Arriago, un fracaso insostenible
Carlos de la Rosa de CIDAC analiza el arraigo como una figura ineficiente que propicia abusos y violaciones a los derechos humanos, así como la existencia de un “régimen de excepción” en México que reduce los derechos de los imputados, encontrando su justificación en la necesidad de combatir el crimen organizado.

Sin embargo, las ineficientes y preocupantes cifras del arraigo (solo el 3% de los arraigos ejecutados termina en una acción penal, asimismo entre 2007 y 2014 la CNDH expedientó más de 807 quejas sobre el uso del arraigo) hace pensar al autor que la verdadera justificación del régimen de excepción mexicano no es la existencia de organizaciones criminales para las cuales el derecho penal “ordinario” resulta insuficiente, sino la necesidad de encubrir las deficiencias institucionales y generalizadas en la investigación y procuración de justicia en el país.

Es el turno del Senado
Ximena Antillón de FUNDAR, escribe sobre la propuesta ciudadana que presentaron víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el Senado de la Republica para impulsar una reforma constitucional en materia de derechos humanos que asegure la prevención y sanción de la desaparición de personas.
La propuesta se encuentra respaldada por más de 120 organizaciones de la sociedad civil, entre éstas decenas de organizaciones de familiares de personas desaparecidas y concretamente plantea tres objetivos principales: que se reconozca a nivel constitucional el derecho humano a no ser desaparecido incluso en caso de suspensión de garantías (Art. 19 y 29) y facultar al Legislativo Federal a legislar en materias enfocadas a la garantía de los derechos humanos reconocidos en el artículo 1 constitucional (Art. 73).

Jefes policiacos reprueban, pero siguen operando
Un total de 156 de 703 altos funcionarios de los 31 Estados del país y del Distrito Federal que han sido sometidos a los exámenes de control y de confianza han reprobado las evaluaciones. Así comienza el texto de Zorayda Gallegos y Silber Meza para El Universal, que expone con nombre y apellido cómo diversos procuradores, subprocuradores, fiscales, directores de policías, entre otros, continúan trabajando (o continuaron) a pesar de reprobar los exámenes de control y de confianza.

El amparo Aristegui vs MVS
José Roldán Xopa escribe un breve análisis sobre la admisión del amparo de Carmen Aristegui contra MVS y la suspensión provisional que otorgó el Juez Silva. El artículo repasa las consideraciones del Juez y explica las implicaciones a corto plazo y la importancia de la futura resolución final que podría afectar a concesionarios de radio y televisión, acotando el poder empresarial.
Dentro del análisis, el autor coincide con el Juez en señalar que el problema entre MVS y Carmen Aristegui no es simple y llanamente un asunto entre particulares, primero por admitir la semejanza a autoridad que adquiere MVS por ser concesionario, y por otro lado, como por realizar actividades que se desenvuelven alrededor de un bien y de un servicio público, MVS está obligado a desempeñar funciones sujetas a un régimen especial de derecho administrativo y “cumplir con los fines constitucionales para los cuales han sido habilitados”, en este caso, garantizar el cumplimiento de la libertad de expresión.