un ejemplo de ello, señaló, que los ministerios públicos todavía continúan ejecutando los actos de investigación, es decir, estamos operando de la misma forma que operaba el sistema anterior.

Otro ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la detención de una persona no debe exceder las 48 horas sin que la persona sea presentada ante un juez. Sin embargo, más del 40 por ciento de los detenidos fue retenido por un tiempo mayor a ese plazo antes de ser entregado al juez, según los resultados de la Encuesta Nacional de Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de INEGI.

Del total de delitos ocurridos, el 93.6 por ciento no son denunciados. Las procuradurías y/o fiscalías están acumulando grandes cantidades de casos rezagados (alrededor del 50 por ciento), los poderes judiciales tienen importantes problemas en la administración y conducción de las audiencias y las policías se encuentran en un estado crítico de capacidad institucional.

Estos índices se traducen en un mayor nivel de impunidad, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación de Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la sociedad tiene un sentimiento de mayor impunidad debido a que el sistema acusatorio no fue debidamente explicado.

Una asignatura pendiente, dijo, es todo lo relacionado al papel de las víctimas frente a la justicia. Sin embargo, el problema de impunidad y corrupción no se resolverá mediante un sistema procesal penal.

Evitar el “populismo penal”

A lo largo de las campañas electorales, los candidatos a la presidencia, sin distinción de partido, han propuesto diversas medidas para terminar con el problema de seguridad. Sin embargo, ninguno -hasta el momento- ha formulado una medida estructural en cuanto al sistema de justicia penal.

El Partido Verde, que va en coalición con el Revolucionario Institucional con José Antonio Meade ha propuesto la pena de muerte como medida para disminuir el secuestro; otra medida contra la inseguridad fue el de “mochar las manos” a los criminales, como propuso el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón.

El candidato por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, por su parte, ha sostenido que México necesita la paz “producto de la justicia y no de la impunidad” y para ello ha dicho en diversas ocasiones que en caso de ser presidente llevará ante la justicia a Enrique Peña Nieto por corrupción.

Una de las propuestas más controvertidas, fue emitida por Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, quien dijo que daría amnistía a criminales. Todas estas promesas y propuestas de sanciones ejemplares son conocidas como populismo penal.

Aunque esta medida no está dentro del rango de populismo punitivo, López Obrador, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el sistema de justicia acusatorio durante toda su campaña.

Desde la perspectiva de María Novoa, las institucionales deben dar mensajes claros que dejen atrás el populismo penal y apuesten por una justicia estricta de apego a los derechos humanos.

Los altos índices delictivos, para algunos políticos como el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha sido consecuencia del sistema penal acusatorio, quien hace algunos meses, responsabilizó al sistema de la liberación de hasta 11,000 presos.

Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León y Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación de Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Foto y edición digital: Alina Macías.

En este sentido, Ernesto Canales, fiscal anticorrupción de Nuevo León, dijo que la reforma penal fue un primer paso, pues faltan cambios sustantivos como ampliar las facultades del Ministerio Público para investigar delitos.

“No es culpa de los juicios orales que haya más culpables libres, es que los jueces no los están mandando a la cárcel porque no asumen esta nueva responsabilidad”, afirmó.

Contra reforma, un paso hacia atrás

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) anunció en 2017 que presentaría un documento ante los tres poderes que conforman el gobierno mexicano que implicaría una contra reforma al sistema penal acusatorio, bajo el argumento de formar un marco jurídico que subsanara los errores de la actual reforma.

Aunque hasta el momento no se conoce si se presentó el documento y qué incluye, pero a partir de las declaraciones, las organizaciones civiles formaron el movimiento #JusticiaSinPretextos para pedir que no se dé marcha atrás a un proceso de democratización de la justicia en México.

El colectivo denuncia que el discurso gubernamental que afirma que dejar libres a “delincuentes” es un peligro para la seguridad pública y las víctimas, es sumamente preocupante. Afirman que el nuevo sistema creó mecanismos que garantizan la presunción de inocencia permitiendo llevar un proceso en libertad, disminuyendo el uso de la prisión preventiva y siempre con condiciones que aseguren la protección de la víctima.

Pero una contra reforma implicaría “reincorporar viejas prácticas que solapan la ineficiencia de las autoridades frente a un sistema con mayores estándares de investigación, protección y rendición de cuentas”.

Quienes buscan volver al sistema antiguo asumen que hay una relación entre niveles de criminalidad y los nuevos métodos de tomar decisiones judiciales. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre que existe una relación entre niveles de criminalidad y un nuevo sistema procesal penal, cuyos principales logros son erradicar el ausentimo judicial y elevar la calidad y publicidad de las decisiones tomadas en procesos penales, advierte el el World Justice Project.

“Dado que algunos de los promotores de la contra reforma podrían llegar al Congreso, es probable que este tema tenga un espacio en la discusión legislativa en el futuro próximo”, señala.

Al respecto, María Novoa señaló que no se deben realizar más reformas sin diagnóstico previo. “Necesitamos evaluar, debemos dejar de tomar decisiones basados en anécdotas, percepciones o casos aislados”.

Según la coordinadora de Justicia de México Evalúa, el sistema penal actual está operando basado en casos de delitos menores, no graves, particularmente a nivel federal.

En este sentido “un porcentaje elevado de lo que se está procesando es portación de armas, narcomenudeo o robo de hidrocarburos, pero no se están investigando los fenómenos criminales que son de mayor complejidad”.

“Necesitamos instancias de coordinación del sector, a nivel estatal y federal no hemos logrado articular seguridad y justicia”, señaló.

Al respecto, recomendó una revisión diaria de la operación del sistema de justicia, para que ello se traduzca en procesos de evaluación continua.

Hasta el momento, dijo, no existen criterios para el registro de información, “esto representa un grave problema para cualquier proceso de evaluación”. Además, según la especialista, es necesario crear sistemas informáticos interconectados donde se pueda acceder a bases de datos compartidos.

“Debemos hacer una evaluación integral de la operación del sistema penal acusatorio y basados en ese insumo tomar decisiones de políticas que nos permita ir a la mejora y a la consolidación”, añadió.

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