La desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el descubrimiento de las nueve fosas y los restos humanos encontrados despertaron a una sociedad que tras años de violencia desmedida se ha vuelto inmune al asombro y al escándalo ante crímenes que suceden a diario.
La magnitud de lo ocurrido en el estado de Guerrero ha encendido las alarmas de la sociedad civil y, quisiéramos suponer, que las del Estado mexicano también.
Ya que de confirmarse la participación de los miembros de la policía municipal, bajo el mando de una autoridad local y estatal- pues recordemos que Iguala firmó un acuerdo de mando único con el gobierno de Guerrero en mayo- el Estado mexicano estaría frente a uno de los casos más severos de violación de derechos humanos, específicamente de desaparición forzada. Lo cual exige a las autoridades la necesidad de reconocer la magnitud de la crisis de seguridad y de derechos humanos del país y aceptar que el discurso no elimina los niveles de violencia e impunidad.
La tragedia de Ayotzinapa reventó la burbuja del discurso presidencial que promocionaba a México como un país de vanguardia y en movimiento mientras excluía el tema de seguridad de la agenda pública con esperanzas de que si no se hablaba de la violencia, el crimen y las violaciones a los derechos humanos solitas se esfumarían. La desatención de las autoridades ante la crisis de desapariciones forzadas ha sido recurrente desde el inicio de la crisis de seguridad. A pesar de que al inicio de 2013, el presidente Peña Nieto reconoció la seriedad del problema, el seguimiento y la atención al mismo ha sido eclipsado por retrasos injustificados, declaraciones contradictorias y una gran falta de atención. En febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación presentó una lista con más de 26 mil presuntos desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón que se tenía que depurar y contaba con serias fallas metodológicas pues incluía en un mismo archivo a persona extraviadas y personas desaparecidas. Para mayo de 2014, el secretario de gobernación, Osorio Chong, anunció que el número de desaparecidos durante la administración de Peña Nieto era de aproximadamente 8,000 individuos. En junio, Osorio anunció que el paradero de 16,000 individuos era desconocido, y para agosto la cifra de “gente no encontrada” era más de 22,000. La verdadera tragedia de estas inconsistencias es que no son simples números sino personas y las variaciones son de miles. Lejos de simplificar el problema, estas declaraciones han suscitado más preguntas que respuestas. ¿Cuántos son? ¿Cuándo y por qué desaparecieron? ¿A cuántos han encontrado? ¿Quiénes fueron responsables de su desaparición?
El compromiso institucional por atender la crisis de los desaparecidos no es para nada alentador especialmente si consideramos los retrasos en las legislaciones estatales en la materia. De los 32 estados, únicamente los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí penalizan la desaparición forzada. El resto de los estados no incluyen este delito en su Código Penal. Por otro lado, el ejecutivo federal propuso un recorte de más del 60% del presupuesto de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas para el 2015. La unidad creada en junio de 2013 contó con un presupuesto de aproximadamente 40 millones para 2014 y, en cambio, para 2015 la unidad contaría con solo 14 millones, aproximadamente. Es decir, la dependencia enfrentaría un recorte de más de 25 millones de pesos. Las organizaciones como Human Rights Watch y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias han resaltado que el gobierno mexicano no ha dado resultados concretos en la sanción de este delito. Tan es así que ninguna persona ha sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006. A pesar de que las autoridades iniciaron 99 averiguaciones previas a nivel federal y 192 a nivel estatal por presuntos delitos de desaparición forzada, solamente seis personas fueron condenadas por la desaparición de víctimas de crímenes que tuvieron lugar antes del 2006. La serie de desatenciones por parte de las instituciones mexicanas demuestran como la crisis de las desapariciones no es una prioridad para el gobierno y en la cual en lugar de justicia prevalece la impunidad.
La reacción ante lo acontecido en Iguala ha transitado por acusaciones políticas o repartición de culpas entre los distintos niveles de gobierno, sin embargo, la desaparición forzada se trata de un crimen que trasciende banderas políticas, división de poderes o periodos gubernamentales ya que es un crimen que no proscribe y en donde, al igual que la violación de otros derechos humanos, el responsable es el Estado. Así lo entiende el derecho y la justicia internacional. Una de las sentencias más importantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano es la sentencia condenatoria del caso Radilla de 2009. A través de esta decisión la Corte Interamericana señaló al Ejército mexicano como responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974 en el estado de Guerrero. Las implicaciones de la condena son trascendentales para la justicia nacional principalmente porque demostró la falta de metodologías claras y eficaces en las investigaciones de estos delitos y porque dejó claro como a pesar de que este delito tuvo lugar en la época de la Guerra Sucia de los años sesenta y setenta en México este no está sujeto a prescripción. De tal manera que el drama del “caso Ayotzinapa” y el resto de los miles de desaparecidos en nuestro país no es un problema que se resuelve con mirar hacia el otro lado, cubrirlo con una retórica que propicie que la gente se olvide de ellos o repartir la culpa entre partidos políticos. Es un caso que de no encontrar respuestas ahora puede perseguir al Estado mexicano y, en particular a esta administración por años como lo fue la tragedia del movimiento estudiantil de 1968. La realidad y la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos exige la atención del Estado que pueda responder las incógnitas del paradero y destino de los miles de desaparecidos que reclaman justicia.
