Mientras que en otros países puede existir diferencia administrativa entre un defensor público y de oficio, en México a partir de la adopción del sistema acusatorio, se ha dejado atrás la definición del defensor de oficio por la del defensor público para denominar al abogado defensor (que deber ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional) que el Estado proporciona al imputado, cuando éste no puede nombrar un defensor privado por sus propios medios.