La impunidad es un reflejo de la ineficacia del sistema de justicia penal para procurar e impartir justicia. Las autoridades federales y estatales no han logrado resolver los pocos delitos que se denuncian, según las conclusiones más recientes del reporte Hallazgos 2017, elaborado por México Evalúa.
México se caracteriza por una cifra negra altísima: más de 93 de cada 100 delitos cometidos no son denunciados ni investigados por las autoridades. Además, los casos que sí son denunciados tienen una proporción mínima de resolverse.
En promedio, a nivel nacional, del total de los delitos que sí fueron investigados, 87.3 por ciento no lograron resolverse. “Las autoridades no han realizado una medición que analice con un lente más exigente la justicia que esperan los ciudadanos”, se lee en el estudio.
Del cálculo realizado por el centro de análisis, 17 entidades presentan niveles de impunidad superiores al promedio nacional.
En los estados que resultaron con menores niveles de impunidad el índice es cercano a 60 por ciento. “Existe una tendencia generalizada a no resolver ni solucionar los delitos que se conocen, a pesar de que solo una pequeña parte de los delitos ocurridos llegan al conocimiento de las autoridades”, apunta el informe.
Los estados que presentan los niveles más altos de impunidad en el sistema acusatorio para dar respuesta a los conflictos penales son Jalisco (99.3 por ciento), Tlaxcala (99.1 por ciento), Yucatán (98.9 por ciento) y Nuevo León (97.3 por ciento).
En cambio, Querétaro (72.2 por ciento), Baja California (76.4 por ciento) y Coahuila (76.6 por ciento), son los estados con “menor” grado de impunidad, según el cálculo integral del total de los casos que fueron conocidos y procesados por las instancias de justicia.
El reporte Hallazgos 2017 permite dimensionar la proporción de casos que llegan a juicio y que reciben sentencia. Por otra parte, evalúa la medida en que se emplean otras formas que ofrece el sistema para resolver los conflictos o reparar los daños de los delitos.
En este sentido, la impunidad es comprendida como el porcentaje de asuntos en los que el conflicto no se resolvió por ningún medio, ni derivó en alguna sanción o reparación.
De esta forma, México Evalúa contrastó los avances institucionales que presentan las entidades en cuanto a la implementación del sistema acusatorio contra su efectividad (o no impunidad).
Al respecto, identificó que ante un mayor nivel de avance en las condiciones para el funcionamiento del sistema acusatorio éste tiende a ofrecer mayor justicia y, por tanto, un menor nivel de impunidad.
Sin embargo, existen casos como Nuevo León, Yucatán, Tabasco y Zacatecas en los que, a pesar de sus avances institucionales para consolidar el sistema de justicia, se observan resultados poco efectivos y de alta impunidad, lo que podría explicarse debido a malas prácticas y una operación deficiente, señala el informe.
Respecto a delitos federales que son perseguidos y procesados por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial Federal (PJF), la impunidad nacional asciende a un nivel similar al de los delitos del fuero común, al 61.2 por ciento para el periodo de vigencia del sistema acusatorio.
Otro tipo de alternativas
El modelo acusatorio contempla una serie de salidas alternas y de soluciones anticipadas sin necesidad de que todos los casos lleguen a juicio oral, a fin de ofrecer a las víctimas e imputados la posibilidad de que los procesos sean más cortos, lo que además contribuye a reducir costos.
Estas salidas pueden tomar lugar en las procuradurías o fiscalías o bien, cuando los casos han llegado al poder judicial.
Este indicador permite considerar la justicia desde una óptica distinta a la del castigo, al abandonar la medición de la impunidad directa hecha solo a través de sentencias condenatorias, ya que contempla el resto de las salidas alternas o anticipadas posibles.
En cuanto al promedio nacional de uso de salidas alternas y anticipadas, la más utilizada en sede ministerial es el no ejercicio de la acción penal (74.1 por ciento), seguida del archivo temporal (53.3 por ciento),criterio de oportunidad (15.7 por ciento), mientras que en sede judicial la más usada es el procedimiento abreviado (5.2 por ciento), seguido de la suspensión condicional a proceso (2.2 por ciento), el acuerdo reparatorio (2.1 por ciento), el perdón del ofendido (0.62 por ciento) y por último las sentencias condenatorias (0.2 por ciento).
En sede ministerial la determinación más frecuente en relación a las salidas alternas y aceptadas fue el no ejercicio de acción penal (NEAP).
Los estados que más usaron esta determinación respecto del total de salidas alternas empleadas fueron Guanajuato (95.8 por ciento), Coahuila (95.3 por ciento), Querétaro (94.5 por ciento) y Baja California (62 por ciento). Mientras que el uso de criterios de oportunidad se observó alto solo en Baja California (27.4 por ciento).
El NEAP permite que las investigaciones sean canalizadas y resueltas en mecanismos alternativos de solución de conflictos: el porcentaje total en que se empleó esta figura (74.1 por ciento) no es posible identificar la proporción que refiere al uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) respecto de otros supuestos.
En suma si bien el promedio nacional de impunidad se sitúa alrededor del 60 por ciento con la mitad de las entidades presentando niveles superiores, incluso cercanos al 100 por ciento; no es posible asumir que aquellas entidades que presentan un relativo mejor desempeño efectivamente logren un mayor acceso a la justicia.
Esto es un panorama, según México Evalúa, preocupante en términos de incentivos para la ciudadanía, respecto a su baja confianza en las instituciones y disposición a denunciar.
Hasta que esta ausencia de confianza en las instituciones de justicia no se modifique, será difícil revertir el amplio margen de impunidad, punta el informe.
