Desde el mes pasado se han incrementado las denuncias por parte de diversos actores públicos cuestionando la eficacia del nuevo sistema de justicia penal. Carlos Mejía López, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California expresó que veía una falta crítica en la capacitación e infraestructura que estaban causando una impunidad cerca del 50% en Mexicali. “Los delincuentes están más contentos” expresó Mejía López, haciendo eco de las preocupaciones de la ciudadanía sobre la implementación del nuevo sistema en Mexicali, y que se espera que entre en vigor en Tijuana el próximo año. Agregó además, que no solo es falta de capacitación a las autoridades sino también a los abogados litigantes y que no veía con buenos ojos la implementación en Tijuana por las mismas razones.

En medio de la controversia de la Ley Mordaza en Sinaloa, los medios en Monterrey, Nuevo León han hecho eco de las palabras del presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, Francisco Cienfuegos, quien confirmó que las autoridades impedirán que se tomen fotografías o videos de las escenas de crimen. Los medios han entendido esta medida como un impedimento a la cobertura mediática de los delitos “incluidos en el catálogo del nuevo sistema penal acusatorio”.

Como parte del contenido no electoral de las recientes adiciones y modificaciones hechas por el Congreso de la Unión en materia política, destaca la creación de la Fiscalía General de la República (FGR). Si la minuta del Senado prevalece tal cual pasó a San Lázaro, en 2018 la FGR sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR) y se convertirá en un órgano autónomo que contará con, al menos, las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción. ¿Qué significará este cambio, tanto en términos de diseño institucional, como en operación política?