La diversidad cultural de México también caracteriza a sus sistemas jurídicos. En el ensayo “Derechos Indígenas en el Sistema Penal: Caso Oaxaca”, Violeta Hernández y Gerardo Martínez sostienen que existen pendientes en la implementación de los derechos humanos reconocidos a las personas, pueblos y comunidades indígenas. Afirman que el gran reto para el sistema de justicia mexicano es dejar de concebir la diversidad como un “problema lingüístico” y garantizar plenamente los derechos de las comunidades indígenas.
El reto no es menor en Oaxaca, entidad que ocupa el primer lugar a nivel nacional en diversidad cultural y lingüística. La convivencia de 15 pueblos indígenas y el pueblo negro afromexicano en Oaxaca deriva en un aproximado de 176 variantes lingüísticas.
En este contexto, es obligatorio que los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) tengan conciencia de los derechos que estas comunidades tienen para luego hacerlos efectivos y resolver retos básicos como garantizar los servicios de intérpretes, la adecuada defensa o la debida capacitación de quienes están encargados de la impartición de justicia.
Gerardo Martínez asegura que en Oaxaca hay un claro rezago en materia de justicia, pues el hecho de que hasta ahora el Nuevo Sistema de Justicia no haya respondido conforme a lo planteado, ha ocasionado que las comunidades se nieguen a recibir la atención de fiscales u otros funcionarios para tomar las decisiones de justicia ellos mismos.
El principal problema en el estado de Oaxaca es la ausencia del proceso de consulta y participación en el diseño del sistema de justicia penal acusatorio, es decir, el acceso a la justicia para personas, pueblos y comunidades indígenas requiere, entre otras cosas, de una transformación estructural de las instituciones mexicanas.
La consulta en todos los asuntos que puedan afectar a los grupos indígenas representa una forma de participación que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala como fundamental para el disfrute pleno de los derechos humanos.
“En Oaxaca hay impunidad, rezago en la justicia y una enorme falta de mecanismos para hacer visibles los derechos que tienen las comunidades indígenas”, dijo Martínez.
Para el académico, más que una cuestión de reformas a la ley, la solución se trata de una cuestión de voluntad política que implique una intención de recibir la capacitación necesaria para atender a estos grupos vulnerables, así como la disposición de modificar cuestiones presupuestarias para asignar rubros a este tipo de atención especializada.
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